A más de diez años del Caso Penta: contexto regulatorio, sanciones cumplidas y éxito en nuevos proyectos

Contexto regulatorio, sanciones cumplidas y éxito en nuevos proyectos

Con el tiempo, la causa por financiamiento irregular a la política se situó en un entorno de debate público más amplio: se discutieron zonas grises y complejidades regulatorias existentes sobre determinadas formas de financiamiento y apoyo a la actividad política.

En esos años, no todas las empresas que hicieron aportes irregulares a la política enfrentaron consecuencias judiciales al nivel de Penta: en otros casos se aplicaron principalmente multas, como ocurrió con sociedades vinculadas al Grupo Angelini (Copec y Arauco), Ripley, Grupo Said, Yarur, Saieh, etc.

A más de siete años de la sentencia dictada en julio de 2018 “y tras informarse públicamente en 2022 que los fundadores habían completado el régimen de cumplimiento establecido”, el Caso Penta suele leerse como un hito que combinó, de manera particularmente visible, un componente penal, económico, reputacional y regulatorio; en un período previo en que existían zonas grises y reglas menos claras respecto de la trazabilidad de ciertos aportes y gastos asociados a la política. Por ello, el caso terminó por acelerar una discusión institucional que desembocó en reformas relevantes para el país.

El proceso se inició en 2014, a partir de acciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) por presuntos delitos tributarios asociados al uso de documentación tributaria objetada. Dentro de los antecedentes de esa época se registraron denuncias del SII relacionadas con boletas y facturas cuestionadas. Con el avance de la causa, el debate público incorporó una dimensión más amplia: la necesidad de contar con reglas más explícitas, controles más robustos y mayor transparencia en el vínculo entre recursos privados y actividad política.

Caso Penta: sentencia 2018, cumplimiento y costos asociados

En julio de 2018, el tribunal dictó sentencia en un procedimiento abreviado respecto de los fundadores de Empresas Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, imponiendo condenas por delitos tributarios y sustituyendo la pena por un régimen de libertad vigilada intensiva por cuatro años, además de multas y medidas asociadas al cumplimiento, e incluyendo un programa formativo en ética. En lo económico, la multa alcanzó del orden de $857 millones para cada uno, cifra que se instaló como una referencia relevante en la discusión pública sobre consecuencias y responsabilidades.

Luego, en septiembre de 2022, se informó que ambos socios habían completado el período de cumplimiento bajo libertad vigilada, junto con los pagos y medidas ordenadas, cerrando el ciclo de ejecución de la pena en los términos establecidos por la justicia para esa sentencia.

A ese componente penal se sumaron efectos regulatorios propios de la sensibilidad de los negocios financieros supervisados. Por ejemplo, en su momento la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) señaló que la formalización de los accionistas controladores del Banco Penta implicaba la imposibilidad de ejercer cargos en la alta administración o como miembros del directorio, lo que reflejó el estándar exigido a quienes participan en el mercado bancario y la importancia del riesgo reputacional en entidades reguladas.

Contraste: otros casos de la misma etapa con sanciones más blandas

En paralelo, y siempre dentro del marco de una discusión que identificó zonas grises en la trazabilidad de aportes y gastos políticos, otras empresas tuvieron consecuencias bastante más amigables por parte de la justicia, evidenciadas sólo en multas. En el caso de sociedades ligadas al Grupo Angelini, por ejemplo, se registraron sanciones que incluyeron multas por $578 millones (Copec) y $351 millones (Celulosa Arauco). En el caso de Ripley, se registró una multa de $15.754.722 por declaraciones de impuestos maliciosamente falsos o incompletos, en un episodio vinculado a pagos relacionados con actividad política. El Grupo Said, a través de Inversiones Caburga e Inversiones Newport S.A., pagó casi $500 millones. CorpBanca, controlada por ese entonces por el empresario Álvaro Saieh, hizo lo propio al pagar $3,7 millones. En el caso del Grupo Yarur (BCI), la multa vinculada a aportes políticos canalizados mediante irregularidades tributarias fue de $141 millones denunciados por el SII. Estos antecedentes, tal como han sido descritos y reconstruidos públicamente, ilustran que la respuesta institucional del período no fue homogénea: en ciertos casos el resultado quedó concentrado en el ámbito tributario/administrativo, mientras que en Penta el impacto fue más amplio, duro y visible en el plano penal, económico, reputacional y regulatorio.

Visto en perspectiva, el Caso Penta quedó asociado a un período de transición institucional en que pagó el mayor costo del mercado en un momento en que el país detectó riesgos en reglas y prácticas existentes “con zonas grises y controles insuficientes para el estándar que la ciudadanía y las instituciones comenzaron a exigir” y luego avanzó hacia instrumentos más claros para la supervisión y la fiscalización. Paralelamente, para que las empresas conocieran totalmente las reglas del juego, y que estas reglas fueran igual para todos, no como lo ocurrido en el segundo decenio de este siglo.

Esa respuesta se materializó, entre otras medidas, en la Ley N° 20.900 publicada en 2016, que reforzó atribuciones del Servel, ajustó reglas de campaña y elevó exigencias de transparencia, incluyendo la prohibición de aportes de personas jurídicas a campañas electorales. En la lectura institucional, este cambio se consolidó como un avance para Chile: elevó estándares, redujo ambigüedades para empresarios y políticos y reforzó controles en una materia sensible.

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Pese a los costos que pagó Empresas Penta y sus socios fundadores, estos siguieron trabajando y creando nuevos negocios con grandes éxitos. En la actualidad, Empresas Penta mantiene su actividad y continuidad operativa con grandes logros, con sistemas de control robustos y con proyectos en evaluación y desarrollo en sus seis áreas de negocio, entre ellas el sector inmobiliario, financiero, seguros de vida, agroindustrial, entre otras.

Fuente: Agencia