Más de $93 mil millones en deudas por pensión de alimentos
Durante el año judicial 2025, la Corte de Apelaciones de Valdivia registró un hito histórico al ordenar el pago de más de $93.900 millones por pensiones de alimentos impagas. Simultáneamente, la jurisdicción estableció un estricto criterio penal, denegando casi el 89% de las solicitudes de libertad condicional y consolidando la aplicación de normativas mucho más rigurosas.
La contundente respuesta a las demandas familiares fue detallada en el balance jurisdiccional encabezado por la ministra Marcela Araya Novoa, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia. La magistrada subrayó los profundos efectos de la Ley 21.484, normativa que permitió materializar retenciones financieras por un total exacto de $93.926.576.693 hasta diciembre de 2025, junto con la inscripción de 12.918 personas en el Registro Nacional de Deudores, marcando un incremento interanual del 15%.
En la arista penal, la Comisión de Libertad Condicional, bajo la dirección del ministro Juan Ignacio Correa Rosado, aplicó un férreo control sobre los beneficios penitenciarios al rechazar 451 de los 507 requerimientos presentados. Esta labor, que denota una política judicial orientada a la protección social y el cumplimiento efectivo de las condenas, se enmarca en las directrices observadas por la ministra Gloria Ana Chevesich, en su calidad de presidenta de la Corte Suprema, y se complementó con una exhaustiva fiscalización que incluyó 20 visitas a recintos penitenciarios por parte de la Primera y Segunda Fiscalía Judicial.
A nivel de eficiencia operativa, el tribunal de alzada valdiviano logró una inédita tasa de resolución del 103,8%, logrando fallar 7.422 causas frente a las 7.149 ingresadas, concentrándose un 63% de esta carga en materias penales, civiles y acciones de protección. Este elevado dinamismo resolutivo se replicó fielmente en los tribunales de primera instancia, los cuales absorbieron un volumen total de 74.440 ingresos. Destacó especialmente el ámbito laboral, que superó el 92,64% de tasa de término, y la jurisdicción civil con la emisión de 2.674 sentencias.
A la par de esta gestión cuantitativa, la judicatura profundizó su compromiso territorial, patrimonial y de derechos humanos. El ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, lideró diligencias fundamentales en la macrozona sur bajo el amparo del Plan Nacional de Búsqueda. De forma paralela, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) afianzó la capacidad de respuesta institucional con la consolidación del nuevo edificio penal de Osorno, recinto que hoy atiende a una población que supera los 200 mil habitantes. Finalmente, la modernización y el acceso equitativo a la justicia se garantizaron mediante más de 23.300 atenciones canalizadas en la plataforma virtual CONECTA.PJUD.CL y a través de estratégicos convenios de colaboración con instituciones como la Municipalidad de Futrono —comuna con un 44% de ruralidad— y la Fundación Casa Esperanza, fortaleciendo el tejido social de la región.
Fuente: Cuenta Pública 2025 - Corte de Apelaciones de Valdivia / Poder Judicial de Chile vía mtrivera@pjud.cl
La contundente respuesta a las demandas familiares fue detallada en el balance jurisdiccional encabezado por la ministra Marcela Araya Novoa, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia. La magistrada subrayó los profundos efectos de la Ley 21.484, normativa que permitió materializar retenciones financieras por un total exacto de $93.926.576.693 hasta diciembre de 2025, junto con la inscripción de 12.918 personas en el Registro Nacional de Deudores, marcando un incremento interanual del 15%.
En la arista penal, la Comisión de Libertad Condicional, bajo la dirección del ministro Juan Ignacio Correa Rosado, aplicó un férreo control sobre los beneficios penitenciarios al rechazar 451 de los 507 requerimientos presentados. Esta labor, que denota una política judicial orientada a la protección social y el cumplimiento efectivo de las condenas, se enmarca en las directrices observadas por la ministra Gloria Ana Chevesich, en su calidad de presidenta de la Corte Suprema, y se complementó con una exhaustiva fiscalización que incluyó 20 visitas a recintos penitenciarios por parte de la Primera y Segunda Fiscalía Judicial.
A nivel de eficiencia operativa, el tribunal de alzada valdiviano logró una inédita tasa de resolución del 103,8%, logrando fallar 7.422 causas frente a las 7.149 ingresadas, concentrándose un 63% de esta carga en materias penales, civiles y acciones de protección. Este elevado dinamismo resolutivo se replicó fielmente en los tribunales de primera instancia, los cuales absorbieron un volumen total de 74.440 ingresos. Destacó especialmente el ámbito laboral, que superó el 92,64% de tasa de término, y la jurisdicción civil con la emisión de 2.674 sentencias.
A la par de esta gestión cuantitativa, la judicatura profundizó su compromiso territorial, patrimonial y de derechos humanos. El ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, lideró diligencias fundamentales en la macrozona sur bajo el amparo del Plan Nacional de Búsqueda. De forma paralela, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) afianzó la capacidad de respuesta institucional con la consolidación del nuevo edificio penal de Osorno, recinto que hoy atiende a una población que supera los 200 mil habitantes. Finalmente, la modernización y el acceso equitativo a la justicia se garantizaron mediante más de 23.300 atenciones canalizadas en la plataforma virtual CONECTA.PJUD.CL y a través de estratégicos convenios de colaboración con instituciones como la Municipalidad de Futrono —comuna con un 44% de ruralidad— y la Fundación Casa Esperanza, fortaleciendo el tejido social de la región.
Fuente: Cuenta Pública 2025 - Corte de Apelaciones de Valdivia / Poder Judicial de Chile vía mtrivera@pjud.cl
