Incendio en Colegio: Adolescentes imputados quedan en libertad
El Juzgado de Garantía de Puerto Montt declaró ilegal la detención de cuatro adolescentes acusados de robar e incendiar el Colegio Bicentenario de Alerce. Pese a la formalización de cargos por parte de la Fiscalía, el tribunal rechazó la internación provisoria, optando por medidas cautelares de menor intensidad y otorgando 120 días para investigar.
Durante la jornada de este lunes, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los cuatro menores de edad investigados por su presunta participación en el robo y posterior siniestro que destruyó por completo las dependencias del Colegio Bicentenario de Alerce.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la fiscal Ana María Agüero, representante del Ministerio Público de Puerto Montt, los hechos ocurrieron durante la madrugada. Los imputados habrían ingresado al recinto educacional para cometer un ilícito, situación que desencadenó el voraz incendio estructural que consumió la totalidad de la infraestructura escolar.
En el desarrollo de la audiencia, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt resolvió declarar ilegal la detención de los adolescentes. El tribunal desestimó el procedimiento policial al considerar que no se ajustó a los estrictos requisitos establecidos en la normativa legal que regula la responsabilidad penal adolescente. A pesar de este revés procesal, el ente persecutor logró comunicar formalmente los cargos por los delitos de robo en lugar no habitado e incendio.
Tras la formalización, la Fiscalía solicitó la medida cautelar más gravosa de internación provisoria para resguardar la seguridad pública. Sin embargo, el magistrado desestimó la petición y ordenó la aplicación de medidas de menor intensidad, instruyendo que los menores se integren a programas de intervención del Servicio de Mejor Niñez, además de quedar sujetos a la medida de arraigo nacional mientras dure el proceso.
Frente a esta resolución, el Ministerio Público intentó revertir la decisión en la misma instancia a través de una apelación, la cual no fue admitida por el tribunal. Ante la negativa, la entidad persecutora elevó los antecedentes y presentó un recurso formal ante la Corte de Apelaciones para que el tribunal de alzada revise las medidas cautelares otorgadas a los imputados. Finalmente, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo íntegro de la investigación.
Fuente: Diario El Llanquihue
Durante la jornada de este lunes, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los cuatro menores de edad investigados por su presunta participación en el robo y posterior siniestro que destruyó por completo las dependencias del Colegio Bicentenario de Alerce.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la fiscal Ana María Agüero, representante del Ministerio Público de Puerto Montt, los hechos ocurrieron durante la madrugada. Los imputados habrían ingresado al recinto educacional para cometer un ilícito, situación que desencadenó el voraz incendio estructural que consumió la totalidad de la infraestructura escolar.
En el desarrollo de la audiencia, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt resolvió declarar ilegal la detención de los adolescentes. El tribunal desestimó el procedimiento policial al considerar que no se ajustó a los estrictos requisitos establecidos en la normativa legal que regula la responsabilidad penal adolescente. A pesar de este revés procesal, el ente persecutor logró comunicar formalmente los cargos por los delitos de robo en lugar no habitado e incendio.
Tras la formalización, la Fiscalía solicitó la medida cautelar más gravosa de internación provisoria para resguardar la seguridad pública. Sin embargo, el magistrado desestimó la petición y ordenó la aplicación de medidas de menor intensidad, instruyendo que los menores se integren a programas de intervención del Servicio de Mejor Niñez, además de quedar sujetos a la medida de arraigo nacional mientras dure el proceso.
Frente a esta resolución, el Ministerio Público intentó revertir la decisión en la misma instancia a través de una apelación, la cual no fue admitida por el tribunal. Ante la negativa, la entidad persecutora elevó los antecedentes y presentó un recurso formal ante la Corte de Apelaciones para que el tribunal de alzada revise las medidas cautelares otorgadas a los imputados. Finalmente, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo íntegro de la investigación.
Fuente: Diario El Llanquihue
