Crisis carcelaria en Chile 2026: Hacinamiento alcanza al 200%
El sistema penitenciario chileno enfrenta un desborde crítico tras registrar más de 62 mil internos a fines de 2025, superando ampliamente su capacidad estructural de 42 mil plazas. Expertos advierten que el hacinamiento extremo, que alcanza el 200% en algunas regiones, facilita el control de recintos por parte del crimen organizado y aumenta los riesgos de corrupción interna.
Para mayo de 2023, el exministro de Justicia, Luis Cordero, ya advertía sobre el inminente colapso institucional. Señalaba que sobrepasar la barrera de los 52 mil reclusos desataría un problema grave, considerando que la infraestructura del país, estancada desde 2012, solo estaba diseñada para albergar a cerca de 42 mil personas. Más de dos años después, las cifras de Gendarmería de Chile revelan que el escenario ha empeorado drásticamente.
A diciembre de 2025, el país alcanzó una ocupación récord de 62.323 internos. Con excepción de la Región de Los Ríos (98,7%), todo el territorio nacional supera su capacidad máxima. Casos como Atacama (200%), Maule (192%), Antofagasta (184%), La Araucanía (178%) y la Región Metropolitana (168%) ilustran la magnitud de la emergencia. Este escenario se ve agravado por un nuevo perfil de población penal de alta peligrosidad vinculada a bandas criminales.
En un artículo de El Mercurio, el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, asegura que los altos niveles de sobrepoblación no solo deterioran las condiciones de habitabilidad, sino que facilitan la instalación de dinámicas de gobernanza criminal al interior de los penales, transformándolos en centros de operaciones. Por su parte, la exdirectora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, enfatiza el impacto económico por los sobreprecios pagados a las concesionarias y la actual imposibilidad de aplicar medidas de reinserción o segmentación efectiva de reos.
En la misma línea, Luis Toledo, exfiscal y actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, advierte que el sistema está desbordado ante un desajuste severo entre la política criminal y la penitenciaria. Toledo alerta sobre la pérdida de gobernabilidad interna, dado que una ocupación superior al 120% ya es considerada crítica por los estándares internacionales. Actualmente, el hacinamiento general del país merma el control efectivo del Estado, elevando el riesgo de corrupción en el funcionariado al tener que convivir con estructuras jerárquicas del crimen organizado.
Desde el Ministerio de Justicia reconocen que el escenario actual obstaculiza la labor de custodia, genera violencia e incentiva la corrupción. Como respuesta, la cartera destaca los avances del Plan Maestro de Infraestructura, el cual sumó 2.983 plazas nuevas o recuperadas entre 2023 y finales de 2025. El objetivo gubernamental es incorporar más de 15 mil cupos para 2030 mediante una inversión de 1,7 billones de pesos, apuntando a superar las 70 mil plazas hacia 2034.
Paralelamente, para mitigar la crisis a corto plazo, las autoridades y especialistas debaten la necesidad de optimizar los elementos tecnológicos como las tobilleras electrónicas para reos de baja peligrosidad y revisar el uso excesivo de la prisión preventiva, un factor clave que ha acelerado la saturación del sistema penitenciario durante los últimos años.
Fuente: Agencia de Noticias / Diario El Mercurio, edición 26 de febrero 2026.
Para mayo de 2023, el exministro de Justicia, Luis Cordero, ya advertía sobre el inminente colapso institucional. Señalaba que sobrepasar la barrera de los 52 mil reclusos desataría un problema grave, considerando que la infraestructura del país, estancada desde 2012, solo estaba diseñada para albergar a cerca de 42 mil personas. Más de dos años después, las cifras de Gendarmería de Chile revelan que el escenario ha empeorado drásticamente.
A diciembre de 2025, el país alcanzó una ocupación récord de 62.323 internos. Con excepción de la Región de Los Ríos (98,7%), todo el territorio nacional supera su capacidad máxima. Casos como Atacama (200%), Maule (192%), Antofagasta (184%), La Araucanía (178%) y la Región Metropolitana (168%) ilustran la magnitud de la emergencia. Este escenario se ve agravado por un nuevo perfil de población penal de alta peligrosidad vinculada a bandas criminales.
En un artículo de El Mercurio, el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, asegura que los altos niveles de sobrepoblación no solo deterioran las condiciones de habitabilidad, sino que facilitan la instalación de dinámicas de gobernanza criminal al interior de los penales, transformándolos en centros de operaciones. Por su parte, la exdirectora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, enfatiza el impacto económico por los sobreprecios pagados a las concesionarias y la actual imposibilidad de aplicar medidas de reinserción o segmentación efectiva de reos.
En la misma línea, Luis Toledo, exfiscal y actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, advierte que el sistema está desbordado ante un desajuste severo entre la política criminal y la penitenciaria. Toledo alerta sobre la pérdida de gobernabilidad interna, dado que una ocupación superior al 120% ya es considerada crítica por los estándares internacionales. Actualmente, el hacinamiento general del país merma el control efectivo del Estado, elevando el riesgo de corrupción en el funcionariado al tener que convivir con estructuras jerárquicas del crimen organizado.
Desde el Ministerio de Justicia reconocen que el escenario actual obstaculiza la labor de custodia, genera violencia e incentiva la corrupción. Como respuesta, la cartera destaca los avances del Plan Maestro de Infraestructura, el cual sumó 2.983 plazas nuevas o recuperadas entre 2023 y finales de 2025. El objetivo gubernamental es incorporar más de 15 mil cupos para 2030 mediante una inversión de 1,7 billones de pesos, apuntando a superar las 70 mil plazas hacia 2034.
Paralelamente, para mitigar la crisis a corto plazo, las autoridades y especialistas debaten la necesidad de optimizar los elementos tecnológicos como las tobilleras electrónicas para reos de baja peligrosidad y revisar el uso excesivo de la prisión preventiva, un factor clave que ha acelerado la saturación del sistema penitenciario durante los últimos años.
Fuente: Agencia de Noticias / Diario El Mercurio, edición 26 de febrero 2026.
