Kast y Quiroz anuncian subsidios, rebaja del IVA a viviendas y $400 mil millones
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció desde Lirquén el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast. La iniciativa inyecta 400.000 millones de pesos adicionales al fondo de emergencia, elimina transitoriamente el IVA a viviendas nuevas y establece subsidios laborales para enfrentar las secuelas de los incendios forestales.
Desde la localidad de Lirquén, en la Región del Biobío, el titular del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló las directrices económicas del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que será ingresado al Congreso Nacional en los próximos días por mandato del Presidente José Antonio Kast. La propuesta busca acelerar la recuperación física, económica y social de las zonas gravemente afectadas por los incendios forestales que azotaron a las regiones de Ñuble, Biobío y la comuna de Viña del Mar. En el ámbito de la gestión fiscal, la medida central del paquete legislativo radica en un aumento sustancial del financiamiento del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, una herramienta presupuestaria originalmente concebida en 2024 para la zona central del país. Esta ampliación estratégica inyectará $400.000 millones adicionales a las arcas de reconstrucción, recursos que serán destinados de manera exclusiva a solventar los efectos devastadores y atender las múltiples necesidades de infraestructura derivadas de la catástrofe ocurrida durante el mes de enero de 2026.
En paralelo a la reparación de los daños materiales, el proyecto gubernamental despliega una agresiva estrategia para reactivar la economía nacional, reducir la burocracia estatal y fortalecer la institucionalidad, buscando destrabar los permisos que habilitan la inversión y el empleo. El ministro argumentó que la generación genuina de recursos depende intrínsecamente del crecimiento económico, el trabajo formal y la inversión privada, justificando así la necesidad de implementar un ajuste impositivo profundo que devuelva la certeza tributaria al empresariado. Dentro de esta arquitectura de incentivos, destaca la propuesta de eliminar de manera transitoria el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de viviendas nuevas por un período continuo de 12 meses. Esta disposición apunta a destrabar un mercado inmobiliario paralizado, buscando dar salida comercial ágil a un stock acumulado de 100 mil unidades habitacionales nuevas que actualmente no encuentran comprador, una anomalía de mercado que convive paradójicamente con un agudo déficit habitacional cuantitativo estimado en 500 mil viviendas a nivel país. Asimismo, para promover el flujo de grandes capitales, la iniciativa plantea una reducción estructural de la tasa estatutaria del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para medianas y grandes empresas, disminuyéndola del 27% actual a un 23%. Esta rebaja corporativa busca dotar a la economía chilena de mayor competitividad internacional al alinear su carga tributaria con los promedios vigentes en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Complementariamente, y cumpliendo con compromisos adquiridos durante el periodo de campaña electoral, el texto legal ratifica la eliminación íntegra del pago de contribuciones de bienes raíces para los propietarios que superen los 65 años de edad, un beneficio patrimonial que aplicará estrictamente respecto de su primera vivienda.
Para salvaguardar la estabilidad social en los territorios perjudicados y mitigar los efectos colaterales de la crisis, el Ejecutivo ha diseñado lo que la propia autoridad económica catalogó como el mayor programa macroeconómico de apoyo al empleo implementado en el país durante las últimas tres décadas. Esta política pública consiste en la creación de un subsidio estatal enfocado en la protección directa del trabajo formal frente al riesgo inminente de cesantía y el traspaso a la informalidad laboral. Este mecanismo, concebido para operar sin fricciones ni barreras administrativas de acceso, permitirá al Estado devolver a los empleadores una fracción significativa de las cotizaciones laborales que pagan mensualmente por sus trabajadores formalmente contratados, entregando un alivio de liquidez que beneficiará con especial énfasis al tejido productivo de las pequeñas y medianas empresas. La administración central proyecta que la reducción gradual de la presión tributaria, sumada al respeto irrestricto al marco legal, logrará revertir el desincentivo corporativo y recuperar la confianza del sector privado. Con este conjunto de medidas, el gobierno aspira a que los capitales retornen y la reactivación inicie su ciclo expansivo incluso antes de que las rebajas impositivas se materialicen en su totalidad.
Fuente: Comunicado de Prensa, Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile.
Desde la localidad de Lirquén, en la Región del Biobío, el titular del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló las directrices económicas del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que será ingresado al Congreso Nacional en los próximos días por mandato del Presidente José Antonio Kast. La propuesta busca acelerar la recuperación física, económica y social de las zonas gravemente afectadas por los incendios forestales que azotaron a las regiones de Ñuble, Biobío y la comuna de Viña del Mar. En el ámbito de la gestión fiscal, la medida central del paquete legislativo radica en un aumento sustancial del financiamiento del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, una herramienta presupuestaria originalmente concebida en 2024 para la zona central del país. Esta ampliación estratégica inyectará $400.000 millones adicionales a las arcas de reconstrucción, recursos que serán destinados de manera exclusiva a solventar los efectos devastadores y atender las múltiples necesidades de infraestructura derivadas de la catástrofe ocurrida durante el mes de enero de 2026.
En paralelo a la reparación de los daños materiales, el proyecto gubernamental despliega una agresiva estrategia para reactivar la economía nacional, reducir la burocracia estatal y fortalecer la institucionalidad, buscando destrabar los permisos que habilitan la inversión y el empleo. El ministro argumentó que la generación genuina de recursos depende intrínsecamente del crecimiento económico, el trabajo formal y la inversión privada, justificando así la necesidad de implementar un ajuste impositivo profundo que devuelva la certeza tributaria al empresariado. Dentro de esta arquitectura de incentivos, destaca la propuesta de eliminar de manera transitoria el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de viviendas nuevas por un período continuo de 12 meses. Esta disposición apunta a destrabar un mercado inmobiliario paralizado, buscando dar salida comercial ágil a un stock acumulado de 100 mil unidades habitacionales nuevas que actualmente no encuentran comprador, una anomalía de mercado que convive paradójicamente con un agudo déficit habitacional cuantitativo estimado en 500 mil viviendas a nivel país. Asimismo, para promover el flujo de grandes capitales, la iniciativa plantea una reducción estructural de la tasa estatutaria del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para medianas y grandes empresas, disminuyéndola del 27% actual a un 23%. Esta rebaja corporativa busca dotar a la economía chilena de mayor competitividad internacional al alinear su carga tributaria con los promedios vigentes en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Complementariamente, y cumpliendo con compromisos adquiridos durante el periodo de campaña electoral, el texto legal ratifica la eliminación íntegra del pago de contribuciones de bienes raíces para los propietarios que superen los 65 años de edad, un beneficio patrimonial que aplicará estrictamente respecto de su primera vivienda.
Para salvaguardar la estabilidad social en los territorios perjudicados y mitigar los efectos colaterales de la crisis, el Ejecutivo ha diseñado lo que la propia autoridad económica catalogó como el mayor programa macroeconómico de apoyo al empleo implementado en el país durante las últimas tres décadas. Esta política pública consiste en la creación de un subsidio estatal enfocado en la protección directa del trabajo formal frente al riesgo inminente de cesantía y el traspaso a la informalidad laboral. Este mecanismo, concebido para operar sin fricciones ni barreras administrativas de acceso, permitirá al Estado devolver a los empleadores una fracción significativa de las cotizaciones laborales que pagan mensualmente por sus trabajadores formalmente contratados, entregando un alivio de liquidez que beneficiará con especial énfasis al tejido productivo de las pequeñas y medianas empresas. La administración central proyecta que la reducción gradual de la presión tributaria, sumada al respeto irrestricto al marco legal, logrará revertir el desincentivo corporativo y recuperar la confianza del sector privado. Con este conjunto de medidas, el gobierno aspira a que los capitales retornen y la reactivación inicie su ciclo expansivo incluso antes de que las rebajas impositivas se materialicen en su totalidad.
Fuente: Comunicado de Prensa, Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile.
