Contraloría invalida sumario en Servicio de Salud Osorno

Servicio de Salud Osorno
La Contraloría Regional de Los Lagos invalidó parcialmente un sumario disciplinario del Servicio de Salud Osorno. Pese al dictamen, la institución mantiene las sanciones previas contra la funcionaria afectada, desatando un complejo conflicto jurídico por presunta arbitrariedad.

El sumario original comenzó en enero del año pasado tras las denuncias presentadas por dos funcionarios. La investigación interna derivó rápidamente en una suspensión de tres meses, dejando a la trabajadora con el goce de apenas un setenta por ciento de sus remuneraciones mensuales.

El reciente Oficio 55356 de la Contraloría fue categórico al cuestionar la resolución inicial. El organismo fiscalizador estableció que las imputaciones se redactaron en términos genéricos, impidiendo el legítimo derecho a la defensa al no vincularse con fechas, pruebas o situaciones comprobables.

Mediante la Resolución Exenta 5940, el director del Servicio de Salud de Osorno ordenó recientemente retrotraer el proceso a la etapa de formulación de cargos. Esto responde directamente a la orden del ente contralor para subsanar la falta de precisión en las acusaciones por acoso laboral.

Esta decisión administrativa generó una disputa legal en la zona. El abogado defensor, Juan Carlos Claret, denunció que mantener la suspensión y el descuento salarial vulnera el principio jurídico de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

En contraste, el departamento jurídico de la repartición pública sostendría que la invalidación responde únicamente a errores de forma. Por ello, argumenta que la funcionaria - con 35 años de servicio- no está absuelta y que las eventuales restituciones económicas se definirán al concluir el nuevo acto administrativo.

La controversia se agrava por el precario estado de la trabajadora, quien padece una severa discapacidad motora. Tras ser removida de su cargo de jefatura, fue destinada a labores de bodega que exigen un esfuerzo físico completamente incompatible con su salud.

Adicionalmente, la defensa habría constatado que no se le han proporcionado adaptaciones básicas, como una silla adecuada, en su actual lugar de trabajo. Simultáneamente, su cargo original en el departamento de remuneraciones habría sido llamado a concurso público mientras cumplía la polémica sanción.

Los representantes legales subrayaron que sancionar sin un fundamento sólido constituye un acto de absoluta arbitrariedad institucional. Advirtieron además sobre el severo daño psicológico provocado, destacando la frustración de la profesional al ser forzada a realizar labores físicas que médicamente está impedida de ejecutar.

Fuente: Paislobo Prensa / Agencia MI
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