CPLT reporta a Hacienda 155 multas impagas por infracciones a la Ley de Transparencia
El Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió al Ministerio de Hacienda una nómina con 155 multas impagas aplicadas a autoridades y funcionarios estatales entre enero de 2022 y enero de 2026.
La documentación oficial fue presentada directamente ante el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, por el Consejo Directivo de la entidad fiscalizadora.
Esta comitiva institucional estuvo encabezada por la presidenta de la corporación, Natalia González, en conjunto con los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete.
La iniciativa busca articular acciones coordinadas con la Tesorería General de la República (TGR) para acelerar los procedimientos de cobranza judicial y administrativa de los montos adeudados.
El catastro consolidado por el órgano técnico identifica un total de 142 funcionarios pertenecientes a más de 90 organismos del aparato estatal chileno.
Entre las instituciones involucradas figuran múltiples municipalidades, corporaciones edilicias, gobiernos regionales, servicios públicos centralizados y una superintendencia sectorial.
Los antecedentes confirman que más de la mitad de las sanciones pecuniarias no regularizadas afectan de manera directa a alcaldes y jefes de servicio en ejercicio.
El remanente de los dictámenes sancionatorios recae sobre administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y encargados de las unidades de transparencia.
El desglose de los datos estadísticos evidencia que algunos de los infractores registran de forma simultánea dos y hasta tres multas firmes pendientes de pago.
El universo de deudores se compone tanto por personal que se mantiene en funciones directivas como por exautoridades que ya hicieron abandono de sus posiciones gubernamentales.
De acuerdo con el marco normativo chileno, el CPLT detenta la facultad privativa de fiscalizar la ley, instruir los sumarios y aplicar los castigos financieros respectivos.
No obstante, una vez que el acto administrativo se encuentra ejecutoriado, la potestad de cobro coactivo corresponde en exclusividad a la Tesorería General de la República.
La presidenta de la institución, Natalia González, enfatizó que la evasión de estas cargas constituye una señal de máxima gravedad para el principio de probidad.
Los castigos económicos previstos en la legislación equivalen a un rango que oscila entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor.
Más de dos tercios de los dictámenes acumulados se originaron por infracciones gravísimas a los deberes permanentes de Transparencia Activa en plataformas digitales.
Dichas omisiones implican la ausencia de datos actualizados sobre contratos públicos, compras, remuneraciones del personal y ejecución del presupuesto institucional.
El tercio restante de las sanciones obedece a la denegación injustificada de información pública requerida formalmente por ciudadanos mediante los canales de acceso legal.
Fuente: comunicaciones@mailing.consejotransparencia.cl
La documentación oficial fue presentada directamente ante el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, por el Consejo Directivo de la entidad fiscalizadora.
Esta comitiva institucional estuvo encabezada por la presidenta de la corporación, Natalia González, en conjunto con los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete.
La iniciativa busca articular acciones coordinadas con la Tesorería General de la República (TGR) para acelerar los procedimientos de cobranza judicial y administrativa de los montos adeudados.
El catastro consolidado por el órgano técnico identifica un total de 142 funcionarios pertenecientes a más de 90 organismos del aparato estatal chileno.
Entre las instituciones involucradas figuran múltiples municipalidades, corporaciones edilicias, gobiernos regionales, servicios públicos centralizados y una superintendencia sectorial.
Los antecedentes confirman que más de la mitad de las sanciones pecuniarias no regularizadas afectan de manera directa a alcaldes y jefes de servicio en ejercicio.
El remanente de los dictámenes sancionatorios recae sobre administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y encargados de las unidades de transparencia.
El desglose de los datos estadísticos evidencia que algunos de los infractores registran de forma simultánea dos y hasta tres multas firmes pendientes de pago.
El universo de deudores se compone tanto por personal que se mantiene en funciones directivas como por exautoridades que ya hicieron abandono de sus posiciones gubernamentales.
De acuerdo con el marco normativo chileno, el CPLT detenta la facultad privativa de fiscalizar la ley, instruir los sumarios y aplicar los castigos financieros respectivos.
No obstante, una vez que el acto administrativo se encuentra ejecutoriado, la potestad de cobro coactivo corresponde en exclusividad a la Tesorería General de la República.
La presidenta de la institución, Natalia González, enfatizó que la evasión de estas cargas constituye una señal de máxima gravedad para el principio de probidad.
Los castigos económicos previstos en la legislación equivalen a un rango que oscila entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor.
Más de dos tercios de los dictámenes acumulados se originaron por infracciones gravísimas a los deberes permanentes de Transparencia Activa en plataformas digitales.
Dichas omisiones implican la ausencia de datos actualizados sobre contratos públicos, compras, remuneraciones del personal y ejecución del presupuesto institucional.
El tercio restante de las sanciones obedece a la denegación injustificada de información pública requerida formalmente por ciudadanos mediante los canales de acceso legal.
Fuente: comunicaciones@mailing.consejotransparencia.cl
