Tu educación no vale más que mi vida

Por Paulo Vargas Saldía

El cruel asesinato de nuestra colega, María Victoria Reyes, inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, no es un hecho aislado ni una "tragedia fortuita". Es el resultado directo de una década de abandono, de una burocracia que asfixia y de una política educativa que, desde 2011, ha priorizado el “papeleo” por sobre la vida de quienes trabajamos en las aulas.

Como trabajadores de la educación, hemos sido formados en la doctrina de la inclusión y en el respeto sagrado al Derecho a la Educación. Sin embargo, la tragedia de María Victoria Reyes nos obliga a establecer una frontera ética y legal que el Estado ha ignorado por años: El derecho a la educación de un estudiante termina exactamente donde comienza mi derecho a trabajar en un ambiente seguro y a regresar vivo a mi hogar.

No existe pedagogía posible bajo la amenaza de un arma, ni hay proyecto educativo que justifique el sacrificio de un trabajador. Por décadas, se nos ha impuesto una visión romántica y abnegada donde el asistente de educación debe "aguantar" insultos, escupitajos y amenazas en nombre de la "reinserción" o la "vulnerabilidad" del menor. Hoy decimos con claridad: La vulnerabilidad social no es una licencia para matar, ni la calidad de estudiante es un escudo de impunidad penal.

 

I. LA "PRIMERA LÍNEA" ESTÁ DESPROTEGIDA

María Victoria fue asesinada por cumplir con su labor: intentar que un estudiante ingresara a clases. Como ella, miles de inspectores y auxiliares enfrentamos diariamente una violencia que ha mutado. Ya no estamos hablando de simples conflictos entre pares; estamos enfrentando planificaciones criminales, tráfico de drogas, porte de armas blancas y de fuego, y una crisis de salud mental juvenil que el sistema pretende que resolvamos con "mediaciones" y "diálogos" que hoy resultan insuficientes y peligrosos.

Las cifras no mienten: el aumento del 121% en agresiones a adultos desde el retorno a la presencialidad es un grito de auxilio que las autoridades ignoraron. Mientras las estadísticas de denuncias ante la Superintendencia de Educación baten récords año tras año, nosotros, los asistentes, seguimos siendo el eslabón más débil de la cadena, sin facultades legales claras y sin protección real ante las amenazas.

El derecho a la educación no es un derecho absoluto que flote en el vacío; es un derecho que requiere, como condición mínima de existencia, un entorno de paz. Si no hay seguridad para el que enseña, no hay educación para el que aprende. Cuando el Estado nos obliga a convivir con agresores que planifican matanzas, no está garantizando el derecho a la educación, está administrando el peligro a costa de nuestra integridad física.

 

II. SOBRE LA NUEVA LEY DE CONVIVENCIA Y EL FIN DE LA BUROCRACIA

Valoramos la tramitación de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar, pero nuestra preocupación es profunda: ¿Llegará a tiempo? ¿Será solo más papel?

 

Exigimos que la implementación de esta ley sea inmediata y sin medias tintas en los siguientes puntos:

• Agilización Real de Expulsiones: No podemos seguir permitiendo que un estudiante que porta un arma o planifica una masacre permanezca en el mismo espacio físico que sus potenciales víctimas. El "procedimiento abreviado" debe ser efectivo hoy, no en meses. La seguridad de la mayoría no puede seguir subordinada a una burocracia que protege al agresor y desampara a la víctima.
• Recursos Reales (USE): El aumento de la Unidad de Subvención Escolar (USE) debe verse reflejado en la contratación de personal especializado con dedicación exclusiva. No aceptaremos que esos fondos se pierdan en gastos administrativos innecesarios. Necesitamos duplas psicosociales permanentes que detecten a tiempo el odio y la violencia que se gesta en los cuadernos y redes sociales de nuestros alumnos.

 

III. LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL ÉXODO DE FAMILIAS

Miramos con alarma cómo nuestros liceos públicos se desmantelan. La violencia está empujando a las familias a huir hacia el sector particular subvencionado o hacia los exámenes libres. La educación pública está muriendo porque ha dejado de ser un lugar seguro.

Si el Estado no es capaz de garantizarnos que volveremos vivos a nuestras casas después de una jornada laboral, está fallando en su deber más básico. La pérdida de matrícula en la Enseñanza Media es el síntoma de una sociedad que ya no confía en su escuela como espacio de protección. Sumado a esto, está la cantidad de profesores y asistentes de educación que por miedo han decidido a renunciar a su vocación.

 

IV. NUESTRAS EXIGENCIAS INNEGOCIABLES

Por la memoria de María Victoria Reyes y por la integridad de los más de los miles de asistentes de la educación en Chile, exigimos:

• Participación Vinculante: Que los asistentes de educación tengan voz y voto real en el Consejo Escolar. Somos nosotros quienes conocemos el pulso del patio, la calle y los pasillos.
• Protección Jurídica Obligatoria: Que sea obligación del sostenedor (SLEP o Municipalidad) querellarse criminalmente ante cualquier agresión a un funcionario, sin excepciones ni "perdonazos" administrativos.
• Reparación en Salud Mental: Programas de intervención psicológica de urgencia para las comunidades afectadas por traumas de violencia extrema.
• Del deber de educar al deber de proteger: Exigimos que la ley reconozca que el Estatuto de los Asistentes de la Educación y el Código del Trabajo tienen preeminencia en situaciones de crisis. Si un establecimiento no puede garantizar la integridad física de un trabajador, ese establecimiento debe ser intervenido de inmediato.

Rechazamos la idea de que la violencia sea un "riesgo del oficio". Ser asistente de la educación es una vocación de servicio, no una misión suicida. La nueva normativa debe ser explícita: ante el primer indicio de un arma o de un plan de agresión, el derecho del estudiante a permanecer en el aula queda suspendido de inmediato. La educación de quien agrede debe continuar en centros especializados de reclusión o reinserción, pero nunca más a costa del miedo y la sangre de sus profesores e inspectores.

La educación es un derecho, pero la vida es un bien superior. No aceptaremos que se nos pida "tolerancia" cuando lo que enfrentamos es la muerte. Si las autoridades no actúan con la fuerza que la ley les otorga para limpiar de armas nuestras escuelas y fortalecer nuestra autoridad, las comunidades educativas nos veremos obligadas a tomar medidas para resguardar nuestra propia existencia.

 

Paulo Vargas Saldía

Presidente Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipal AGRESE

Osorno