Cuando roban la energía, paralizan la producción
Por Anita Jans, Gerente Aproleche Osorno.
Por años, los productores han aprendido a convivir con distintos desafíos. El clima, los costos, los mercados y las exigencias productivas forman parte de la actividad agrícola. Sin embargo, hay un problema que se ha vuelto cada vez más frecuente y que requiere una respuesta urgente: el robo de cables, transformadores y componentes eléctricos, motivado principalmente por el valor del cobre.
Hace algunos meses, la Fiscalía Regional de Los Lagos logró desbaratar una organización criminal dedicada al robo y exportación de cobre, con 22 detenidos y más de 40 vehículos incautados. Fue una señal positiva de que es posible enfrentar estas redes cuando existe coordinación entre las instituciones. Sin embargo, los robos continúan afectando a los sectores rurales de nuestra región.
El impacto de estos delitos va mucho más allá del valor económico de lo sustraído. Cuando un predio queda sin energía eléctrica, se paralizan las salas de ordeña, dejan de funcionar los equipos de refrigeración y se interrumpen procesos fundamentales para la producción. En muchos casos, el daño provocado termina siendo mucho mayor que el valor de los materiales robados.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. El Segundo Barómetro de Robo Agrícola de la Sociedad Nacional de Agricultura reveló que el 77,4% de los productores fue víctima de robos durante el último año y que un 43% sufrió tres o más delitos. Además, las mayores pérdidas económicas corresponden precisamente a instalaciones eléctricas, con daños que superan los $2.500 millones en la muestra analizada.
Detrás de estas cifras hay familias, trabajadores y empresas agrícolas que ven amenazada su actividad. Porque cuando se roba un transformador o cientos de metros de cable, no sólo se afecta a un productor, también se compromete la capacidad de seguir produciendo alimentos.
Por ello, desde Aproleche Osorno hacemos un llamado a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y persecución de estos delitos. Hoy existe una brecha que favorece la acción de las bandas dedicadas al robo de cobre: la falta de trazabilidad en la compra y venta de metales. En la práctica el comprador de metales sólo hace una declaración jurada de la cantidad de metal que compra y su origen. No existe una verificación de la transacción, ni se exigen documentos tributarios que lo acrediten. Mientras esa situación continúe, seguirá existiendo un incentivo para este tipo de delitos.
Las condiciones geográficas de nuestra zona han terminado convirtiéndose en un escenario favorable para la acción de los delincuentes. Frente a esta realidad, no podemos permanecer pasivos. Es fundamental fortalecer la coordinación entre productores, autoridades y organismos de seguridad, pero también aumentar las denuncias. Muchas veces los delitos no llegan a investigarse con toda la fuerza necesaria porque simplemente no se denuncian.
A la fecha existen apenas 27 denuncias por robo de cables en la zona, una cifra que no refleja la realidad que viven muchos productores. Sin denuncias, el problema se invisibiliza, se subestima y resulta más difícil destinar recursos para enfrentarlo.
La seguridad en el campo no puede seguir siendo una preocupación secundaria. Proteger la infraestructura eléctrica de los predios es proteger la producción de alimentos, el empleo rural y el desarrollo de nuestras regiones.
No podemos normalizar que quienes trabajan todos los días para producir alimentos tengan que hacerlo bajo la amenaza permanente de quedarse, literalmente, a oscuras.
Fuente información: fhidalgo@agenciacapitalsur.cl
Por años, los productores han aprendido a convivir con distintos desafíos. El clima, los costos, los mercados y las exigencias productivas forman parte de la actividad agrícola. Sin embargo, hay un problema que se ha vuelto cada vez más frecuente y que requiere una respuesta urgente: el robo de cables, transformadores y componentes eléctricos, motivado principalmente por el valor del cobre.
Hace algunos meses, la Fiscalía Regional de Los Lagos logró desbaratar una organización criminal dedicada al robo y exportación de cobre, con 22 detenidos y más de 40 vehículos incautados. Fue una señal positiva de que es posible enfrentar estas redes cuando existe coordinación entre las instituciones. Sin embargo, los robos continúan afectando a los sectores rurales de nuestra región.
El impacto de estos delitos va mucho más allá del valor económico de lo sustraído. Cuando un predio queda sin energía eléctrica, se paralizan las salas de ordeña, dejan de funcionar los equipos de refrigeración y se interrumpen procesos fundamentales para la producción. En muchos casos, el daño provocado termina siendo mucho mayor que el valor de los materiales robados.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. El Segundo Barómetro de Robo Agrícola de la Sociedad Nacional de Agricultura reveló que el 77,4% de los productores fue víctima de robos durante el último año y que un 43% sufrió tres o más delitos. Además, las mayores pérdidas económicas corresponden precisamente a instalaciones eléctricas, con daños que superan los $2.500 millones en la muestra analizada.
Detrás de estas cifras hay familias, trabajadores y empresas agrícolas que ven amenazada su actividad. Porque cuando se roba un transformador o cientos de metros de cable, no sólo se afecta a un productor, también se compromete la capacidad de seguir produciendo alimentos.
Por ello, desde Aproleche Osorno hacemos un llamado a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y persecución de estos delitos. Hoy existe una brecha que favorece la acción de las bandas dedicadas al robo de cobre: la falta de trazabilidad en la compra y venta de metales. En la práctica el comprador de metales sólo hace una declaración jurada de la cantidad de metal que compra y su origen. No existe una verificación de la transacción, ni se exigen documentos tributarios que lo acrediten. Mientras esa situación continúe, seguirá existiendo un incentivo para este tipo de delitos.
Las condiciones geográficas de nuestra zona han terminado convirtiéndose en un escenario favorable para la acción de los delincuentes. Frente a esta realidad, no podemos permanecer pasivos. Es fundamental fortalecer la coordinación entre productores, autoridades y organismos de seguridad, pero también aumentar las denuncias. Muchas veces los delitos no llegan a investigarse con toda la fuerza necesaria porque simplemente no se denuncian.
A la fecha existen apenas 27 denuncias por robo de cables en la zona, una cifra que no refleja la realidad que viven muchos productores. Sin denuncias, el problema se invisibiliza, se subestima y resulta más difícil destinar recursos para enfrentarlo.
La seguridad en el campo no puede seguir siendo una preocupación secundaria. Proteger la infraestructura eléctrica de los predios es proteger la producción de alimentos, el empleo rural y el desarrollo de nuestras regiones.
No podemos normalizar que quienes trabajan todos los días para producir alimentos tengan que hacerlo bajo la amenaza permanente de quedarse, literalmente, a oscuras.
Fuente información: fhidalgo@agenciacapitalsur.cl
