Universidad es condenada por acoso laboral por culpa de uno de sus funcionarios
La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó el fallo de primera instancia y acogió una denuncia por tutela de derechos fundamentales en contra de la Universidad de Los Lagos, determinando la responsabilidad directa de la casa de estudios en la afectación de la salud psicológica de una trabajadora con contrato vigente.
El caso fue dado a conocer por la abogada Roxana Carrasco, quien explicó que la funcionaria optó por no canalizar la situación a través de la Ley Karin ni de la Inspección del Trabajo, recurriendo en su lugar de forma directa a la evaluación de su respectiva mutualidad. El organismo administrador calificó la afección como una enfermedad profesional derivada de un ambiente de acoso laboral prolongado.
A pesar de que el Tribunal Laboral de Osorno desestimó inicialmente la responsabilidad de la institución, el tribunal de alzada aplicó el artículo 184 del Código del Trabajo. Dicha normativa establece el deber general de protección eficaz que obliga a todo empleador a mantener espacios laborales libres de riesgos y a implementar medidas preventivas antes de que se consume el daño en la salud del personal.
Durante el proceso se acreditó que el presunto agresor acumulaba más de nueve sumarios vigentes, la mayoría de ellos motivados por denuncias de acoso laboral presentadas por otros dependientes. Pese a los reiterados reclamos de la víctima y a los antecedentes existentes, la universidad estatal no adoptó medidas de resguardo oportunas para mitigar los factores de riesgo internos.
La particularidad del fallo radica en que la acción judicial se ejecutó con la relación laboral vigente, permitiendo que la afectada conserve su puesto de trabajo en lugar de recurrir a la figura del autodespido. La sentencia faculta la exigencia de indemnizaciones pecuniarias y la implementación forzosa de medidas de reparación en el tribunal, tales como la separación definitiva del agresor de los espacios comunes de la denunciante.
Fuente: Entrevista de Rocío Gambra a la abogada Roxana Carrasco en País Lobo Prensa
El caso fue dado a conocer por la abogada Roxana Carrasco, quien explicó que la funcionaria optó por no canalizar la situación a través de la Ley Karin ni de la Inspección del Trabajo, recurriendo en su lugar de forma directa a la evaluación de su respectiva mutualidad. El organismo administrador calificó la afección como una enfermedad profesional derivada de un ambiente de acoso laboral prolongado.
A pesar de que el Tribunal Laboral de Osorno desestimó inicialmente la responsabilidad de la institución, el tribunal de alzada aplicó el artículo 184 del Código del Trabajo. Dicha normativa establece el deber general de protección eficaz que obliga a todo empleador a mantener espacios laborales libres de riesgos y a implementar medidas preventivas antes de que se consume el daño en la salud del personal.
Durante el proceso se acreditó que el presunto agresor acumulaba más de nueve sumarios vigentes, la mayoría de ellos motivados por denuncias de acoso laboral presentadas por otros dependientes. Pese a los reiterados reclamos de la víctima y a los antecedentes existentes, la universidad estatal no adoptó medidas de resguardo oportunas para mitigar los factores de riesgo internos.
La particularidad del fallo radica en que la acción judicial se ejecutó con la relación laboral vigente, permitiendo que la afectada conserve su puesto de trabajo en lugar de recurrir a la figura del autodespido. La sentencia faculta la exigencia de indemnizaciones pecuniarias y la implementación forzosa de medidas de reparación en el tribunal, tales como la separación definitiva del agresor de los espacios comunes de la denunciante.
Fuente: Entrevista de Rocío Gambra a la abogada Roxana Carrasco en País Lobo Prensa
