Senado aprueba financiamiento adicional por US$ 6.200 millones para el Estado
La Sala del Senado aprobó este martes 7 de julio de 2026 el proyecto de ley que autoriza al Fisco a contraer obligaciones financieras por un monto de hasta US$ 6.200 millones durante el presente ejercicio, quedando la iniciativa despachada a ley.
Con esta votación, la propuesta presentada por el Ejecutivo concluyó su tramitación legislativa en el Congreso Nacional y quedó en condiciones de ser promulgada por la Presidencia de la República para su posterior entrada en vigencia.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la relevancia de la aprobación, señalando que representa una muestra de responsabilidad para dar cobertura a un presupuesto que fue aprobado el año anterior con un financiamiento que se encontraba incompleto.
La máxima autoridad de las finanzas públicas chilenas enfatizó que la medida constituye una decisión concreta sobre cómo el Estado de Chile enfrenta responsablemente una situación fiscal que resultó ser distinta a la prevista originalmente en la formulación de la ley respectiva.
Esta autorización para contraer obligaciones posee un carácter adicional e independiente de la contemplada en la Ley de Presupuestos 2026, sumándose a los marcos previos con la finalidad de adecuar las necesidades efectivas identificadas por el Ministerio de Hacienda.
La necesidad de este ajuste se constató tras la actualización del escenario macroeconómico y fiscal contenida en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2026, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El citado informe técnico dio cuenta de un escenario fiscal más estrecho que el previsto en 2025, revelando que los ingresos considerados originalmente quedaron por sobre su comportamiento efectivo, mientras que diversas obligaciones de gasto no habían sido plenamente reconocidas.
Dicho descalce técnico derivó en un ajuste al alza en la estimación del déficit del ejercicio respecto de la proyección aprobada el año anterior, lo que obligó al Ejecutivo a recalcular los requerimientos de capital para asegurar la continuidad operacional del aparato estatal.
A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo estimó una necesidad de financiamiento de US$ 4.700 millones, cifra que contempla el impacto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda pública, requiriendo además un margen de resguardo financiero.
Al requerimiento base se adiciona un componente de US$ 1.500 millones destinado a capital de trabajo y a la reducción de la deuda flotante, lo que permitirá regularizar las obligaciones de pago pendientes con proveedores del sector público, incluyendo a pequeñas y medianas empresas.
El secretario de Estado enmarcó la iniciativa legal dentro de una planificación de mediano plazo, aclarando que no se trata de una medida aislada, sino de una pieza que integra una estrategia fiscal coherente para recuperar la solidez de las cuentas públicas.
La estrategia integral de consolidación fiscal detallada por el Ejecutivo ante el Poder Legislativo se fundamenta estructuralmente en cuatro pilares de gestión económica institucional:
- Primer pilar: Recuperar el crecimiento económico, bajo la premisa que no habrá consolidación fiscal sostenible sin un incremento de la inversión privada y la generación de más y mejor empleo regulado en el mercado laboral chileno.
- Segundo pilar: Racionalizar el gasto público mediante la aplicación estricta de acciones correctivas orientadas a contener el gasto corriente, mejorar la eficiencia del uso de recursos públicos y fortalecer la disciplina fiscal interna.
- Tercer pilar: Modernizar la gestión patrimonial del Estado, con especial foco en las empresas públicas, robusteciendo su tenacidad financiera e incrementando su capacidad de aporte estratégico al desarrollo económico y social del país.
- Cuarto pilar: Avanzar hacia una gestión integral del balance fiscal, implementando una administración activa de los activos, los pasivos financieros y los niveles globales de liquidez de la Tesorería General de la República.
Al cierre del debate legislativo, el titular de la cartera reafirmó el compromiso de la administración con el cumplimiento de los compromisos del Estado, la protección de la confianza de los mercados internacionales y la creación de condiciones para un crecimiento sostenible.
Fuente: Senado de la República de Chile / Ministerio de Hacienda
