Fallo contra Municipalidad de Purranque: ¿Condena de $90 millones impactaría ayudas sociales?
Un fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno obliga a la casa edilicia de Purranque a desembolsar una cifra cercana a los 90 millones de pesos tras acreditarse una relación laboral encubierta. El Concejal Gustavo Barría advierte que este gasto impactará directamente en los programas de asistencia social para las familias más vulnerables de la comuna.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, bajo la causa RIT O-84-2025, emitió una sentencia condenatoria contra la Municipalidad de Purranque, estableciendo el pago de una suma que bordea los 90 millones de pesos por concepto de indemnizaciones y cotizaciones previsionales. El tribunal desestimó la figura de "exclusiva confianza" argumentada por el municipio para la desvinculación de un funcionario a honorarios, acreditando en su lugar la existencia de una relación laboral subordinada y encubierta.
Frente a este escenario judicial, el concejal de la comuna, Gustavo Barría Montiel, expresó su preocupación por el impacto financiero que esta resolución tendrá sobre el presupuesto municipal. Según la autoridad, los fondos para cubrir esta condena provendrán del Fondo Común Municipal, lo que obligará a realizar modificaciones presupuestarias que podrían mermar la capacidad de respuesta social del municipio. Barría estimó que la cifra a pagar equivale a la asistencia social promedio para entre 300 y 400 familias, afectando la entrega de insumos críticos como vales de gas, canastas de alimentos y pañales, cuya distribución ya habría presentado interrupciones en meses anteriores.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, bajo la causa RIT O-84-2025, emitió una sentencia condenatoria contra la Municipalidad de Purranque, estableciendo el pago de una suma que bordea los 90 millones de pesos por concepto de indemnizaciones y cotizaciones previsionales. El tribunal desestimó la figura de "exclusiva confianza" argumentada por el municipio para la desvinculación de un funcionario a honorarios, acreditando en su lugar la existencia de una relación laboral subordinada y encubierta.
Frente a este escenario judicial, el concejal de la comuna, Gustavo Barría Montiel, expresó su preocupación por el impacto financiero que esta resolución tendrá sobre el presupuesto municipal. Según la autoridad, los fondos para cubrir esta condena provendrán del Fondo Común Municipal, lo que obligará a realizar modificaciones presupuestarias que podrían mermar la capacidad de respuesta social del municipio. Barría estimó que la cifra a pagar equivale a la asistencia social promedio para entre 300 y 400 familias, afectando la entrega de insumos críticos como vales de gas, canastas de alimentos y pañales, cuya distribución ya habría presentado interrupciones en meses anteriores.
En el ámbito administrativo, Barría Montiel anunció que ha solicitado formalmente la apertura de investigaciones internas y sumarios para determinar las responsabilidades de los directivos y jurídicos que visaron estas desvinculaciones. El concejal subrayó que este no es un hecho aislado, citando otros casos de funcionarios de planta y de Alta Dirección Pública, como un ex director del DAEM y un profesional del área de salud, cuyas salidas también han derivado en conflictos legales costosos para el patrimonio de Purranque.
La autoridad comunal calificó la situación como una falta de prioridad y una posible negligencia en el cuidado del erario público, enfatizando que las decisiones tomadas sin el debido resguardo jurídico están generando un detrimento patrimonial que, en última instancia, perjudica a los vecinos que dependen de la red de apoyo municipal.
Fuente: C. Lobo
