La violencia en las escuelas: el profesorado como víctima
Por Carlos Delgado Álvarez, Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Los Lagos.
En el debate actual sobre la crisis en la convivencia escolar, la atención pública se ha enfocado, con razón, en proteger a los estudiantes. Sin embargo, este enfoque ha tendido a ocultar una dimensión igualmente importante: la creciente vulnerabilidad de los docentes ante diferentes tipos de violencia en su trabajo. No es solo un problema práctico, sino un fenómeno que desafía el propio papel de la escuela en una sociedad democrática. La evidencia internacional muestra que las agresiones verbales, psicológicas y físicas contra los profesores siguen siendo comunes (UNESCO, 2019), pero limitar esta problemática a un asunto disciplinario no es suficiente desde un análisis profundo. Lo que está en juego es una transformación más profunda: la pérdida de autoridad pedagógica y la crisis de legitimidad de las instituciones modernas.
El ejemplo chileno refleja claramente esta tendencia. En recientes años, varias agresiones contra docentes, incluyendo actos de violencia física por parte de estudiantes y apoderados, han sido muy difundidas, demostrando que la vulnerabilidad del profesorado ya no es solo una percepción, sino una realidad comprobada. Además, hay un aumento constante en las denuncias de maltrato a docentes reportadas por organismos oficiales, y los resultados del estudio TALIS 2018 de la OCDE posicionan a Chile por encima del promedio en percepción de indisciplina y deterioro del clima en el aula. Estos antecedentes, lejos de ser casos aislados, indican un patrón estructural que impacta directamente en el bienestar de los docentes y en la calidad de la educación.
El análisis resulta incompleto si no se considera cómo el sistema educativo influye en estas condiciones. En las últimas décadas, el sistema escolar chileno ha visto una expansión de políticas, programas y mecanismos de control que, en conjunto, han saturado la institución y ahogado la vida escolar. Desde una perspectiva bourdieusiana, esta sobreintervención genera tensiones al imponer lógicas externas, diluyendo la autonomía docente y erosionando su capital simbólico, además de aumentar las exigencias administrativas, las iniciativas superpuestas y la falta de una política coherente, lo que crea una sobrecarga que limita el tiempo pedagógico, debilita la autoridad del docente y reduce la gestión de conflictos. Por ello, la violencia escolar no es solo episodios disruptivos, sino también una violencia sistémica, donde la organización del trabajo escolar, fragmentada y que externaliza las demandas sociales, configura un entorno de desprotección. Aunque se ampliaron los marcos normativos de protección, no se consolidó un sistema sólido que reconozca al docente como sujeto de derechos, lo que afecta su bienestar y pone en riesgo la viabilidad del proyecto educativo.
Por lo tanto, la respuesta no puede consistir en la simple intensificación de medidas disciplinarias ni en la proliferación de nuevos dispositivos normativos que continúan recargando a las escuelas. Lo que se requiere es una reconfiguración sistémica que restituya las condiciones de legitimidad institucional, reconozca efectivamente al profesorado como sujeto de derechos y reorganice las responsabilidades en el sistema educativo. Ello implica revisar críticamente la sobrecarga estructural derivada de la expansión desarticulada de políticas públicas, fortalecer mecanismos de apoyo que no recaigan exclusivamente en la gestión escolar y reconstruir la autoridad pedagógica como un principio constitutivo de la vida democrática, lo que en última instancia significa proteger a quienes enseñan y no en añadir nuevas capas de intervención, sino en restablecer las condiciones estructurales que hacen posible el ejercicio de la docencia en un marco de reconocimiento, resguardo y legitimidad.
Fuente información: carlos.delgado@ulagos.cl
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En el debate actual sobre la crisis en la convivencia escolar, la atención pública se ha enfocado, con razón, en proteger a los estudiantes. Sin embargo, este enfoque ha tendido a ocultar una dimensión igualmente importante: la creciente vulnerabilidad de los docentes ante diferentes tipos de violencia en su trabajo. No es solo un problema práctico, sino un fenómeno que desafía el propio papel de la escuela en una sociedad democrática. La evidencia internacional muestra que las agresiones verbales, psicológicas y físicas contra los profesores siguen siendo comunes (UNESCO, 2019), pero limitar esta problemática a un asunto disciplinario no es suficiente desde un análisis profundo. Lo que está en juego es una transformación más profunda: la pérdida de autoridad pedagógica y la crisis de legitimidad de las instituciones modernas.
El ejemplo chileno refleja claramente esta tendencia. En recientes años, varias agresiones contra docentes, incluyendo actos de violencia física por parte de estudiantes y apoderados, han sido muy difundidas, demostrando que la vulnerabilidad del profesorado ya no es solo una percepción, sino una realidad comprobada. Además, hay un aumento constante en las denuncias de maltrato a docentes reportadas por organismos oficiales, y los resultados del estudio TALIS 2018 de la OCDE posicionan a Chile por encima del promedio en percepción de indisciplina y deterioro del clima en el aula. Estos antecedentes, lejos de ser casos aislados, indican un patrón estructural que impacta directamente en el bienestar de los docentes y en la calidad de la educación.
El análisis resulta incompleto si no se considera cómo el sistema educativo influye en estas condiciones. En las últimas décadas, el sistema escolar chileno ha visto una expansión de políticas, programas y mecanismos de control que, en conjunto, han saturado la institución y ahogado la vida escolar. Desde una perspectiva bourdieusiana, esta sobreintervención genera tensiones al imponer lógicas externas, diluyendo la autonomía docente y erosionando su capital simbólico, además de aumentar las exigencias administrativas, las iniciativas superpuestas y la falta de una política coherente, lo que crea una sobrecarga que limita el tiempo pedagógico, debilita la autoridad del docente y reduce la gestión de conflictos. Por ello, la violencia escolar no es solo episodios disruptivos, sino también una violencia sistémica, donde la organización del trabajo escolar, fragmentada y que externaliza las demandas sociales, configura un entorno de desprotección. Aunque se ampliaron los marcos normativos de protección, no se consolidó un sistema sólido que reconozca al docente como sujeto de derechos, lo que afecta su bienestar y pone en riesgo la viabilidad del proyecto educativo.
Por lo tanto, la respuesta no puede consistir en la simple intensificación de medidas disciplinarias ni en la proliferación de nuevos dispositivos normativos que continúan recargando a las escuelas. Lo que se requiere es una reconfiguración sistémica que restituya las condiciones de legitimidad institucional, reconozca efectivamente al profesorado como sujeto de derechos y reorganice las responsabilidades en el sistema educativo. Ello implica revisar críticamente la sobrecarga estructural derivada de la expansión desarticulada de políticas públicas, fortalecer mecanismos de apoyo que no recaigan exclusivamente en la gestión escolar y reconstruir la autoridad pedagógica como un principio constitutivo de la vida democrática, lo que en última instancia significa proteger a quienes enseñan y no en añadir nuevas capas de intervención, sino en restablecer las condiciones estructurales que hacen posible el ejercicio de la docencia en un marco de reconocimiento, resguardo y legitimidad.
Fuente información: carlos.delgado@ulagos.cl
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