Discusión zanjada: municipios sí son los encargados de fiscalizar la extracción de áridos
Sólo queda determinar, por lo tanto, si los permisos de explotación extendidos por las Municipalidades de Osorno y Puerto Octay entre 2014 y 2018, contaban o no con informes favorables de la DOH del MOP, que hasta ahora ha guardado silencio sobre este punto específico.
A cinco días de la caída del puente Cancura, ya existe claridad respecto de las responsabilidades involucradas en una de las aristas de la investigación, como es la extracción de áridos en las inmediaciones del viaducto que, según el informe de Vialidad del mes de octubre de 2017, socavó las tres cepas del mismo, una de las cuales terminó sucumbiendo durante el proceso de reparación iniciado en marzo de 2018. Básicamente, el tema funciona así: las riberas de los ríos son bienes nacionales de uso público, por lo cual, su administración corresponde a las municipalidades, lo que incluye la extensión de permisos para extraer áridos; la fiscalización para que estos no excedan lo autorizado; y el cuidado de que no existan extracciones ilegales de terceros. En tanto, la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, del Ministerio de Obras Públicas, MOP, es la responsable de emitir el informe técnico que indica dónde y cómo se puede extraer, lo que debía estar en concordancia con el Plan Maestro de Manejo de la Cuenca del río Rahue, el que para el caso específico del sitio de extracción aledaño al puente Cancura, no podía exceder los 70.000 metros cúbicos al año.
Así las cosas, lo que deberá determinar la investigación que desarrolla la fiscal Leyla Chahín, es si efectivamente los informes de la DOH extendidos a los municipios de Osorno y Puerto Octay entre 2014 y 2018 se ciñeron o no a lo establecido en el Plan Maestro; si todos los permisos emanados de las corporaciones edilicias contaban con dichos informes de respaldo del organismo dependiente del MOP y, finalmente, si las municipalidades fiscalizaron que se cumplieran los parámetros de las autorizaciones que extendieron.
Atrás quedó la polémica entre la directora de Obras Municipales, DOM, Ángela Villarroel, y el diputado por el Distrito 25, Fidel Espinoza, luego de que la primera señalara que el parlamentario “confundía a la opinión pública” al aludir al rol fiscalizador de las municipalidades. Lo dicho por el parlamentario está en línea con lo que el senador por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, quien además fue alcalde de Puente Alto, indicó en entrevista de ayer con País Lobo: “es responsabilidad de las municipalidades fiscalizar la extracción de áridos en las riberas de los ríos”, misma opinión que expresó en entrevista con El Austral de Osorno publicada el día de hoy, el ex seremi de Obras Públicas (OO.PP) en Los Lagos, Carlos Contreras: “El Ministerio de Obras Pública (MOP) no es el organismo encargado de fiscalizar, ya que eso es competencia de los municipios”.
Hasta ahora, el Ministerio de Obras Públicas no ha dado cuenta pública de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Obras Hidráulicas respecto del sitio de extracción de áridos ubicado en las cercanías del puente Cancura, entre 2014 y 2018, guardando silencio en esta materia. Asimismo, las municipalidades de Osorno y Puerto Octay no han dado cuenta de cuántos permisos extendieron en el mismo periodo, de tal manera que la fiscal del caso pueda efectuar la “cuadratura”.
La Municipalidad de Osorno, a la cual le corresponde el cuidado de la ribera norte del Rahue, señala que tiene “todo en regla”, tanto los informes de respaldo de la DOH que avalan sus permisos, como las fechas de las inspecciones de fiscalización realizadas. En tanto, Puerto Octay, encargada de la ribera sur, indica que en 2017 emitió un solo permiso, en 2018 ninguno y que no cuenta con el personal suficiente para realizar fiscalizaciones tanto a la extracción que autoriza, como posibles explotaciones ilegales.
Además del seguimiento de respaldo de los informes técnicos emanados desde la DOH, como las autorizaciones de extracción emanadas desde los municipios de Osorno y Puerto Octay y los detalles de las fiscalizaciones realizadas, la fiscal Chahín cuenta con otras herramientas para acceder a información complementaria a este respecto: solicitar la facturación de las empresas que extrajeron áridos en los sitios determinados por el Plan Maestro de Manejo de la Cuenca del Rahue, entre 2014 y 2018; y las compras de áridos en Osorno, en especial por parte de los principales demandantes de este insumo clave: Premix y Redimix.
Ayer, la empresa Jaime Rosas, una de las dos que operan en el sitio de extracción de áridos cercano al puente Cancura, señaló que ellos no han realizado extracciones después de 2014 apuntó a la otra compañía que opera en el mismo tramo del río Rahue, Dowling y Schilling (filial de Cementos Bio Bio), como responsable del socavamiento de las bases del puente Cancura que el sábado 23 de junio colpasó, mientras se le realizaban trabajos de reparación.
Rosas indicó que “yo creo que la empresa Dowling, cuando comenzó a sacar áridos con la draga, socavaron mucho el río, lo que generó mucha torrentada que socavó el puente hasta que se cayó”.
De acuerdo a fuentes ligadas a la explotación de áridos, una draga es capaz de sacar del lecho del río entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos de material al día desde el lecho del río, en tanto que los vecinos aseguran que la máquina opera históricamente por no menos de 100 días al año. Si se comprueba aquello: ¿contaba esto con permisos municipales? Y si fuera así ¿bajo qué parámetros validó la extracción por sobre los límites la DOH? ¿Se fiscalizó por parte de los municipios?
A cinco días de la caída del puente Cancura, ya existe claridad respecto de las responsabilidades involucradas en una de las aristas de la investigación, como es la extracción de áridos en las inmediaciones del viaducto que, según el informe de Vialidad del mes de octubre de 2017, socavó las tres cepas del mismo, una de las cuales terminó sucumbiendo durante el proceso de reparación iniciado en marzo de 2018. Básicamente, el tema funciona así: las riberas de los ríos son bienes nacionales de uso público, por lo cual, su administración corresponde a las municipalidades, lo que incluye la extensión de permisos para extraer áridos; la fiscalización para que estos no excedan lo autorizado; y el cuidado de que no existan extracciones ilegales de terceros. En tanto, la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, del Ministerio de Obras Públicas, MOP, es la responsable de emitir el informe técnico que indica dónde y cómo se puede extraer, lo que debía estar en concordancia con el Plan Maestro de Manejo de la Cuenca del río Rahue, el que para el caso específico del sitio de extracción aledaño al puente Cancura, no podía exceder los 70.000 metros cúbicos al año.
Así las cosas, lo que deberá determinar la investigación que desarrolla la fiscal Leyla Chahín, es si efectivamente los informes de la DOH extendidos a los municipios de Osorno y Puerto Octay entre 2014 y 2018 se ciñeron o no a lo establecido en el Plan Maestro; si todos los permisos emanados de las corporaciones edilicias contaban con dichos informes de respaldo del organismo dependiente del MOP y, finalmente, si las municipalidades fiscalizaron que se cumplieran los parámetros de las autorizaciones que extendieron.
Atrás quedó la polémica entre la directora de Obras Municipales, DOM, Ángela Villarroel, y el diputado por el Distrito 25, Fidel Espinoza, luego de que la primera señalara que el parlamentario “confundía a la opinión pública” al aludir al rol fiscalizador de las municipalidades. Lo dicho por el parlamentario está en línea con lo que el senador por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, quien además fue alcalde de Puente Alto, indicó en entrevista de ayer con País Lobo: “es responsabilidad de las municipalidades fiscalizar la extracción de áridos en las riberas de los ríos”, misma opinión que expresó en entrevista con El Austral de Osorno publicada el día de hoy, el ex seremi de Obras Públicas (OO.PP) en Los Lagos, Carlos Contreras: “El Ministerio de Obras Pública (MOP) no es el organismo encargado de fiscalizar, ya que eso es competencia de los municipios”.
Hasta ahora, el Ministerio de Obras Públicas no ha dado cuenta pública de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Obras Hidráulicas respecto del sitio de extracción de áridos ubicado en las cercanías del puente Cancura, entre 2014 y 2018, guardando silencio en esta materia. Asimismo, las municipalidades de Osorno y Puerto Octay no han dado cuenta de cuántos permisos extendieron en el mismo periodo, de tal manera que la fiscal del caso pueda efectuar la “cuadratura”.
La Municipalidad de Osorno, a la cual le corresponde el cuidado de la ribera norte del Rahue, señala que tiene “todo en regla”, tanto los informes de respaldo de la DOH que avalan sus permisos, como las fechas de las inspecciones de fiscalización realizadas. En tanto, Puerto Octay, encargada de la ribera sur, indica que en 2017 emitió un solo permiso, en 2018 ninguno y que no cuenta con el personal suficiente para realizar fiscalizaciones tanto a la extracción que autoriza, como posibles explotaciones ilegales.
Además del seguimiento de respaldo de los informes técnicos emanados desde la DOH, como las autorizaciones de extracción emanadas desde los municipios de Osorno y Puerto Octay y los detalles de las fiscalizaciones realizadas, la fiscal Chahín cuenta con otras herramientas para acceder a información complementaria a este respecto: solicitar la facturación de las empresas que extrajeron áridos en los sitios determinados por el Plan Maestro de Manejo de la Cuenca del Rahue, entre 2014 y 2018; y las compras de áridos en Osorno, en especial por parte de los principales demandantes de este insumo clave: Premix y Redimix.
Ayer, la empresa Jaime Rosas, una de las dos que operan en el sitio de extracción de áridos cercano al puente Cancura, señaló que ellos no han realizado extracciones después de 2014 apuntó a la otra compañía que opera en el mismo tramo del río Rahue, Dowling y Schilling (filial de Cementos Bio Bio), como responsable del socavamiento de las bases del puente Cancura que el sábado 23 de junio colpasó, mientras se le realizaban trabajos de reparación.
Rosas indicó que “yo creo que la empresa Dowling, cuando comenzó a sacar áridos con la draga, socavaron mucho el río, lo que generó mucha torrentada que socavó el puente hasta que se cayó”.
De acuerdo a fuentes ligadas a la explotación de áridos, una draga es capaz de sacar del lecho del río entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos de material al día desde el lecho del río, en tanto que los vecinos aseguran que la máquina opera históricamente por no menos de 100 días al año. Si se comprueba aquello: ¿contaba esto con permisos municipales? Y si fuera así ¿bajo qué parámetros validó la extracción por sobre los límites la DOH? ¿Se fiscalizó por parte de los municipios?
