🔴Contaminación ambiental: Fuente de graves enfermedades y muerte
Dr. Franco Lotito C. – www.aurigaservicios.cl - Académico, Escritor e Investigador (PUC-UACh)
“Cuando la tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar a nuestro planeta y para sanar a nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos” (Bobby McLeod, activista aborigen, músico y poeta de origen australiano).
“La Tierra no está muriendo como consecuencia de un hecho casual o azaroso, sino que está siendo –literalmente– asesinada y destruida por mano del hombre” (F.L.C.).
De acuerdo con la declaración de Derechos Humanos, así como con la Constitución Política de Chile, en el artículo 19, inciso Nº 8, se asegura a todos los chilenos el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, siendo un “deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. En tanto que en el inciso Nº 9 se asegura el “derecho a la protección de la salud” para todos los habitantes de este país. Sin embargo, estos derechos inalienables de todos los chilenos han sido conculcados y pisoteados, una y otra vez, dando exactamente lo mismo si las riendas del gobierno la tienen en sus manos políticos de izquierda o de derecha. El resultado ha sido siempre el mismo: nulo interés o preocupación por la salud de la gente y el medioambiente.
Las numerosas –y tristemente célebres– “zonas de sacrificio” están a la orden del día y están repartidas por todo Chile, tales como: Antofagasta, Copiapó, Tocopilla, Mejillones, Nantoco, El Salado, Huasco, Tiltil, Laguna Verde, Ventanas, Quintero, Puchuncaví, Renca, Coronel, etc., y con el pasar del tiempo, se incrementan aún más, a raíz de las malas prácticas de las diversas empresas nacionales y extranjeras asentadas en el país y el escaso interés del Estado por fiscalizarlas como es debido.
Un informe del año 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que Coyhaique era la ciudad con el mayor nivel de polución del aire de todo Latinoamérica, en tanto que el Lago Llanquihue era –y sigue siendo– uno de los lagos más contaminados de Chile, superando en –nada menos– que 16 veces la norma de Chile, que de por sí, es absolutamente deficiente en relación con las normas que estipula la OMS, y que supera largamente las normas ambientales fijadas, por ejemplo, por Canadá.
Por otra parte, el Segundo Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos realizado a finales del año 2017 demostró que los ríos contaminados de Chile son numerosos, pero destacan muy encima de los demás, los ríos: Loa, Maipo, Purén, Rahue y Maullín, entre varios otros.
En función de lo anterior, estos espacios y ciudades están expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos y factores tan imprescindibles para la vida humana, como el agua y el aire, sin dejar de lado el mar y la tierra misma. Una contaminación que se genera a causa de una elevada concentración industrial de empresas altamente contaminantes, así como por la presencia de 239 centrales térmicas a carbón, petróleo y petcoke, que inciden directamente en la salud de las personas. Curiosamente, nada menos que 42 de estas centrales fueron aprobadas durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Por otro lado, los numerosos escándalos de encubrimiento por parte de las autoridades chilenas, las incontables y recurrentes protestas de las comunidades afectadas, así como los diversos estudios realizados por organizaciones nacionales, internacionales y no gubernamentales, entregan pruebas más que suficientes para evidenciar lo que puede ser considerado como un verdadero crimen “legal” que se está perpetrando en contra de la salud y el bienestar de todos los chilenos desde hace varias décadas, en medio de una total y generalizada indiferencia del Estado, ya sea que se trate de su actuar a nivel local, como así también central, y sin que importe mucho el “color” político del Gobierno de turno. Por cuanto, la idea de fondo, parece ser que mientras sean los hijos de los “otros” chilenos quienes se enfermen, sufran y mueran, las autoridades seguirán con sus negocios y contubernios político-económicos como ha sido habitual hasta ahora, es decir, “business as usual”.
El Departamento de Medio Ambiente y Biodiversidad del Colegio Médico de Chile ha realizado numerosos estudios acerca de la severa contaminación a la que están expuestos millones de chilenos, así como también ha hecho decenas de denuncias públicas, las que como era de esperar, han caído en oídos sordos y totalmente encallecidos.
De acuerdo con un detallado informe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico publicado en mayo de 2018, la lista de enfermedades producidas por efecto de la contaminación del agua, aire, tierra y mar a causa de elementos tóxicos y cancerígenos, tales como el mercurio, arsénico, cesio, plomo, monóxido de carbono, etc., pueden subdividirse en dos categorías:
1. Por intoxicación aguda: tales como asfixia, asma, crisis por obstrucción bronquial, neumonías (en niños y adultos mayores), afecciones e infecciones dérmicas y oculares, vómitos, mareos, pérdida de sensibilidad en los brazos y piernas, desmayos, dolores de cabeza, jaquecas, trastornos neurológicos, trastornos y déficit de aprendizaje, alteraciones del ánimo, infartos al miocardio y otras enfermedades cardiovasculares. Ni siquiera mencionemos el estrés producido por tener que vivir en condiciones de alta contaminación, así como la consiguiente posibilidad de caer en severas depresiones.
2. Por intoxicación crónica: tales como daño epigenético irreversible y que se transmite de generación en generación (como el cáncer, por ejemplo. Además de incrementar notablemente el número de casos de cáncer a la vejiga, pulmones, riñones, estómago, etc.), disrupción endocrina (diabetes mellitus, tiroides), esterilidad en los hombres, infertilidad en las mujeres, abortos espontáneos y partos prematuros, malformaciones congénitas en el feto, retardo mental en los niños por exposición al plomo, leucemia en la infancia, daño en la función pulmonar, enfisema, silicosis, alteraciones psicológicas permanentes, entre otras.
Tengamos, asimismo, presente que en Chile existen hoy cinco regiones, en las cuales la principal causa de muerte es el cáncer: Arica y Parinacota, Antofagasta, La Serena, Los Lagos y Aysén. Si bien, la enfermedad del cáncer es multifactorial, uno de los principales factores es la contaminación por sustancias químicas y metales pesados, tales como el arsénico (que abunda en el agua potable que bebemos los chilenos), glifosato, aluminio, manganeso, mercurio, etc., de modo que si una persona tiene algún tipo de predisposición congénita, ésta puede ser gatillada a través de la abundante contaminación ambiental.
El autismo infantil, por ejemplo, ha sido asociado a la contaminación por aluminio y glifosato (o Roundup) muy abundante en el ambiente. El glifosato se utiliza en la preparación de suelos, ya que elimina todo tipo de maleza, pero lamentablemente, termina en nuestros organismos a través de los alimentos que consumimos, y que fueron contaminados por este venenoso elemento esparcido en los suelos, aire y agua.
Súmese el desastre medioambiental en las zonas costeras más australes de nuestro país, como consecuencia de la instalación de múltiples plantas de crianza y procesamiento del salmón, que deja cientos de miles de toneladas de desechos orgánicos y químicos todos los años, y que van a parar directamente a los ríos, lagos y mar.
Si bien, la basura y los desperdicios que vamos tirando por el camino, por ríos, lagos y mar no hablan, sí nos dicen mucho acerca de nosotros: estamos asesinando la Tierra, y de paso, a nosotros mismos.
Finalizo señalando, que ni el Estado, así como también ningún gobierno –menos aún, si se autoproclama “democrático”– tiene el derecho de “SACRIFICAR” a ningún chileno. Ni uno solo. Sin embargo, el discurso oficial de todos los gobiernos en los últimos 25 años –no obstante el Derecho Constitucional que nos asiste a vivir en un ambiente libre de contaminación– se ha mantenido siempre el mismo, ya que dichos gobiernos continúan utilizando en el discurso oficial el concepto de “ZONAS DE SACRIFICIO”, como si ello fuera lo más “normal” y natural del mundo. Esto constituye una gran vergüenza nacional, una que no tiene excusa ni perdón, porque demuestra de manera clara la colusión entre el Estado y el sector empresarial, una colusión que termina con el fallecimiento prematuro –e innecesario– de miles de chilenos todos los años. Y esto sólo puede ser catalogado como “asesinato encubierto legalmente”. No tengo otra forma de expresarlo.
“La Tierra no está muriendo como consecuencia de un hecho casual o azaroso, sino que está siendo –literalmente– asesinada y destruida por mano del hombre” (F.L.C.).
De acuerdo con la declaración de Derechos Humanos, así como con la Constitución Política de Chile, en el artículo 19, inciso Nº 8, se asegura a todos los chilenos el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, siendo un “deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. En tanto que en el inciso Nº 9 se asegura el “derecho a la protección de la salud” para todos los habitantes de este país. Sin embargo, estos derechos inalienables de todos los chilenos han sido conculcados y pisoteados, una y otra vez, dando exactamente lo mismo si las riendas del gobierno la tienen en sus manos políticos de izquierda o de derecha. El resultado ha sido siempre el mismo: nulo interés o preocupación por la salud de la gente y el medioambiente.
Las numerosas –y tristemente célebres– “zonas de sacrificio” están a la orden del día y están repartidas por todo Chile, tales como: Antofagasta, Copiapó, Tocopilla, Mejillones, Nantoco, El Salado, Huasco, Tiltil, Laguna Verde, Ventanas, Quintero, Puchuncaví, Renca, Coronel, etc., y con el pasar del tiempo, se incrementan aún más, a raíz de las malas prácticas de las diversas empresas nacionales y extranjeras asentadas en el país y el escaso interés del Estado por fiscalizarlas como es debido.
Un informe del año 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que Coyhaique era la ciudad con el mayor nivel de polución del aire de todo Latinoamérica, en tanto que el Lago Llanquihue era –y sigue siendo– uno de los lagos más contaminados de Chile, superando en –nada menos– que 16 veces la norma de Chile, que de por sí, es absolutamente deficiente en relación con las normas que estipula la OMS, y que supera largamente las normas ambientales fijadas, por ejemplo, por Canadá.
Por otra parte, el Segundo Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos realizado a finales del año 2017 demostró que los ríos contaminados de Chile son numerosos, pero destacan muy encima de los demás, los ríos: Loa, Maipo, Purén, Rahue y Maullín, entre varios otros.
En función de lo anterior, estos espacios y ciudades están expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos y factores tan imprescindibles para la vida humana, como el agua y el aire, sin dejar de lado el mar y la tierra misma. Una contaminación que se genera a causa de una elevada concentración industrial de empresas altamente contaminantes, así como por la presencia de 239 centrales térmicas a carbón, petróleo y petcoke, que inciden directamente en la salud de las personas. Curiosamente, nada menos que 42 de estas centrales fueron aprobadas durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Por otro lado, los numerosos escándalos de encubrimiento por parte de las autoridades chilenas, las incontables y recurrentes protestas de las comunidades afectadas, así como los diversos estudios realizados por organizaciones nacionales, internacionales y no gubernamentales, entregan pruebas más que suficientes para evidenciar lo que puede ser considerado como un verdadero crimen “legal” que se está perpetrando en contra de la salud y el bienestar de todos los chilenos desde hace varias décadas, en medio de una total y generalizada indiferencia del Estado, ya sea que se trate de su actuar a nivel local, como así también central, y sin que importe mucho el “color” político del Gobierno de turno. Por cuanto, la idea de fondo, parece ser que mientras sean los hijos de los “otros” chilenos quienes se enfermen, sufran y mueran, las autoridades seguirán con sus negocios y contubernios político-económicos como ha sido habitual hasta ahora, es decir, “business as usual”.
El Departamento de Medio Ambiente y Biodiversidad del Colegio Médico de Chile ha realizado numerosos estudios acerca de la severa contaminación a la que están expuestos millones de chilenos, así como también ha hecho decenas de denuncias públicas, las que como era de esperar, han caído en oídos sordos y totalmente encallecidos.
De acuerdo con un detallado informe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico publicado en mayo de 2018, la lista de enfermedades producidas por efecto de la contaminación del agua, aire, tierra y mar a causa de elementos tóxicos y cancerígenos, tales como el mercurio, arsénico, cesio, plomo, monóxido de carbono, etc., pueden subdividirse en dos categorías:
1. Por intoxicación aguda: tales como asfixia, asma, crisis por obstrucción bronquial, neumonías (en niños y adultos mayores), afecciones e infecciones dérmicas y oculares, vómitos, mareos, pérdida de sensibilidad en los brazos y piernas, desmayos, dolores de cabeza, jaquecas, trastornos neurológicos, trastornos y déficit de aprendizaje, alteraciones del ánimo, infartos al miocardio y otras enfermedades cardiovasculares. Ni siquiera mencionemos el estrés producido por tener que vivir en condiciones de alta contaminación, así como la consiguiente posibilidad de caer en severas depresiones.
2. Por intoxicación crónica: tales como daño epigenético irreversible y que se transmite de generación en generación (como el cáncer, por ejemplo. Además de incrementar notablemente el número de casos de cáncer a la vejiga, pulmones, riñones, estómago, etc.), disrupción endocrina (diabetes mellitus, tiroides), esterilidad en los hombres, infertilidad en las mujeres, abortos espontáneos y partos prematuros, malformaciones congénitas en el feto, retardo mental en los niños por exposición al plomo, leucemia en la infancia, daño en la función pulmonar, enfisema, silicosis, alteraciones psicológicas permanentes, entre otras.
Tengamos, asimismo, presente que en Chile existen hoy cinco regiones, en las cuales la principal causa de muerte es el cáncer: Arica y Parinacota, Antofagasta, La Serena, Los Lagos y Aysén. Si bien, la enfermedad del cáncer es multifactorial, uno de los principales factores es la contaminación por sustancias químicas y metales pesados, tales como el arsénico (que abunda en el agua potable que bebemos los chilenos), glifosato, aluminio, manganeso, mercurio, etc., de modo que si una persona tiene algún tipo de predisposición congénita, ésta puede ser gatillada a través de la abundante contaminación ambiental.
El autismo infantil, por ejemplo, ha sido asociado a la contaminación por aluminio y glifosato (o Roundup) muy abundante en el ambiente. El glifosato se utiliza en la preparación de suelos, ya que elimina todo tipo de maleza, pero lamentablemente, termina en nuestros organismos a través de los alimentos que consumimos, y que fueron contaminados por este venenoso elemento esparcido en los suelos, aire y agua.
Súmese el desastre medioambiental en las zonas costeras más australes de nuestro país, como consecuencia de la instalación de múltiples plantas de crianza y procesamiento del salmón, que deja cientos de miles de toneladas de desechos orgánicos y químicos todos los años, y que van a parar directamente a los ríos, lagos y mar.
Si bien, la basura y los desperdicios que vamos tirando por el camino, por ríos, lagos y mar no hablan, sí nos dicen mucho acerca de nosotros: estamos asesinando la Tierra, y de paso, a nosotros mismos.
Finalizo señalando, que ni el Estado, así como también ningún gobierno –menos aún, si se autoproclama “democrático”– tiene el derecho de “SACRIFICAR” a ningún chileno. Ni uno solo. Sin embargo, el discurso oficial de todos los gobiernos en los últimos 25 años –no obstante el Derecho Constitucional que nos asiste a vivir en un ambiente libre de contaminación– se ha mantenido siempre el mismo, ya que dichos gobiernos continúan utilizando en el discurso oficial el concepto de “ZONAS DE SACRIFICIO”, como si ello fuera lo más “normal” y natural del mundo. Esto constituye una gran vergüenza nacional, una que no tiene excusa ni perdón, porque demuestra de manera clara la colusión entre el Estado y el sector empresarial, una colusión que termina con el fallecimiento prematuro –e innecesario– de miles de chilenos todos los años. Y esto sólo puede ser catalogado como “asesinato encubierto legalmente”. No tengo otra forma de expresarlo.
