Detienen a cinco deudores de pensiones por $16 millones en La Araucanía

Detienen a cinco deudores de pensiones por $16 millones en La Araucanía

Detectives de las unidades dependientes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvieron a cinco personas en la Región de La Araucanía, quienes registraban órdenes de arresto vigentes por el incumplimiento reiterado en el pago de pensiones de alimentos.

Los procedimientos policiales se concentraron de forma coordinada durante esta semana en las comunas de Lautaro, Villarrica, Victoria y Angol, logrando la ubicación de los requeridos en diversos puntos de la zona.

Las detenciones se ejecutaron en estricto cumplimiento a las resoluciones judiciales emanadas desde los respectivos Tribunales de Familia, los cuales dictaron los decretos de arresto ante la morosidad sostenida de las asignaciones financieras parentales.

De acuerdo con los antecedentes oficiales proporcionados por la institución policial, la suma global acumulada de las deudas de los cinco imputados asciende a un monto superior a los $16 millones por concepto de pensiones alimenticias impagas.

Los detalles operativos del procedimiento multi-comunal instruido por los tribunales especializados de la judicatura civil comprenden los siguientes antecedentes clave de la gestión policial regional:

  • Unidades policiales intervinientes: Detectives de las dotaciones operativas de la PDI en Lautaro, Villarrica, Victoria y Angol.
  • Origen de los requerimientos: Órdenes de arresto despachadas formalmente por los Tribunales de Familia competentes tras constatarse las infracciones legales de pago.
  • Monto total de lo adeudado: Una cifra consolidada que supera los $16.000.000 en perjuicio directo de los alimentarios beneficiarios del sistema.
  • Situación de los imputados: Los cinco imputados detenidos fueron puestos inmediatamente a disposición de los juzgados correspondientes para los respectivos controles de detención.

Tras la finalización de los operativos, los mandos policiales reafirmaron el compromiso institucional en torno al resguardo preferente de los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando la oportuna ejecución de las resoluciones judiciales.


Fuente: Comunicaciones PDI

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