Chile: Fiscalía investiga ciberataque extranjero denunciado por EE. UU.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación penal reservada por una masiva vulneración cibernética a empresas de telecomunicaciones y a una constructora en Chile. La indagatoria surge tras la alerta del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sobre intrusiones extranjeras, en medio de tensiones por la revocación de un cable submarino a China Mobile.
Hace aproximadamente dos semanas, agencias de inteligencia estadounidenses entregaron antecedentes técnicos al Gobierno de Chile advirtiendo sobre intrusiones activas en redes móviles nacionales. Según los reportes compartidos, la vulneración compromete los datos, la privacidad y las comunicaciones de la casi totalidad de los usuarios de telefonía celular en el país, además de exponer información de una prominente empresa constructora local, lo que sugiere la ejecución de maniobras de espionaje corporativo.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, hizo pública la denuncia, revelando que actores malignos extranjeros estarían detrás de la infiltración sistémica. Este incidente de seguridad nacional coincide temporalmente con la decisión del Ejecutivo de anular de manera inmediata el decreto que otorgaba la concesión de un cable de fibra óptica submarino a la corporación asiática China Mobile International (CMI), un proyecto estratégico que pretendía interconectar a Valparaíso con Hong Kong.
La causa penal quedó bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien lidera las diligencias bajo estricto secreto de sumario. En paralelo, efectivos especializados de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) se perfilan para ejecutar peritajes forenses y eventuales incautaciones en los centros de datos de las compañías afectadas, con el objetivo de determinar los vectores de ataque y dimensionar el volumen exacto de la exfiltración de información.
La gravedad de la brecha movilizó rápidamente a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y al Estado Mayor Conjunto, entidades encargadas de evaluar el impacto del ciberataque en la infraestructura crítica y la defensa nacional. Se espera que la ANCI emita mandatos regulatorios en el corto plazo para obligar a los proveedores a parchar vulnerabilidades y auditar sus redes, mientras el plano diplomático anticipa un eventual pronunciamiento de la República Popular China debido a la cancelación del contrato transpacífico en el mismo contexto de las acusaciones estadounidenses.
Fuentes: Emol / Meganoticias
Hace aproximadamente dos semanas, agencias de inteligencia estadounidenses entregaron antecedentes técnicos al Gobierno de Chile advirtiendo sobre intrusiones activas en redes móviles nacionales. Según los reportes compartidos, la vulneración compromete los datos, la privacidad y las comunicaciones de la casi totalidad de los usuarios de telefonía celular en el país, además de exponer información de una prominente empresa constructora local, lo que sugiere la ejecución de maniobras de espionaje corporativo.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, hizo pública la denuncia, revelando que actores malignos extranjeros estarían detrás de la infiltración sistémica. Este incidente de seguridad nacional coincide temporalmente con la decisión del Ejecutivo de anular de manera inmediata el decreto que otorgaba la concesión de un cable de fibra óptica submarino a la corporación asiática China Mobile International (CMI), un proyecto estratégico que pretendía interconectar a Valparaíso con Hong Kong.
La causa penal quedó bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien lidera las diligencias bajo estricto secreto de sumario. En paralelo, efectivos especializados de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) se perfilan para ejecutar peritajes forenses y eventuales incautaciones en los centros de datos de las compañías afectadas, con el objetivo de determinar los vectores de ataque y dimensionar el volumen exacto de la exfiltración de información.
La gravedad de la brecha movilizó rápidamente a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y al Estado Mayor Conjunto, entidades encargadas de evaluar el impacto del ciberataque en la infraestructura crítica y la defensa nacional. Se espera que la ANCI emita mandatos regulatorios en el corto plazo para obligar a los proveedores a parchar vulnerabilidades y auditar sus redes, mientras el plano diplomático anticipa un eventual pronunciamiento de la República Popular China debido a la cancelación del contrato transpacífico en el mismo contexto de las acusaciones estadounidenses.
Fuentes: Emol / Meganoticias
