Osorno: Más de 30 familias denuncian 15 años sin acceso a agua potable
En el sector de Rahue Alto, Osorno, treinta familias residentes en la intersección de calles Ancud y Acapulco enfrentan una dramática crisis sanitaria. Pese a poseer sus terrenos por quince años, carecen de agua potable y alcantarillado, dependiendo de camiones aljibe municipales que presentan retrasos de hasta cinco días, afectando gravemente a adultos mayores y personas con discapacidad.
La situación expone una cruda realidad de abandono estatal y rezago urbano en pleno corazón de Rahue Alto, contrastando brutalmente con el desarrollo habitacional del resto de la ciudad de Osorno. La comunidad, compuesta por aproximadamente un centenar de personas entre las que se cuentan adultos mayores con enfermedades crónicas y jóvenes con discapacidad severa, denuncia que el suministro hídrico mediante estanques comunitarios es insuficiente y de una preocupante intermitencia. Fabiola Llancán, expresidenta del comité vecinal y vocera histórica del sector, detalló a Paislobo Prensa, a través de la cobertura en terreno del reportero Álvaro Torres, que las treinta familias han llegado a soportar hasta cinco días consecutivos sin acceso a una sola gota de agua. La dirigente explicó que el conflicto estructural se originó hace más de una década tras el repentino fallecimiento del propietario original de los loteos, momento crítico en el cual la comunidad perdió el acceso provisorio a los servicios sanitarios y eléctricos. Desde entonces, se han visto forzados a depender exclusivamente de la asistencia de la Municipalidad de Osorno y a iniciar un desgastante e interminable periplo burocrático, marcado por altos costos notariales y severas trabas administrativas, con el objetivo de lograr que este terreno logre ingresar formalmente al plano regulador comunal.
El impacto cotidiano de esta privación de derechos básicos golpea con una crudeza devastadora a los hogares más vulnerables, generando un daño multidimensional que trasciende las falencias materiales para afectar directamente la salud física y mental de los vecinos. Gustavo, un residente de la tercera edad, relató con evidente angustia la impotencia de no contar con el recurso hídrico indispensable para asegurar la higiene básica y la dignidad de su esposa, una paciente oncológica que requiere de cuidados permanentes en su hogar. En una línea de sufrimiento similar, Jimena Manríquez, madre y cuidadora de tiempo completo de un joven diagnosticado con un trastorno del espectro autista de alta complejidad, expresó su profunda frustración ante lo que califica como una violencia institucional silenciosa y reiterada por parte del aparato estatal. Según su testimonio, las promesas de urbanización esgrimidas en campañas pasadas por diversas autoridades no se han materializado. Reveló que los acercamientos estratégicos con la actual administración, incluyendo gestiones directas con el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Lagos, Fabián Nail, y las apelaciones al ideario social del gobierno del presidente Gabriel Boric, terminaron diluyéndose en respuestas evasivas, argumentando la necesidad de esperar modificaciones a largo plazo en los instrumentos de planificación territorial.
La prolongada y sistémica negligencia administrativa ha terminado por fracturar también la convivencia interna del propio vecindario, sumando una capa extra de complejidad social al conflicto. La vecina Patricia apuntó sus críticas no solo al letargo de las autoridades de turno, sino también a la inoperancia de la actual directiva del comité, señalando que la paralización de gestiones comunitarias ha derivado en el cese total de obras de mitigación vitales que antes se realizaban, como la pavimentación invernal de los caminos de tierra y la limpieza periódica de las fosas sépticas, elevando exponencialmente el riesgo de brotes infecciosos. Ante este escenario de vulnerabilidad extrema a mediados del año 2026, los habitantes exigen una intervención decidida, inmediata y sin ambigüedades del actual alcalde Jaime Bertín. Las familias afectadas le recuerdan a la primera autoridad comunal que durante sus administraciones previas —e incluso tras las visitas al territorio de exfuncionarias de su estrecho círculo de confianza — la crisis fue ampliamente documentada sin que se articularan soluciones de fondo. Hoy, el petitorio de los vecinos es claro y de carácter urgente: exigen la inyección de recursos municipales para el arriendo o compra de una flota adecuada de camiones aljibe que asegure la continuidad diaria del suministro hídrico, mientras se establece una mesa de trabajo vinculante y resolutiva con el Ministerio de Obras Públicas y el área de vivienda para urbanizar de manera definitiva un sector que, a pesar de contar con títulos de dominio legales, permanece inaceptablemente marginado de la dignidad urbana.
Fuente: Alvaro Torres Riobó
La situación expone una cruda realidad de abandono estatal y rezago urbano en pleno corazón de Rahue Alto, contrastando brutalmente con el desarrollo habitacional del resto de la ciudad de Osorno. La comunidad, compuesta por aproximadamente un centenar de personas entre las que se cuentan adultos mayores con enfermedades crónicas y jóvenes con discapacidad severa, denuncia que el suministro hídrico mediante estanques comunitarios es insuficiente y de una preocupante intermitencia. Fabiola Llancán, expresidenta del comité vecinal y vocera histórica del sector, detalló a Paislobo Prensa, a través de la cobertura en terreno del reportero Álvaro Torres, que las treinta familias han llegado a soportar hasta cinco días consecutivos sin acceso a una sola gota de agua. La dirigente explicó que el conflicto estructural se originó hace más de una década tras el repentino fallecimiento del propietario original de los loteos, momento crítico en el cual la comunidad perdió el acceso provisorio a los servicios sanitarios y eléctricos. Desde entonces, se han visto forzados a depender exclusivamente de la asistencia de la Municipalidad de Osorno y a iniciar un desgastante e interminable periplo burocrático, marcado por altos costos notariales y severas trabas administrativas, con el objetivo de lograr que este terreno logre ingresar formalmente al plano regulador comunal.
El impacto cotidiano de esta privación de derechos básicos golpea con una crudeza devastadora a los hogares más vulnerables, generando un daño multidimensional que trasciende las falencias materiales para afectar directamente la salud física y mental de los vecinos. Gustavo, un residente de la tercera edad, relató con evidente angustia la impotencia de no contar con el recurso hídrico indispensable para asegurar la higiene básica y la dignidad de su esposa, una paciente oncológica que requiere de cuidados permanentes en su hogar. En una línea de sufrimiento similar, Jimena Manríquez, madre y cuidadora de tiempo completo de un joven diagnosticado con un trastorno del espectro autista de alta complejidad, expresó su profunda frustración ante lo que califica como una violencia institucional silenciosa y reiterada por parte del aparato estatal. Según su testimonio, las promesas de urbanización esgrimidas en campañas pasadas por diversas autoridades no se han materializado. Reveló que los acercamientos estratégicos con la actual administración, incluyendo gestiones directas con el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Lagos, Fabián Nail, y las apelaciones al ideario social del gobierno del presidente Gabriel Boric, terminaron diluyéndose en respuestas evasivas, argumentando la necesidad de esperar modificaciones a largo plazo en los instrumentos de planificación territorial.
La prolongada y sistémica negligencia administrativa ha terminado por fracturar también la convivencia interna del propio vecindario, sumando una capa extra de complejidad social al conflicto. La vecina Patricia apuntó sus críticas no solo al letargo de las autoridades de turno, sino también a la inoperancia de la actual directiva del comité, señalando que la paralización de gestiones comunitarias ha derivado en el cese total de obras de mitigación vitales que antes se realizaban, como la pavimentación invernal de los caminos de tierra y la limpieza periódica de las fosas sépticas, elevando exponencialmente el riesgo de brotes infecciosos. Ante este escenario de vulnerabilidad extrema a mediados del año 2026, los habitantes exigen una intervención decidida, inmediata y sin ambigüedades del actual alcalde Jaime Bertín. Las familias afectadas le recuerdan a la primera autoridad comunal que durante sus administraciones previas —e incluso tras las visitas al territorio de exfuncionarias de su estrecho círculo de confianza — la crisis fue ampliamente documentada sin que se articularan soluciones de fondo. Hoy, el petitorio de los vecinos es claro y de carácter urgente: exigen la inyección de recursos municipales para el arriendo o compra de una flota adecuada de camiones aljibe que asegure la continuidad diaria del suministro hídrico, mientras se establece una mesa de trabajo vinculante y resolutiva con el Ministerio de Obras Públicas y el área de vivienda para urbanizar de manera definitiva un sector que, a pesar de contar con títulos de dominio legales, permanece inaceptablemente marginado de la dignidad urbana.
Fuente: Alvaro Torres Riobó
