Fuerte recorte fiscal, cobros obligatorios del CAE y nueva gratuidad universitaria
El nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un profundo reordenamiento fiscal en su primera entrevista televisiva. En conversación con Canal 13, confirmó un recorte generalizado del 3% en los gastos de todos los ministerios.
La drástica decisión responde a una crítica situación de la caja fiscal heredada de la gestión anterior. Según detalló Quiroz, la administración saliente entregó el gobierno con apenas 46 millones de dólares disponibles.
Esta cifra contrasta fuertemente con los cierres de gobiernos previos, que promediaban miles de millones en caja. Ante este escenario anormal, la cartera de Hacienda enviará un oficio exigiendo que cada ministerio informe sus presiones de gasto.
A este recorte inicial se sumarán ajustes presupuestarios adicionales para financiar urgencias estructurales. El costo estimado para la reconstrucción de las zonas afectadas en Valparaíso, Biobío y Ñuble asciende a mil millones de dólares.
Además, el gobierno detectó graves anomalías en la ejecución presupuestaria de enero, donde el gasto en Salud creció un 6% interanual. El ministro sugirió que existió una postergación deliberada de pagos a proveedores de servicios durante el año pasado.
El panorama financiero se agrava por el millonario déficit estructural en el sistema de estabilización de precios de combustibles. El fisco gasta actualmente más de 50 millones de dólares semanales para intentar contener las fuertes alzas.
Ante la evidente escasez de recursos estatales, el gobierno buscará focalizar estrictamente todas las ayudas sociales. Se protegerá el valor de la parafina para los sectores más vulnerables y se intentará mitigar el impacto en el transporte estudiantil.
En el ámbito legislativo, Quiroz presentará un proyecto económico misceláneo de urgencia durante la primera semana de abril. La propuesta buscará liquidez inmediata, proponiendo reducir a la mitad el actual impuesto a las donaciones.
La iniciativa también impulsará una rápida repatriación de capitales extranjeros, gravada con una tasa cercana al 8%. Paralelamente, se iniciará una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% para intentar reactivar la inversión privada a largo plazo.
El plan del gobierno contempla decisiones altamente complejas y polémicas en materia de financiamiento de la educación superior. Se restringirá definitivamente el acceso a la gratuidad para los futuros alumnos que tengan más de 30 años de edad.
La medida se basa en recomendaciones técnicas de una comisión de ajuste del gasto público. Un estudio reciente de la Fiscalía Nacional Económica advirtió que el 40% de los estudiantes con gratuidad presenta un retorno social inferior al 2%.
Esta nueva limitación etaria para beneficios estudiantiles contará con excepciones muy específicas para ciertas trayectorias vitales. Las personas que decidan matricularse en carreras de nivel técnico mantendrán intacto su derecho de acceso a la gratuidad estatal.
Finalmente, el ministerio endurecerá de forma drástica las políticas de cobro del Crédito Aval del Estado. Se cruzarán datos con el Servicio de Impuestos Internos para aplicar descuentos obligatorios por planilla a deudores de altos ingresos.
La deuda total por este concepto ha escalado a 4 billones de pesos, multiplicándose velozmente en los últimos años. El gobierno considera inaceptable que profesionales exitosos evadan sus pagos, perjudicando el financiamiento de futuras políticas sociales.
Fuente: Entrevista a Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, en el programa Mesa Central de T13 (15 de marzo de 2026).
La drástica decisión responde a una crítica situación de la caja fiscal heredada de la gestión anterior. Según detalló Quiroz, la administración saliente entregó el gobierno con apenas 46 millones de dólares disponibles.
Esta cifra contrasta fuertemente con los cierres de gobiernos previos, que promediaban miles de millones en caja. Ante este escenario anormal, la cartera de Hacienda enviará un oficio exigiendo que cada ministerio informe sus presiones de gasto.
A este recorte inicial se sumarán ajustes presupuestarios adicionales para financiar urgencias estructurales. El costo estimado para la reconstrucción de las zonas afectadas en Valparaíso, Biobío y Ñuble asciende a mil millones de dólares.
Además, el gobierno detectó graves anomalías en la ejecución presupuestaria de enero, donde el gasto en Salud creció un 6% interanual. El ministro sugirió que existió una postergación deliberada de pagos a proveedores de servicios durante el año pasado.
El panorama financiero se agrava por el millonario déficit estructural en el sistema de estabilización de precios de combustibles. El fisco gasta actualmente más de 50 millones de dólares semanales para intentar contener las fuertes alzas.
Ante la evidente escasez de recursos estatales, el gobierno buscará focalizar estrictamente todas las ayudas sociales. Se protegerá el valor de la parafina para los sectores más vulnerables y se intentará mitigar el impacto en el transporte estudiantil.
En el ámbito legislativo, Quiroz presentará un proyecto económico misceláneo de urgencia durante la primera semana de abril. La propuesta buscará liquidez inmediata, proponiendo reducir a la mitad el actual impuesto a las donaciones.
La iniciativa también impulsará una rápida repatriación de capitales extranjeros, gravada con una tasa cercana al 8%. Paralelamente, se iniciará una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% para intentar reactivar la inversión privada a largo plazo.
El plan del gobierno contempla decisiones altamente complejas y polémicas en materia de financiamiento de la educación superior. Se restringirá definitivamente el acceso a la gratuidad para los futuros alumnos que tengan más de 30 años de edad.
La medida se basa en recomendaciones técnicas de una comisión de ajuste del gasto público. Un estudio reciente de la Fiscalía Nacional Económica advirtió que el 40% de los estudiantes con gratuidad presenta un retorno social inferior al 2%.
Esta nueva limitación etaria para beneficios estudiantiles contará con excepciones muy específicas para ciertas trayectorias vitales. Las personas que decidan matricularse en carreras de nivel técnico mantendrán intacto su derecho de acceso a la gratuidad estatal.
Finalmente, el ministerio endurecerá de forma drástica las políticas de cobro del Crédito Aval del Estado. Se cruzarán datos con el Servicio de Impuestos Internos para aplicar descuentos obligatorios por planilla a deudores de altos ingresos.
La deuda total por este concepto ha escalado a 4 billones de pesos, multiplicándose velozmente en los últimos años. El gobierno considera inaceptable que profesionales exitosos evadan sus pagos, perjudicando el financiamiento de futuras políticas sociales.
Fuente: Entrevista a Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, en el programa Mesa Central de T13 (15 de marzo de 2026).
