Contraloría detecta deficiencias en sistemas de televigilancia en 12 municipios
La Contraloría General de la República (CGR) detectó severas irregularidades en los sistemas de televigilancia y seguridad de doce municipalidades en las regiones Metropolitana y del Biobío. Tras diversas auditorías, se constataron cámaras inoperativas, drones sin autorización, vehículos en desuso y ausencia de planes preventivos, derivando en la instrucción de sumarios y exigencias de medidas correctivas.
En la Región Metropolitana, las fiscalizaciones revelaron situaciones críticas en San Joaquín, donde un dron operó sin permisos aeronáuticos y múltiples cámaras lectoras de patentes estaban desconectadas. En Maipú y La Cisterna, el ente contralor instruyó sumarios por equipos fuera de servicio —algunos por más de 300 días—, vehículos de patrullaje sin revisión técnica y falta de respaldo en la entrega de indumentaria. Anomalías de gestión administrativa, deficiencias en licitaciones y nulo control del comercio ambulante se replicaron en las administraciones de San Bernardo, Lo Prado, Alhué, Lo Espejo y San Miguel.
Por su parte, la Contraloría Regional del Biobío evidenció graves falencias que merman la capacidad de respuesta policial. En Talcahuano, 50 de 64 cámaras se encontraban inoperativas, impidiendo la recolección de pruebas para investigaciones de Carabineros y la PDI. Paralelamente, en Concepción, Tomé y Coronel se identificó una preocupante escasez de personal para el monitoreo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) y millonarias inversiones paralizadas por falta de conexión tecnológica. Ante esto, la institución ordenó regularizar los contratos de soporte y aplicar las multas correspondientes a los proveedores infractores.
Fuente: Contraloría General de la República
En la Región Metropolitana, las fiscalizaciones revelaron situaciones críticas en San Joaquín, donde un dron operó sin permisos aeronáuticos y múltiples cámaras lectoras de patentes estaban desconectadas. En Maipú y La Cisterna, el ente contralor instruyó sumarios por equipos fuera de servicio —algunos por más de 300 días—, vehículos de patrullaje sin revisión técnica y falta de respaldo en la entrega de indumentaria. Anomalías de gestión administrativa, deficiencias en licitaciones y nulo control del comercio ambulante se replicaron en las administraciones de San Bernardo, Lo Prado, Alhué, Lo Espejo y San Miguel.
Por su parte, la Contraloría Regional del Biobío evidenció graves falencias que merman la capacidad de respuesta policial. En Talcahuano, 50 de 64 cámaras se encontraban inoperativas, impidiendo la recolección de pruebas para investigaciones de Carabineros y la PDI. Paralelamente, en Concepción, Tomé y Coronel se identificó una preocupante escasez de personal para el monitoreo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) y millonarias inversiones paralizadas por falta de conexión tecnológica. Ante esto, la institución ordenó regularizar los contratos de soporte y aplicar las multas correspondientes a los proveedores infractores.
Fuente: Contraloría General de la República
