Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: El Derecho no es igual si eres menor de edad

Máximo Fernando Silva Badilla
 
En mi firma, tenemos como clientes no tan solo a adultos enfrentando litigios complejos, sino también a familias enteras que confían en nosotros cuando lo más valioso que tienen está en juego: la libertad y el futuro de sus hijos. En Silva & Lopetegui, asumimos recientemente la representación de un adolescente de 16 años, imputado por el Ministerio Público por un grave delito contra la propiedad, un escenario que amenazaba con truncar su vida académica y personal por completo.

En plena investigación penal, nuestra defensa se topó con una realidad alarmante que no se condecía con la carpeta investigativa: la presencia de un parte policial lleno de vicios, testimonios contradictorios y una falta absoluta de pruebas directas. Actuando de buena fe y en estricto rigor profesional, nuestro equipo evidenció estas falencias y notificó inmediatamente al Fiscal a cargo para exigir la revisión del caso.

¿La respuesta del ente persecutor? Un desentendimiento total. Pretendían obligar al adolescente y a su familia a asumir en solitario la culpa mediante un procedimiento abreviado —una condena segura— bajo la presión constante de solicitar la medida cautelar más gravosa: la internación provisoria en un centro del Sename/Sename-CIP.

Aceptar esto no solo destruía el futuro de nuestro representado, manchando sus antecedentes de por vida, sino que sentaba un precedente nefasto de vulneración de garantías constitucionales. Por ello, tomamos la representación y pasamos a la ofensiva: nos negamos a que nuestro cliente subsidiara la negligencia investigativa ajena e interpusimos un férreo debate ante el Juzgado de Garantía de Osorno. A través de un litigio penal estratégico, llevamos a los tribunales la discusión sobre la legalidad de la detención y la exclusión de prueba ilícita, cuestiones que tendrán que resolverse a la luz de la prueba con la dictación de sentencia en el respectivo juicio oral, que esperamos sea absolutoria para nuestro representado.

¿Qué es la "Sanción Socioeducativa" vs. El "Castigo Ciego" del Estado?

Para abordar un caso bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) en Chile, es indispensable comprender que el sistema juvenil no es un simple "derecho penal de adultos en miniatura" donde prime el castigo ciego. A diferencia de lo que muchos creen, el Estado tiene la obligación legal de garantizar el interés superior del menor, priorizando su reinserción y no la simple privación de libertad.

Podríamos definir este contraste de la siguiente manera:

"Asumir la culpa mediante un 'acuerdo rápido' a menudo sacrifica la presunción de inocencia a cambio de evitar el estrés del conflicto judicial. La defensa penal activa, llevada por un abogado litigante, es la herramienta legal que utiliza la fuerza de los tribunales para indagar respecto a posibles vulneraciones de derechos y obligar legalmente al Ministerio Público al estándar de prueba más alto, evitando daños irreparables en contra de mi representado. Si bien la Fiscalía despliega toda su maquinaria punitiva, creemos que su acusación no tiene mérito suficiente, en conformidad a los hechos que intentaremos desacreditar y probar en este juicio."

La clave está en la Litigación: Garantías y Exclusión de Prueba

Es importante tener presente que en Chile, un buen abogado no busca que el adolescente absorba una condena si las policías ocultaron información vital o actuaron fuera de la ley; busca fundamentar el incumplimiento de las garantías fundamentales para ir a juicio y recuperar la presunción de inocencia. Si mi representado hubiese aceptado "hacerse cargo" del delito sin investigar, estaría renunciando a derechos y a reclamar legalmente la absolución como en definitiva hemos hecho. Esta estrategia es la "columna vertebral" para obtener resultados superiores, ya que permite:

  • Medios de Prueba: Se permite en el procedimiento ofrecer e incorporar medios de prueba testimonial, peritajes psicosociales, y fundamentalmente contrainterrogar a la policía; lo alegado no es solo mero capricho, sino que es un problema real que funda la pretensión absolutoria solicitada por nuestra defensa.
  • La Sentencia Definitiva (Absolución o Medida Justa): El juez falla basándose en la ley, los tratados internacionales y las pruebas. En caso de existir responsabilidad, se fuerza al tribunal a aplicar medidas en el medio libre, desestimando las peticiones carcelarias desproporcionadas de la Fiscalía.

El Miedo a la Internación y la "Prueba de la Inocencia"

El gran error en estas operaciones es rendirse bajo la amenaza de la internación provisoria y aceptar, por ejemplo, salidas alternativas que obligan a admitir hechos no cometidos solo por miedo al encierro. Una vez formalizada la investigación y asumida la defensa activa, nace la etapa de prueba real.

Para conseguir que los tribunales fallen a favor del adolescente, la ley favorece al que litiga bien:

  • La regla del "Vicio de Procedimiento": No importa que el Ministerio Público se defienda diciendo que "el parte policial establece la participación". Un abogado litigante prueba que cualquier actuación policial fuera del marco legal anula la prueba y exonera de responsabilidad al joven.
  • Avaluación del Contexto: Si usted logra probar en juicio (con peritajes sociales e informes de la red de apoyo) la irreprochable conducta y el arraigo del menor, el Juez ordenará rechazar las medidas extremas. En la simple negociación de pasillo, esto depende solo de lo que el Fiscal "quiera" ofrecer.

Consecuencias de evitar el Juicio Oral

Si las familias firman un mal acuerdo judicial solo por evitar contratar a un abogado privado o por miedo a "pelear" con la Fiscalía, se enfrentan a un déficit vital irrecuperable. Esto significa que los jóvenes quedan amarrados a antecedentes penales que les cerrarán puertas laborales y académicas, perjudicando no solo su futuro económico, sino la tranquilidad emocional de toda la familia.

En el Derecho Penal Adolescente, la calidad de la defensa es el activo más valioso. Conformarse con negociaciones abusivas no ahorra problemas; solo garantiza que su hijo pierda la libertad y el futuro que legalmente merece proteger.

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