Caso ProCultura: Chats borrados y más de mil millones sin rendir
La investigación por el fraude en el GORE Metropolitano entró en una etapa decisiva este martes. Mientras el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, permanece recluido en el anexo Capitán Yáber a la espera de sus medidas cautelares, el Ministerio Público expuso nuevos antecedentes que vinculan directamente al gobernador Claudio Orrego con la gestión de los millonarios convenios cuestionados.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago se ha convertido en el epicentro judicial de las últimas 72 horas, tras la formalización de cinco imputados claves en la arista metropolitana del "Caso ProCultura". La Fiscalía ha imputado cargos por fraude al fisco en relación con el programa de prevención del suicidio "Quédate", proyecto por el cual el Gobierno Regional transfirió $1.683.788.000 a la fundación, de los cuales aproximadamente $1.015.000.000 no han sido rendidos ni restituidos a las arcas fiscales tras el cierre del convenio.
La situación procesal del psiquiatra y fundador de la ONG, Alberto Larraín, es crítica. Actualmente se encuentra en detención de tránsito en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, mientras que María Constanza Gómez, representante legal, y Evelyn Magdaleno, exfuncionaria del GORE, permanecen en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. El tribunal ha fijado para este miércoles la resolución sobre las medidas cautelares definitivas, donde el ente persecutor ha solicitado la prisión preventiva dada la magnitud del fraude y el peligro de fuga.
Sin embargo, la audiencia ha revelado antecedentes inéditos que complican la figura del gobernador Claudio Orrego. Durante la exposición, el fiscal Patricio Cooper mencionó a la autoridad regional en cerca de 70 ocasiones, argumentando la existencia de un "mecanismo defraudatorio" facilitado por una estrecha relación previa entre Larraín y Orrego. El punto de mayor tensión surgió al revelarse que peritajes técnicos detectaron "chats eliminados" en las conversaciones de WhatsApp entre ambos, lo que, según la Fiscalía, buscaba ocultar la trazabilidad de la influencia política ejercida para la asignación directa de los recursos.
La tesis del Ministerio Público sostiene que ProCultura carecía de la experiencia técnica necesaria para ejecutar el programa de salud mental adjudicado. Además, se expuso el rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), mencionando al asesor presidencial Miguel Crispi en la gestión administrativa que permitió la modificación presupuestaria para liberar los fondos en 2022. Por su parte, Gabriel Prado, exfuncionario del GORE RM encargado del enlace con la fundación, ya cumple arresto domiciliario total.
Se espera que la jornada de este miércoles sea determinante no solo para la libertad de Larraín y Gómez, sino también para el futuro político de Orrego, cuya defensa enfrenta ahora la reactivación de solicitudes de desafuero ante la Corte de Apelaciones, impulsadas por los nuevos antecedentes sobre tráfico de influencias y obstrucción a la investigación.
Fuente: Agencia MI / Medios Nacionales
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago se ha convertido en el epicentro judicial de las últimas 72 horas, tras la formalización de cinco imputados claves en la arista metropolitana del "Caso ProCultura". La Fiscalía ha imputado cargos por fraude al fisco en relación con el programa de prevención del suicidio "Quédate", proyecto por el cual el Gobierno Regional transfirió $1.683.788.000 a la fundación, de los cuales aproximadamente $1.015.000.000 no han sido rendidos ni restituidos a las arcas fiscales tras el cierre del convenio.
La situación procesal del psiquiatra y fundador de la ONG, Alberto Larraín, es crítica. Actualmente se encuentra en detención de tránsito en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, mientras que María Constanza Gómez, representante legal, y Evelyn Magdaleno, exfuncionaria del GORE, permanecen en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. El tribunal ha fijado para este miércoles la resolución sobre las medidas cautelares definitivas, donde el ente persecutor ha solicitado la prisión preventiva dada la magnitud del fraude y el peligro de fuga.
Sin embargo, la audiencia ha revelado antecedentes inéditos que complican la figura del gobernador Claudio Orrego. Durante la exposición, el fiscal Patricio Cooper mencionó a la autoridad regional en cerca de 70 ocasiones, argumentando la existencia de un "mecanismo defraudatorio" facilitado por una estrecha relación previa entre Larraín y Orrego. El punto de mayor tensión surgió al revelarse que peritajes técnicos detectaron "chats eliminados" en las conversaciones de WhatsApp entre ambos, lo que, según la Fiscalía, buscaba ocultar la trazabilidad de la influencia política ejercida para la asignación directa de los recursos.
La tesis del Ministerio Público sostiene que ProCultura carecía de la experiencia técnica necesaria para ejecutar el programa de salud mental adjudicado. Además, se expuso el rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), mencionando al asesor presidencial Miguel Crispi en la gestión administrativa que permitió la modificación presupuestaria para liberar los fondos en 2022. Por su parte, Gabriel Prado, exfuncionario del GORE RM encargado del enlace con la fundación, ya cumple arresto domiciliario total.
Se espera que la jornada de este miércoles sea determinante no solo para la libertad de Larraín y Gómez, sino también para el futuro político de Orrego, cuya defensa enfrenta ahora la reactivación de solicitudes de desafuero ante la Corte de Apelaciones, impulsadas por los nuevos antecedentes sobre tráfico de influencias y obstrucción a la investigación.
Fuente: Agencia MI / Medios Nacionales
