El dilema de la billetera municipal

¿Qué es más urgente para una comuna: financiar canastas de alimentos para familias en situación de calle o costear el catering de una festividad local? Este dilema, que debería resolverse bajo criterios estrictos de sensibilidad social y eficiencia administrativa, ha quedado bajo la lupa tras una reveladora investigación. El informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 22 de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto cifras definitivas sobre la mesa: entre 2024 y 2025, los municipios chilenos desembolsaron la suma de $31.034.612.672 en compras asociadas a celebraciones, conmemoraciones y aniversarios.

Para un analista de políticas públicas, la cifra es alarmante no solo por su magnitud, sino por lo que oculta. El informe advierte que este monto excluye los gastos de corporaciones municipales y las festividades de Fiestas Patrias, lo que sugiere que el costo real de "la fiesta" en Chile es significativamente mayor. Estamos ante una radiografía del gasto público que obliga a preguntarnos si la gestión local ha perdido el norte de sus prioridades.

Cuando la fiesta le gana a la asistencia social

El hallazgo más crítico de la CGR identifica a municipios donde el gasto anual en eventos superó con creces la inversión destinada a la asistencia social directa para personas naturales. No se trata de errores de cálculo aislados, sino de una estructura de gasto cuestionable que se repitió con insistencia.

Durante 2024, localidades como Talca, Camarones, Huara y San Pedro de Atacama presentaron una brecha preocupante, gastando más de $90 millones adicionales en eventos en comparación con lo invertido en ayudas sociales. Esta tendencia fue sistémica en Alto Hospicio, Arica y Pozo Almonte, comunas que repitieron este comportamiento deficitario en ambos periodos (2024-2025).

Esta disparidad contraviene el espíritu de la normativa vigente, que es clara sobre el destino de los tributos de los ciudadanos:

"Los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de sus funciones propias y orientarse al beneficio de la comunidad local y al interés general (arts. 3, 4 y 5 de la Ley N° 18.695)."

El insólito ranking del gasto per cápita: ¿$981.000 por persona?

Al analizar la eficiencia del gasto por habitante, los datos revelan anomalías matemáticas difíciles de justificar. Mientras el promedio nacional se sitúa en $9.064 por persona, en pequeñas comunidades rurales el gasto se dispara a niveles estratosféricos.

Los casos más extremos de gasto per cápita son:

• Río Verde: $981.871 por habitante (con una población de apenas 102 personas).
• Sierra Gorda: $201.964 por habitante (1.472 personas).
• Camarones: $198.915 por habitante (861 personas).
• Laguna Blanca: $154.081 por habitante (269 personas).
• Torres del Paine: $105.109 por habitante (203 personas).

Desde una perspectiva de política pública, que Río Verde gaste casi un millón de pesos por residente en festejos mientras otras comunas luchan por cubrir servicios básicos, evidencia una desconexión total con el principio de proporcionalidad.

Un calendario para todo: Del "Día del Payador" al "Día del Perro"

La creatividad municipal para inventar hitos que justifiquen el gasto público parece no tener techo. La CGR detectó compras por un total de $136.489.150 destinadas a efemérides que escapan a cualquier calendario tradicional.

Entre las celebraciones financiadas se encuentran:

• Día de la Trashumancia, del Payador y del Artista Local.
• Día del Títere, del Rock y del Circo.
• Día de la Sonrisa, de las Mascotas, del Perro y de la Primavera.
• Día de la Cuidadora y Día de la Amistad.
• El curioso festejo de "Los que pasamos agosto".

Bajo la jurisprudencia del Dictamen N° 16.903, la Contraloría recuerda que estos eventos deben ser un "medio" para cumplir objetivos municipales y no un "fin en sí mismo". Es difícil argumentar cómo el "Día de la Sonrisa" cumple una función pública esencial cuando las necesidades sociales básicas quedan en segundo plano.

El costo invisible: Catering, parlantes y baños químicos

El análisis de las órdenes de compra revela que el 39% del presupuesto total ($12.095.188.345) no se fue en beneficios directos, sino en la logística necesaria para sostener la puesta en escena. Los recursos se concentraron en:

• Catering (servicios de alimentación y banquetetería).
• Equipos de sonido, escenarios y servicios de producción.
• Baños químicos.

En cuanto a las temáticas, el Día Internacional de la Mujer lideró el gasto con 4.447 millones, seguido por el Día de las Infancias (3.682 millones). Sin embargo, resultan llamativos los montos destinados a fechas como el Día de la Madre (1.583 millones) o Halloween (849 millones), cifras que superan con creces los presupuestos de asistencia social de decenas de municipios pequeños.

La lupa de la Contraloría: Auditorías por sobre el promedio

El informe CIC N° 22 es parte de una ofensiva fiscalizadora. La CGR ha establecido parámetros claros para identificar irregularidades: en 2024, 118 municipios superaron el promedio nacional de gasto de 51 millones, mientras que en 2025, 104 entidades excedieron la media de 38 millones.

Además, el organismo puso especial atención en un grupo de 11 municipalidades que superaron los $360 millones en gasto total acumulado, destacando casos como Victoria, Teno y Melipilla.

Como consecuencia, se dispondrán:

• Fiscalizaciones y exámenes de cuentas para quienes gastaron más en fiestas que en asistencia social.
• Auditorías centradas en los principios de "economicidad y eficiencia", exigiendo que cada peso gastado se justifique en las necesidades reales y no en el mero espectáculo.

Hacia una gestión de prioridades

La gestión pública no es un ejercicio de relaciones públicas, sino de administración de recursos escasos para necesidades infinitas. Los datos de la Contraloría son una llamada de atención: mientras se gastan más de $136 millones en "días particulares" de dudoso impacto comunitario, miles de ciudadanos esperan por ayudas sociales que no llegan.

El control de estos recursos es una responsabilidad compartida entre los organismos fiscalizadores y una ciudadanía informada. Al cerrar este análisis, la pregunta es inevitable: ¿Es la celebración un lujo que nuestros municipios pueden permitirse por encima de la asistencia social, o hemos extraviado definitivamente el sentido del servicio público en favor de la pirotecnia electoral?