El plan para destrabar la inversión según Pivotes
La propuesta legislativa busca acelerar la tramitación de proyectos de inversión mediante la reducción de plazos en el Sistema de Evaluación Ambiental y la implementación de un mecanismo de reembolso estatal ante la invalidación judicial de permisos.
El director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, analizó junto al Centro de Estudios Horizontal el impacto de la nueva ley de reconstrucción nacional. El estudio se concentró exclusivamente en el sistema de permisos ambientales para evaluar su efectividad frente a la incertidumbre del sector.
El diagnóstico compartido por los especialistas advierte un aumento crítico en los tiempos de tramitación, donde los estudios de impacto ambiental duplicaron sus plazos en la última década. Un proyecto promedio pasó de registrar quinientos días de evaluación a requerir casi mil en la actualidad.
La reforma busca empoderar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como un árbitro técnico para filtrar requerimientos desproporcionados de los organismos estatales. Asimismo, limita las impugnaciones prolongadas mediante la unificación de los recursos de invalidación bajo la normativa ambiental específica.
El punto más debatido radica en la restitución de costos para titulares si la justicia anula un permiso ya otorgado. Esta medida busca evitar que las empresas esperen hasta cuatro años de litigio antes de iniciar obras y generar empleo.
Desde la institución sugieren acotar el riesgo fiscal del Estado mediante un procedimiento judicial de vía rápida o "fast track". También proponen evaluar una contraprestación económica o prima por parte de los privados para mitigar el impacto patrimonial público.
Fuente: Rocío Gambra para PL Prensa - Foto de micheile henderson en Unsplash
El director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, analizó junto al Centro de Estudios Horizontal el impacto de la nueva ley de reconstrucción nacional. El estudio se concentró exclusivamente en el sistema de permisos ambientales para evaluar su efectividad frente a la incertidumbre del sector.
El diagnóstico compartido por los especialistas advierte un aumento crítico en los tiempos de tramitación, donde los estudios de impacto ambiental duplicaron sus plazos en la última década. Un proyecto promedio pasó de registrar quinientos días de evaluación a requerir casi mil en la actualidad.
La reforma busca empoderar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como un árbitro técnico para filtrar requerimientos desproporcionados de los organismos estatales. Asimismo, limita las impugnaciones prolongadas mediante la unificación de los recursos de invalidación bajo la normativa ambiental específica.
El punto más debatido radica en la restitución de costos para titulares si la justicia anula un permiso ya otorgado. Esta medida busca evitar que las empresas esperen hasta cuatro años de litigio antes de iniciar obras y generar empleo.
Desde la institución sugieren acotar el riesgo fiscal del Estado mediante un procedimiento judicial de vía rápida o "fast track". También proponen evaluar una contraprestación económica o prima por parte de los privados para mitigar el impacto patrimonial público.
Fuente: Rocío Gambra para PL Prensa - Foto de micheile henderson en Unsplash
