¿Por qué falla el sistema de salud? Ineficiencia, medicamentos perdidos y sumarios sin fin

Salud Pública

Las revelaciones de May Chomali sobre la gestión de salud en Chile.

Cada mes, de manera casi automática, los trabajadores chilenos destinan el 7% de sus ingresos a Fonasa. A esto se suman los impuestos generales que pagamos todos cada vez que compramos un kilo de pan o un servicio básico. Estos recursos no le pertenecen al Estado ni a la coalición de turno; pertenecen a los ciudadanos. Esta premisa, que parece una obviedad teórica, impone una carga ética y administrativa colosal sobre quienes lideran el Ministerio de Salud (Minsal). Sin embargo, las recientes declaraciones de la Ministra de Salud, May Chomali, han dejado al descubierto que el sistema no solo sufre de falta de recursos, sino de una desidia administrativa que ha convertido el presupuesto público en un pozo con filtraciones históricas. La urgencia hoy, bajo el mandato de la ministra, es "ordenar la casa" para detener una hemorragia de ineficiencias que el país ya no puede permitirse.

El pozo sin fondo de los medicamentos: Entre el traslape y la "desesperanza aprendida"

Uno de los hallazgos más crudos es la pérdida de 2.000 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares) en medicamentos vencidos dentro de la Central de Abastecimiento (Cenabast). Lo que para un ciudadano común es una cifra astronómica, para la burocracia estatal parece haberse convertido en un "costo de hacer negocios". Aquí es fundamental distinguir entre la negligencia y la técnica: mientras que en viales multidosis es esperable una pérdida de hasta el 70% tras seis horas de apertura, el escándalo radica en las vacunas unidosis. La ministra Chomali identificó un vicio operativo crítico: la pérdida masiva de dosis de alto costo, como la del virus del papiloma humano (VPH), debido a un "traslape" o transición mal ejecutada entre un tipo de vacuna y otro. No fue falta de presupuesto; fue una parálisis operativa en la planificación de la compra pública. "Hay una suerte de 'desesperanza aprendida'. Cuando pregunté por estas pérdidas al llegar al ministerio, me dijeron: 'Bueno, es que está dentro del rango que se pierdan las vacunas'. Se acepta como algo normal lo que debería ser una excepción gestionable".

El limbo de los sumarios: Más de 3.5 años de "vacaciones" pagadas

La burocracia interna del Minsal ha permitido que el concepto de justicia administrativa se desvanezca. Actualmente, existen cerca de 10.000 sumarios abiertos relacionados con licencias médicas que no se han cerrado, algunos con años de retraso. El caso que mejor ilustra este vicio estructural es el de un profesional de la salud que pasó tres años y medio en su casa, recibiendo una parte relevante de su sueldo sin trabajar, mientras su proceso dormía en un escritorio. Esta parálisis genera un "doble gasto" que drena las arcas públicas: el Estado paga el sueldo del funcionario suspendido y, simultáneamente, debe financiar el reemplazo o las horas extras para cubrir esa vacante. Los factores que perpetúan este limbo son variados:

  • Vínculos de cercanía: En hospitales de zonas pequeñas, la familiaridad entre funcionarios impide que el fiscal actúe con rigor. "Es que es el doctor tanto", "es que es la secretaria de toda la vida".
  • La trampa del fiscal clínico: Se designa como fiscales a profesionales como enfermeros jefes de UCI, quienes, por su carga laboral crítica, no tienen tiempo real para tomar declaraciones o redactar actas.
  • Barreras geográficas y legales: Si un médico en sumario se traslada de Magallanes a Antofagasta, el proceso se detiene. La ley actual, en una muestra de anacronismo digital, no permite tomar declaraciones vía telemática, obligando a traslados físicos o al reinicio infinito de los plazos.

Licitaciones "a la medida": El vicio del dolo pre-diseñado

Si la pérdida de medicamentos suena a negligencia, el manejo de ciertos contratos apunta directamente al dolo. La ministra ha revelado una práctica que anula cualquier lógica de mercado: casos donde el proveedor y la contraparte técnica (como el personal de enfermería) se sientan juntos a redactar las bases de la licitación. Esto no es solo un error administrativo; es un vicio de origen. Cuando un contrato se diseña para que solo un oferente pueda ganarlo, se elimina la competencia y se condena al Estado a pagar sobreprecios. Esta "micro-corrupción" de pasillo es la que impide que los hospitales accedan a mejores tecnologías o precios más competitivos, perpetuando convenios directos que se renuevan por inercia durante años.

Los hospitales "mentores": Rescatando la transparencia perdida

Frente a este escenario, el Minsal busca reactivar una estrategia de transparencia que, según Chomali, existía en el pasado y se dejó de aplicar sin explicaciones claras. El plan consiste en publicar un ranking de eficiencia hospitalaria basado en indicadores de gestión de red y uso de recursos. La apuesta no es solo punitiva. Se busca crear una red de "hospitales mentores", donde los recintos con mejores indicadores transfieran su know-how a aquellos con peor desempeño. La tesis es clara: la lista de espera es solo un síntoma de una enfermedad mayor. Matar el síntoma con inyecciones de dinero es inútil si la "causa raíz" —pabellones subutilizados o consultas mal gestionadas— permanece intacta.

La "Fiscalía Móvil": Rompiendo el nudo legal

Para destrabar los procesos administrativos, el Ejecutivo ha planteado una fuerza de tarea técnica denominada "fiscalía móvil". Esta unidad no es solo un despliegue político, sino una necesidad legal para superar barreras que hoy parecen insalvables:

  • Personal de planta vs. Honorarios: La ley exige que quienes ejerzan funciones de fiscalía administrativa sean funcionarios públicos de planta. El Ministerio no puede simplemente contratar un bufete de abogados externo para cerrar los casos acumulados; requiere un equipo dedicado que actúe con la autoridad del cargo para terminar con la impunidad burocrática.
  • Modernización del procedimiento: La meta es habilitar declaraciones por videollamada y agilizar las notificaciones, permitiendo que la justicia administrativa siga al funcionario sin importar su ubicación geográfica.

La radiografía presentada por la administración de May Chomali sugiere que el problema de la salud en Chile no se resuelve únicamente con un aumento en la carga tributaria. La ineficiencia actual es el subproducto de una cultura organizacional que ha normalizado el "dejar pasar", sumada a sistemas digitales arcaicos y, en el peor de los casos, actos de corrupción premediatada. Cuando el 7% de los ciudadanos y los impuestos generales se diluyen en medicamentos que terminan en la basura o en sueldos de funcionarios que no prestan servicio por años, el pacto social se quiebra. La pregunta para el ciudadano hoy no es cuánto más debe pagar, sino si esta nueva estrategia de micro y macro-gestión logrará realmente desmantelar los vicios estructurales de la administración estatal. ¿Es posible "ordenar la casa" cuando los cimientos mismos de la burocracia parecen diseñados para la inmovilidad? La respuesta determinará el futuro de la salud pública chilena.

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