Reforma Judicial: El plan para acabar con el amiguismo y priorizar el mérito en tribunales
En conversación con Paislobo Prensa, Sebastián Soto, investigador del CEP y profesor de Derecho de la UC, analizó en profundidad los desafíos del actual sistema de nombramiento de jueces. A raíz de la crisis de confianza y casos recientes, el experto detalló la propuesta que busca priorizar el mérito, limitar la discrecionalidad política y evitar la captura corporativa mediante un nuevo Consejo de Nombramientos.
Durante una entrevista realizada por Rocío Gambra, el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Soto, abordó la urgencia de una reforma judicial en Chile. El académico explicó que, tras publicar dos puntos de referencia junto a Trinidad Pacareu, el diagnóstico es claro: existe una percepción de opacidad en el sistema. Según Soto, el problema no es solo el "amiguismo", sino la sensación instalada de que "el mérito no es relevante para ascender" dentro del Poder Judicial.
Si bien Soto destacó que, en comparación internacional, los jueces chilenos son mayoritariamente "independientes" y "probos", enfatizó que el mecanismo actual de ascensos y designaciones requiere modernización. Actualmente, el sistema confía en la evaluación que hacen los superiores jerárquicos sobre sus inferiores, lo que sumado a la intervención del Ejecutivo, no siempre maximiza la elección de los mejores candidatos.
El nuevo Consejo de Nombramientos
El proyecto de ley que se discute en el Congreso propone reemplazar la elaboración de ternas y quinas por parte de las Cortes por un Consejo de Nombramientos. A diferencia de los antiguos Consejos de la Magistratura de los años 90, este nuevo órgano no concentraría todo el poder (disciplinario y administrativo), sino que se enfocaría exclusivamente en evaluar méritos.
Soto detalló las características claves que, a juicio del CEP, debiera tener este organismo para evitar la captura política o corporativa:
Críticas al rol del CRUCH y estado del proyecto
Uno de los puntos de discrepancia mencionados por Sebastián Soto respecto al proyecto actual es la inclusión del Consejo de Rectores (CRUCH) en la designación de miembros del consejo. El investigador fue enfático al señalar: "El CRUCH no es una institución que, al menos, a ojos de la opinión pública, tenga una gran legitimidad", describiéndolo más como un grupo de interés enfocado en el financiamiento que en el mérito institucional. Sugirió que opciones como los decanos de facultades de derecho o la Alta Dirección Pública serían alternativas más idóneas.
Respecto al avance legislativo, Soto ilustró que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada: "En una carrera de cien metros planos yo diría que este proyecto está en los sesenta, setenta metros". Aunque es probable que la discusión finalice durante el próximo gobierno, existe un consenso transversal sobre la necesidad de perfeccionar el sistema.
Para finalizar, el académico reflexionó sobre la naturaleza del mérito judicial, indicando que este es "difuso, ambiguo y flexible", y que la participación de autoridades políticas electas democráticamente en la designación final no es negativa per se, ya que permite asegurar una pluralidad de visiones dentro de los tribunales.
Fuente: Paislobo Prensa / Rocío Gambra
Durante una entrevista realizada por Rocío Gambra, el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Soto, abordó la urgencia de una reforma judicial en Chile. El académico explicó que, tras publicar dos puntos de referencia junto a Trinidad Pacareu, el diagnóstico es claro: existe una percepción de opacidad en el sistema. Según Soto, el problema no es solo el "amiguismo", sino la sensación instalada de que "el mérito no es relevante para ascender" dentro del Poder Judicial.
Si bien Soto destacó que, en comparación internacional, los jueces chilenos son mayoritariamente "independientes" y "probos", enfatizó que el mecanismo actual de ascensos y designaciones requiere modernización. Actualmente, el sistema confía en la evaluación que hacen los superiores jerárquicos sobre sus inferiores, lo que sumado a la intervención del Ejecutivo, no siempre maximiza la elección de los mejores candidatos.
El nuevo Consejo de Nombramientos
El proyecto de ley que se discute en el Congreso propone reemplazar la elaboración de ternas y quinas por parte de las Cortes por un Consejo de Nombramientos. A diferencia de los antiguos Consejos de la Magistratura de los años 90, este nuevo órgano no concentraría todo el poder (disciplinario y administrativo), sino que se enfocaría exclusivamente en evaluar méritos.
Soto detalló las características claves que, a juicio del CEP, debiera tener este organismo para evitar la captura política o corporativa:
- Contrapesos Interpoderes: Que ninguna autoridad designe por sí sola a todos los jueces.
- Composición Mixta: Debe haber una mayoría de jueces, pero también integrantes externos para evitar la endogamia.
- Elección por Sorteo: Los jueces que integren el consejo deberían ser elegidos por azar y no por votación, para evitar "trasladar al interior del Poder Judicial las lógicas de campaña".
- División de Funciones: El Consejo evalúa y propone, pero en casos de alta jerarquía (como la Corte Suprema), se mantienen controles como la participación del Presidente y el Senado.
Críticas al rol del CRUCH y estado del proyecto
Uno de los puntos de discrepancia mencionados por Sebastián Soto respecto al proyecto actual es la inclusión del Consejo de Rectores (CRUCH) en la designación de miembros del consejo. El investigador fue enfático al señalar: "El CRUCH no es una institución que, al menos, a ojos de la opinión pública, tenga una gran legitimidad", describiéndolo más como un grupo de interés enfocado en el financiamiento que en el mérito institucional. Sugirió que opciones como los decanos de facultades de derecho o la Alta Dirección Pública serían alternativas más idóneas.
Respecto al avance legislativo, Soto ilustró que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada: "En una carrera de cien metros planos yo diría que este proyecto está en los sesenta, setenta metros". Aunque es probable que la discusión finalice durante el próximo gobierno, existe un consenso transversal sobre la necesidad de perfeccionar el sistema.
Para finalizar, el académico reflexionó sobre la naturaleza del mérito judicial, indicando que este es "difuso, ambiguo y flexible", y que la participación de autoridades políticas electas democráticamente en la designación final no es negativa per se, ya que permite asegurar una pluralidad de visiones dentro de los tribunales.
Fuente: Paislobo Prensa / Rocío Gambra
