Denuncian a la próxima Subsecretaria de la Subtel a Contraloría
Una denuncia ingresada a la Contraloría General de la República expone que la futura subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, mantuvo tres contratos estatales simultáneos, sumando presuntas jornadas de 17 horas diarias. Además, se indagan eventuales conflictos de interés por asesorar la Ley de Protección de Datos Personales mientras operaba una consultora privada, según una investigación de los periodistas Benjamín Miranda y Macarena Segovia para CIPER Chile.
La abogada y experta en derecho informático, designada por el presidente electo José Antonio Kast para liderar la Subsecretaría de Telecomunicaciones a partir de este mes, enfrenta serios cuestionamientos de probidad administrativa que han encendido las alertas en el equipo de traspaso de gobierno. De acuerdo con los antecedentes presentados ante la entidad fiscalizadora el pasado 24 de febrero, Romina Garrido habría superpuesto obligaciones contractuales con la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Transportes y la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entre enero de 2017 y diciembre de 2021, la profesional percibió honorarios en Salud Pública que evolucionaron de 1,8 a 2 millones de pesos mensuales. De forma paralela, entre el 2 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, prestó servicios continuos en Transportes por montos que escalaron hasta los 2,6 millones de pesos, etapa en la que el ministerio era encabezado por la entonces ministra Gloria Hutt.
Según señala el articulo de Ciper, la superposición temporal de funciones estatales alcanzó su punto más crítico hacia el año 2019. Los registros de transparencia detallan que, entre el 9 de mayo y el 31 de octubre de ese año, la abogada sumó un tercer contrato a honorarios con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), percibiendo una renta líquida mensual adicional de 450 mil pesos. Esta acumulación de funciones simultáneas en el aparato estatal habría implicado el cumplimiento de una carga laboral diaria cercana a las 17 horas, situación técnica y humanamente cuestionable que motivó los requerimientos de investigación administrativa ante la Contraloría General de la República, organismo liderado en ese entonces por el excontralor Jorge Bermúdez. Asimismo, el documento revela que la futura autoridad mantuvo durante cuatro años una deuda fiscal ascendente a 871.458 pesos con la Subsecretaría de Transportes. Dicho pasivo, originado por diez días hábiles (siete días de reposo continuos) de licencias médicas pagadas y no restituidas al fisco, obligó al exsubsecretario Cristóbal Pineda a emitir un oficio constituyéndola formalmente como deudora fiscal el 22 de diciembre de 2022.
Por otra parte Ciper consigan que el flanco más complejo para la actual tesorera de la Asociación Gremial de Profesionales para la Protección de Datos Personales (AGPD) se sitúa en la arista legislativa y su actividad comercial privada. El informe adjunto a la denuncia —que incluye en su página 39 un apartado de recomendaciones operativas dirigidas a la Oficina del Presidente Electo (OPE)— detalla que Romina Garrido asesoró activamente la tramitación de los cambios a la Ley de Protección de Datos Personales, normativas aprobadas en la Comisión de Constitución el 17 de enero de 2023, desempeñándose en aquel momento como asesora del senador Kenneth Pugh. Simultáneamente a su trabajo legislativo, la profesional fundó y mantuvo operaciones en Privacy Consulting, una consultora privada del mismo rubro que mantuvo una oferta activa de servicios en su portal web documentada en junio de 2023 y con vigencia hasta octubre de 2024. Los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) confirman que la sociedad continuó emitiendo facturas hasta este año 2025. En este ecosistema corporativo también figura su socia, la abogada Constanza Pasarin, vinculada laboralmente a Data Compliance SpA, entidad constituida por Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia y férreo impulsor de la normativa de datos.
Las ramificaciones operativas del caso también documentan un intenso relacionamiento público-privado en los años previos a su nominación. Los registros oficiales de la plataforma de la Ley de Lobby evidencian que, el 14 de marzo de 2025, representantes de la AGPD sostuvieron una reunión institucional con la subsecretaria Macarena Lobos. Los antecedentes expuestos obligarán a las nuevas autoridades a evaluar rigurosamente los protocolos de mitigación de intereses, considerando que la futura subsecretaria lideró hasta fechas recientes las áreas de Protección de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en el reconocido estudio de abogados Prieto, consolidando un perfil técnico y comercial que hoy requiere un minucioso escrutinio frente a las normativas de probidad y transparencia del Estado chileno.
Fuente: CIPER Chile https://www.ciperchile.cl/2026/03/05/denuncian-en-contraloria-a-futura-subsecretaria-tuvo-triple-contrato-con-entes-publicos-y-no-reintegro-licencias-medicas-durante-4-anos/
La abogada y experta en derecho informático, designada por el presidente electo José Antonio Kast para liderar la Subsecretaría de Telecomunicaciones a partir de este mes, enfrenta serios cuestionamientos de probidad administrativa que han encendido las alertas en el equipo de traspaso de gobierno. De acuerdo con los antecedentes presentados ante la entidad fiscalizadora el pasado 24 de febrero, Romina Garrido habría superpuesto obligaciones contractuales con la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Transportes y la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entre enero de 2017 y diciembre de 2021, la profesional percibió honorarios en Salud Pública que evolucionaron de 1,8 a 2 millones de pesos mensuales. De forma paralela, entre el 2 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, prestó servicios continuos en Transportes por montos que escalaron hasta los 2,6 millones de pesos, etapa en la que el ministerio era encabezado por la entonces ministra Gloria Hutt.
Según señala el articulo de Ciper, la superposición temporal de funciones estatales alcanzó su punto más crítico hacia el año 2019. Los registros de transparencia detallan que, entre el 9 de mayo y el 31 de octubre de ese año, la abogada sumó un tercer contrato a honorarios con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), percibiendo una renta líquida mensual adicional de 450 mil pesos. Esta acumulación de funciones simultáneas en el aparato estatal habría implicado el cumplimiento de una carga laboral diaria cercana a las 17 horas, situación técnica y humanamente cuestionable que motivó los requerimientos de investigación administrativa ante la Contraloría General de la República, organismo liderado en ese entonces por el excontralor Jorge Bermúdez. Asimismo, el documento revela que la futura autoridad mantuvo durante cuatro años una deuda fiscal ascendente a 871.458 pesos con la Subsecretaría de Transportes. Dicho pasivo, originado por diez días hábiles (siete días de reposo continuos) de licencias médicas pagadas y no restituidas al fisco, obligó al exsubsecretario Cristóbal Pineda a emitir un oficio constituyéndola formalmente como deudora fiscal el 22 de diciembre de 2022.
Por otra parte Ciper consigan que el flanco más complejo para la actual tesorera de la Asociación Gremial de Profesionales para la Protección de Datos Personales (AGPD) se sitúa en la arista legislativa y su actividad comercial privada. El informe adjunto a la denuncia —que incluye en su página 39 un apartado de recomendaciones operativas dirigidas a la Oficina del Presidente Electo (OPE)— detalla que Romina Garrido asesoró activamente la tramitación de los cambios a la Ley de Protección de Datos Personales, normativas aprobadas en la Comisión de Constitución el 17 de enero de 2023, desempeñándose en aquel momento como asesora del senador Kenneth Pugh. Simultáneamente a su trabajo legislativo, la profesional fundó y mantuvo operaciones en Privacy Consulting, una consultora privada del mismo rubro que mantuvo una oferta activa de servicios en su portal web documentada en junio de 2023 y con vigencia hasta octubre de 2024. Los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) confirman que la sociedad continuó emitiendo facturas hasta este año 2025. En este ecosistema corporativo también figura su socia, la abogada Constanza Pasarin, vinculada laboralmente a Data Compliance SpA, entidad constituida por Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia y férreo impulsor de la normativa de datos.
Las ramificaciones operativas del caso también documentan un intenso relacionamiento público-privado en los años previos a su nominación. Los registros oficiales de la plataforma de la Ley de Lobby evidencian que, el 14 de marzo de 2025, representantes de la AGPD sostuvieron una reunión institucional con la subsecretaria Macarena Lobos. Los antecedentes expuestos obligarán a las nuevas autoridades a evaluar rigurosamente los protocolos de mitigación de intereses, considerando que la futura subsecretaria lideró hasta fechas recientes las áreas de Protección de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en el reconocido estudio de abogados Prieto, consolidando un perfil técnico y comercial que hoy requiere un minucioso escrutinio frente a las normativas de probidad y transparencia del Estado chileno.
Fuente: CIPER Chile https://www.ciperchile.cl/2026/03/05/denuncian-en-contraloria-a-futura-subsecretaria-tuvo-triple-contrato-con-entes-publicos-y-no-reintegro-licencias-medicas-durante-4-anos/
