Ley de Datos Personales: Multas millonarias y cambios clave para empresas
A partir del próximo 1 de diciembre de 2026 entrará en vigencia la nueva Ley de Protección de Datos Personales, una reforma integral que promete transformar radicalmente la privacidad en Chile y el funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas.
El académico de la Universidad Central, doctor Pablo Contreras, detalló en entrevista con Rocío Gambra para País Lobo Prensa los alcances de la normativa que reemplazará las directrices vigentes desde 1999. La nueva legislación busca regular de forma estricta el uso de la información confidencial de los ciudadanos.
El cambio legal introduce la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, un ente técnico e independiente con amplias facultades fiscalizadoras. A diferencia del modelo anterior, este organismo podrá actuar de oficio o por denuncias ciudadanas para auditar a empresas y servicios públicos.
Uno de los puntos más complejos radica en el endurecimiento de las sanciones financieras. Las infracciones leves partirán con amonestaciones o multas de hasta 5.000 UTM. Por su parte, las faltas gravísimas podrían alcanzar las 20.000 UTM, equivalentes a casi 1.400 millones de pesos.
La ley exigirá que el consentimiento para tratar datos como el RUT, la huella dactilar o el historial de navegación sea libre, previo, informado y unívoco. Esto forzará la reestructuración de los sistemas de captura de datos y la eliminación de patrones oscuros en plataformas web.
Pablo Contreras enfatizó que el resguardo debe aplicarse tanto a infraestructuras digitales como a archivos analógicos en papel. Pese a que el plazo de vacancia legal se agota en diciembre, el experto advirtió que el tiempo de preparación para las empresas es acotado debido a la complejidad técnica requerida.
Fuente: Rocío Gambra - Foto de Claudio Schwarz en Unsplash
El académico de la Universidad Central, doctor Pablo Contreras, detalló en entrevista con Rocío Gambra para País Lobo Prensa los alcances de la normativa que reemplazará las directrices vigentes desde 1999. La nueva legislación busca regular de forma estricta el uso de la información confidencial de los ciudadanos.
El cambio legal introduce la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, un ente técnico e independiente con amplias facultades fiscalizadoras. A diferencia del modelo anterior, este organismo podrá actuar de oficio o por denuncias ciudadanas para auditar a empresas y servicios públicos.
Uno de los puntos más complejos radica en el endurecimiento de las sanciones financieras. Las infracciones leves partirán con amonestaciones o multas de hasta 5.000 UTM. Por su parte, las faltas gravísimas podrían alcanzar las 20.000 UTM, equivalentes a casi 1.400 millones de pesos.
La ley exigirá que el consentimiento para tratar datos como el RUT, la huella dactilar o el historial de navegación sea libre, previo, informado y unívoco. Esto forzará la reestructuración de los sistemas de captura de datos y la eliminación de patrones oscuros en plataformas web.
Pablo Contreras enfatizó que el resguardo debe aplicarse tanto a infraestructuras digitales como a archivos analógicos en papel. Pese a que el plazo de vacancia legal se agota en diciembre, el experto advirtió que el tiempo de preparación para las empresas es acotado debido a la complejidad técnica requerida.
Fuente: Rocío Gambra - Foto de Claudio Schwarz en Unsplash
