Fraude en Puerto Montt: Renuncia masiva de abogados posterga juicio
Un complejo escenario enfrenta el proceso judicial por el millonario fraude en la Municipalidad de Puerto Montt y la Dirección de Administración de Educación Municipal (Daem), tras registrarse una deserción masiva de los equipos jurídicos privados a días de una audiencia clave.
El artículo de Marcelo Galindo en el diario El Llanquihue, señala que la renuncia de cuatro abogados defensores dejó a gran parte de los ocho imputados sin sus representantes de confianza. Esta situación obligó la intervención de la Defensoría Penal Pública a pocos días de la preparación del juicio oral, fijada originalmente para el martes 2 de junio.
El primer abogado en abandonar la causa fue Andrés Firmani, quien representaba al exalcalde Gervoy Paredes. Posteriormente, José Miguel Devilat dejó la defensa de Carlos Soto, exdirector municipal de Concesiones, debilitando la estructura de representación privada previa.
Durante la última semana se sumaron las dimisiones de Nofal Abud, exrepresentante de Albán Mancilla, y de Jaime Ulloa, quien asesoraba a Carlos Parrao. Hasta el momento, el abogado Ricardo Oliva es el único que confirmó su continuidad con Alicia Hernández.
El detonante de esta salida conjunta es la proyección de la Fiscalía local. El Ministerio Público estima que el juicio oral podría extenderse entre ocho meses y un año debido a la enorme cantidad de pruebas documentales y testimoniales recopiladas.
Nofal Abud, exintendente regional, calificó la situación como insostenible para el ejercicio privado, argumentando que las audiencias diarias de lunes a viernes impiden atender otras causas. Ulloa coincidió en que se optó por el mutuo acuerdo ante la inviabilidad financiera del proceso.
Debido a estos cambios, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt evaluará el próximo 2 de junio una inminente reprogramación del debate. La prórroga busca permitir que los defensores públicos asignados se interioricen en la voluminosa carpeta investigativa del caso.
La defensora regional, María Soledad Llorente, garantizó la cobertura estatal del proceso, asegurando que la institución está articulada para resguardar el derecho constitucional a una defensa técnica, independiente de las dimensiones y la complejidad que adquiera el litigio de aquí en adelante.
La investigación penal mantiene en el centro de las indagatorias al exalcalde Gervoy Paredes. La acusación detalla un incremento patrimonial no justificado de $214.353.963 entre los años 2012 y 2022, detectándose un desfase del 21% entre sus ingresos formales y gastos reales.
La Fiscalía solicita penas que suman cerca de 15 años de presidio para el exjefe comunal de la capital regional. Asimismo, el organismo persecutor sostiene la existencia de una estructura de pagos ilícitos que presuntamente operaba bajo el mando de Carlos Soto.
Fuente: Diario El Llanquihue - Foto de Sasun Bughdaryan en Unsplash
El artículo de Marcelo Galindo en el diario El Llanquihue, señala que la renuncia de cuatro abogados defensores dejó a gran parte de los ocho imputados sin sus representantes de confianza. Esta situación obligó la intervención de la Defensoría Penal Pública a pocos días de la preparación del juicio oral, fijada originalmente para el martes 2 de junio.
El primer abogado en abandonar la causa fue Andrés Firmani, quien representaba al exalcalde Gervoy Paredes. Posteriormente, José Miguel Devilat dejó la defensa de Carlos Soto, exdirector municipal de Concesiones, debilitando la estructura de representación privada previa.
Durante la última semana se sumaron las dimisiones de Nofal Abud, exrepresentante de Albán Mancilla, y de Jaime Ulloa, quien asesoraba a Carlos Parrao. Hasta el momento, el abogado Ricardo Oliva es el único que confirmó su continuidad con Alicia Hernández.
El detonante de esta salida conjunta es la proyección de la Fiscalía local. El Ministerio Público estima que el juicio oral podría extenderse entre ocho meses y un año debido a la enorme cantidad de pruebas documentales y testimoniales recopiladas.
Nofal Abud, exintendente regional, calificó la situación como insostenible para el ejercicio privado, argumentando que las audiencias diarias de lunes a viernes impiden atender otras causas. Ulloa coincidió en que se optó por el mutuo acuerdo ante la inviabilidad financiera del proceso.
Debido a estos cambios, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt evaluará el próximo 2 de junio una inminente reprogramación del debate. La prórroga busca permitir que los defensores públicos asignados se interioricen en la voluminosa carpeta investigativa del caso.
La defensora regional, María Soledad Llorente, garantizó la cobertura estatal del proceso, asegurando que la institución está articulada para resguardar el derecho constitucional a una defensa técnica, independiente de las dimensiones y la complejidad que adquiera el litigio de aquí en adelante.
La investigación penal mantiene en el centro de las indagatorias al exalcalde Gervoy Paredes. La acusación detalla un incremento patrimonial no justificado de $214.353.963 entre los años 2012 y 2022, detectándose un desfase del 21% entre sus ingresos formales y gastos reales.
La Fiscalía solicita penas que suman cerca de 15 años de presidio para el exjefe comunal de la capital regional. Asimismo, el organismo persecutor sostiene la existencia de una estructura de pagos ilícitos que presuntamente operaba bajo el mando de Carlos Soto.
Fuente: Diario El Llanquihue - Foto de Sasun Bughdaryan en Unsplash
