Chile: Uber advierte alza de precios y desempleo por implementación apresurada de normativa
El gerente general de Uber Chile advirtió sobre los graves impactos económicos y de movilidad que generaría la inminente entrada en vigencia de la Ley EAT. En entrevista con El Mercurio, el ejecutivo calificó de irresponsable la intención del Gobierno de publicar el reglamento a semanas del cambio de administración, proyectando la salida de miles de conductores.
La normativa, conocida como la ley que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte, fue promulgada en abril de 2023, pero su implementación se ha retrasado más de dos años. Recientemente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adjudicó a la consultora Arkhotech SpA la creación del sistema informático necesario para registrar a conductores y vehículos. Sin embargo, para que la ley entre en vigor, solo resta la publicación de su reglamento en el Diario Oficial, documento que ya cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República.
Frente a este escenario, Federico Prada, gerente general de Uber Chile, expresó en una entrevista con El Mercurio su profunda preocupación por las consecuencias de una implementación apresurada. Según el ejecutivo, promulgar el reglamento en las últimas semanas del actual Gobierno, encabezado en esta cartera por el ministro Juan Carlos Muñoz, representa una irresponsabilidad. La compañía estima que la entrada en vigencia de las exigencias técnicas, como las restricciones de cilindrada, antigüedad de los vehículos y la obligación de contar con licencia profesional, dejaría fuera del mercado a cerca de 185 mil personas.
La exclusión de este grupo de conductores, que representa el 74 por ciento de los 250 mil usuarios que generaron ingresos mediante la plataforma durante 2025, tendría un impacto directo en las cifras macroeconómicas del país. Federico Prada advirtió que esta medida podría elevar el desempleo nacional del actual ocho por ciento a un diez por ciento. Asimismo, señaló que concentrar la oferta restante de transporte solo en sectores de mayor poder adquisitivo provocará un alza ineludible en las tarifas para los usuarios finales.
Otro punto crítico expuesto por el representante de la multinacional es la falta de infraestructura tecnológica para sostener la fiscalización. De acuerdo con los plazos de adjudicación, el desarrollo del software tomará al menos seis meses, tiempo en el cual las aplicaciones no contarán con las condiciones mínimas para intercambiar los millones de documentos requeridos. Por ello, la empresa instó a que la próxima administración asuma la responsabilidad de una implementación ordenada, evitando así un colapso en la movilidad ciudadana comparable con las externalidades negativas que dejó la puesta en marcha del Transantiago. A pesar de la incertidumbre actual, la compañía tecnológica descartó paralizar sus operaciones en el territorio nacional.
Fuente: Entrevista a El Mercurio
La normativa, conocida como la ley que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte, fue promulgada en abril de 2023, pero su implementación se ha retrasado más de dos años. Recientemente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adjudicó a la consultora Arkhotech SpA la creación del sistema informático necesario para registrar a conductores y vehículos. Sin embargo, para que la ley entre en vigor, solo resta la publicación de su reglamento en el Diario Oficial, documento que ya cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República.
Frente a este escenario, Federico Prada, gerente general de Uber Chile, expresó en una entrevista con El Mercurio su profunda preocupación por las consecuencias de una implementación apresurada. Según el ejecutivo, promulgar el reglamento en las últimas semanas del actual Gobierno, encabezado en esta cartera por el ministro Juan Carlos Muñoz, representa una irresponsabilidad. La compañía estima que la entrada en vigencia de las exigencias técnicas, como las restricciones de cilindrada, antigüedad de los vehículos y la obligación de contar con licencia profesional, dejaría fuera del mercado a cerca de 185 mil personas.
La exclusión de este grupo de conductores, que representa el 74 por ciento de los 250 mil usuarios que generaron ingresos mediante la plataforma durante 2025, tendría un impacto directo en las cifras macroeconómicas del país. Federico Prada advirtió que esta medida podría elevar el desempleo nacional del actual ocho por ciento a un diez por ciento. Asimismo, señaló que concentrar la oferta restante de transporte solo en sectores de mayor poder adquisitivo provocará un alza ineludible en las tarifas para los usuarios finales.
Otro punto crítico expuesto por el representante de la multinacional es la falta de infraestructura tecnológica para sostener la fiscalización. De acuerdo con los plazos de adjudicación, el desarrollo del software tomará al menos seis meses, tiempo en el cual las aplicaciones no contarán con las condiciones mínimas para intercambiar los millones de documentos requeridos. Por ello, la empresa instó a que la próxima administración asuma la responsabilidad de una implementación ordenada, evitando así un colapso en la movilidad ciudadana comparable con las externalidades negativas que dejó la puesta en marcha del Transantiago. A pesar de la incertidumbre actual, la compañía tecnológica descartó paralizar sus operaciones en el territorio nacional.
Fuente: Entrevista a El Mercurio
