Seguridad: ¿Por qué el presupuesto de Carabineros enfrenta su mayor tijeretazo?
En marzo de 2026, mientras la seguridad ciudadana se mantiene como la herida abierta de la opinión pública, una decisión administrativa desde el Ministerio de Hacienda ha instalado una paradoja difícil de digerir. La orden es tajante: una reducción transversal del 3% del gasto público que, en la práctica, le resta más de $72 mil millones a la cartera de Seguridad.
La matemática de la austeridad es fría y concentrada. Lo que en las oficinas de gobierno se presenta como una "búsqueda de eficiencia", en la calle se traduce en menos recursos para quienes deben enfrentar el crimen organizado. ¿Es posible fortalecer la protección del Estado mientras se desmantela el músculo financiero de sus instituciones principales?
EL IMPACTO DESPROPORCIONADO: EL 71% TIENE UN SOLO NOMBRE
La cifra es demoledora y no admite matices: Carabineros de Chile cargará con el 71% del ajuste total del ministerio, enfrentando un recorte de $51.612 millones para el año 2026. Esta concentración de la austeridad sitúa a la policía uniformada como el principal financista involuntario del ahorro fiscal del Gobierno.
Resulta irónico que, para cumplir con las metas de Hacienda, las propias instituciones hayan tenido que "elegir su propio veneno". Carabineros propuso recortar $11 mil millones en personal basándose en la subejecución del año anterior, una movida desesperada para salvar otros ítems, pero que termina validando la poda de sus propios recursos.
"Del desglose de los recortes, Carabineros recibiría el mayor ajuste, con un descenso de poco más de $51 mil millones... Ambas policías [Carabineros y PDI] aportarán el 94% de los recortes de la cartera".
EL PARADÓJICO RECORTE EN VEHÍCULOS: ¿PATRULLAJES EN ESPERA?
El golpe más visible ocurre en la flota. El presupuesto para compra de vehículos cayó en $33.271 millones, un 70,6% del total destinado a este fin. El subsecretario Andrés Jouannet justifica esta medida señalando que los tiempos de fabricación de 2 a 3 años generan una "subejecución" de fondos que Hacienda prefiere retirar.
Sin embargo, el recorte tiene una cara humana y operativa más profunda: se eliminaron $4.700 millones en bienes y servicios de consumo. Esto no afecta a autos que aún no llegan, sino al mantenimiento de los cuarteles y vehículos que hoy están en servicio. Hablamos de comisarías con infraestructura deteriorada y patrullas que podrían quedar varadas por falta de repuestos.
LA PDI Y EL "ESFUERZO MÁXIMO" EN PERSONAL
La Policía de Investigaciones (PDI) enfrenta un recorte de $16.669 millones, impactando su activo más valioso: el capital humano. La institución arrastra un déficit histórico de dotación, habiendo crecido apenas 2.317 funcionarios en los últimos 15 años. En este escenario, cualquier ajuste se siente como una estocada al corazón de la capacidad investigativa.
El recorte obliga a un "esfuerzo máximo" que pone en riesgo la efectividad territorial. Los puntos más críticos de este ajuste incluyen:
- Viáticos operativos: Menos movilidad para los detectives en terreno.
- Fronteras en jaque: Se compromete la modalidad 24/7 en pasos estratégicos como Cardenal Samoré.
- Déficit de especialistas: Se frena la contratación de 52 técnicos, el personal especializado clave para desatascar el retraso en las investigaciones.
PROGRAMAS ESTRELLA BAJO LA LUPA: "CALLES SIN VIOLENCIA"
La guillotina fiscal no perdonó a los planes diseñados para frenar los homicidios. El Plan Calles Sin Violencia sufrió un recorte de $1.787 millones, mientras que la Subsecretaría de Prevención del Delito perdió $3.526 millones, afectando directamente al programa "Somos Barrio".
CIBERSEGURIDAD: UN RECORTE DEL 97% EN MOVILIDAD
Incluso la Agencia Nacional de Ciberseguridad, nacida en 2024, ha sido golpeada. Aunque su campo de batalla es la red, su capacidad de gestión física fue virtualmente anulada: el presupuesto destinado a vehículos sufrió un recorte del 97%. Esta decisión ignora que la defensa digital requiere presencia física en centros de datos e infraestructura crítica.
MIRANDO HACIA EL FUTURO
El ajuste fiscal de 2026 revela una gestión de seguridad atrapada entre la urgencia de la calle y la frialdad de Hacienda. Al permitir que las policías aporten el 94% del ahorro de toda la cartera, el Estado corre el riesgo de hipotecar la operatividad futura por un alivio contable inmediato.
La pregunta para el ciudadano es inevitable: ¿es realmente "eficiencia" recortar en el mantenimiento de cuarteles y en la contratación de técnicos investigadores en medio de una crisis criminal? La balanza entre la austeridad fiscal y la eficacia policial nunca había estado tan inclinada hacia el riesgo.
