Auditoría identifica medicamentos vencidos en Departamento de Salud de Vilcún
La Contraloría Regional de La Araucanía además detectó bodegas insalubres en la farmacia municipal, por lo que instruyó un sumario administrativo.
Lo que comenzó como una fiscalización sobre horas extraordinarias, pago de imposiciones y control de licencias médicas, terminó dando a conocer irregularidades en la gestión del Departamento de Salud Municipal (DSM) de Vilcún, Región de La Araucanía, que van desde medicamentos vencidos hasta malas condiciones de almacenamiento de dichos productos.
El informe N° 656, de 2019, señala falta de control al stock de medicamentos e insumos por parte del DSM, área que tampoco efectuó “inventarios sorpresivos” de estos productos, dispuestos en bodegas, farmacias y centros de salud administrados por la comuna.
La auditoría advirtió además la existencia de una “gran cantidad” de medicamentos vencidos que no habían sido eliminados de las bodegas del DSM. La Unidad de Farmacias de dicho departamento fue autorizada en noviembre de 2018 para eliminar o dar de baja medicamentos por $3.446.854, cuyos vencimientos databan incluso del 1 de enero de 2017. Una situación similar ocurrió en mayo de este año, cuando se autorizó dar de baja medicamentos por otros $639.981.
Respecto de las instalaciones, se detectó que tanto la bodega de distribución como la farmacia no contaban con autorización sanitaria. Igualmente, se encontraron filtraciones, humedad y hongos en el sector destinado a almacenamiento de insumos.
Otra temática observada por la CGR fue el irregular cambio de labores de una funcionaria, quien ejecutaba labores de menor jerarquía, manteniendo su calidad contractual superior. Además, se confirmó que al momento de la auditoría, el municipio no había llamado a concurso público para proveer los cargos de director del DSM y del Centro de Salud Familiar de Cajón.
Por estas razones, la Contraloría instruyó al municipio la realización de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades a quienes corresponda.
Adicionalmente, se constató que la entidad no ejecutó oportunamente el pago total de las cotizaciones previsionales y de salud a sus funcionarios correspondientes a abril de 2019. Por ello, el municipio debió pagar $973.481 por concepto de intereses, reajustes y otros recargos.
Otras debilidades se refieren a los procesos de las conciliaciones bancarias. Entre ellas se incluye que dichas conciliaciones están hechas en formato Excel y no están protegidas.
También se estableció que este proceso es elaborado por la encargada de contabilidad del municipio y aprobadas por la directora de Administración y Finanzas, no habiendo otra instancia de aprobación. La CGR advirtió que ello transgrede el principio de oposición de funciones.
Igualmente, se determinó falta de control para la emisión de cheques nominativos, inexistencia de un procedimiento que asegure la disponibilidad de fondos antes de efectuar giro de cheques y la falta de registro contable de rendición de cuentas presentadas por funcionarios.
Fuente de la información: Comunicaciones Contraloría
Lo que comenzó como una fiscalización sobre horas extraordinarias, pago de imposiciones y control de licencias médicas, terminó dando a conocer irregularidades en la gestión del Departamento de Salud Municipal (DSM) de Vilcún, Región de La Araucanía, que van desde medicamentos vencidos hasta malas condiciones de almacenamiento de dichos productos.
El informe N° 656, de 2019, señala falta de control al stock de medicamentos e insumos por parte del DSM, área que tampoco efectuó “inventarios sorpresivos” de estos productos, dispuestos en bodegas, farmacias y centros de salud administrados por la comuna.
La auditoría advirtió además la existencia de una “gran cantidad” de medicamentos vencidos que no habían sido eliminados de las bodegas del DSM. La Unidad de Farmacias de dicho departamento fue autorizada en noviembre de 2018 para eliminar o dar de baja medicamentos por $3.446.854, cuyos vencimientos databan incluso del 1 de enero de 2017. Una situación similar ocurrió en mayo de este año, cuando se autorizó dar de baja medicamentos por otros $639.981.
Respecto de las instalaciones, se detectó que tanto la bodega de distribución como la farmacia no contaban con autorización sanitaria. Igualmente, se encontraron filtraciones, humedad y hongos en el sector destinado a almacenamiento de insumos.
Otra temática observada por la CGR fue el irregular cambio de labores de una funcionaria, quien ejecutaba labores de menor jerarquía, manteniendo su calidad contractual superior. Además, se confirmó que al momento de la auditoría, el municipio no había llamado a concurso público para proveer los cargos de director del DSM y del Centro de Salud Familiar de Cajón.
Por estas razones, la Contraloría instruyó al municipio la realización de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades a quienes corresponda.
Irregularidades administrativas y financieras
Respecto de la gestión administrativa, el informe reflejó que el DSM pagó horas extraordinarias diurnas y nocturnas no acreditadas por $2.355.917. Además, se observó la existencia de anticipos por rendir por $6.307.014 anteriores a 2018, cuya entrega no fue posible relacionarla con algún funcionario.Adicionalmente, se constató que la entidad no ejecutó oportunamente el pago total de las cotizaciones previsionales y de salud a sus funcionarios correspondientes a abril de 2019. Por ello, el municipio debió pagar $973.481 por concepto de intereses, reajustes y otros recargos.
Otras debilidades se refieren a los procesos de las conciliaciones bancarias. Entre ellas se incluye que dichas conciliaciones están hechas en formato Excel y no están protegidas.
También se estableció que este proceso es elaborado por la encargada de contabilidad del municipio y aprobadas por la directora de Administración y Finanzas, no habiendo otra instancia de aprobación. La CGR advirtió que ello transgrede el principio de oposición de funciones.
Igualmente, se determinó falta de control para la emisión de cheques nominativos, inexistencia de un procedimiento que asegure la disponibilidad de fondos antes de efectuar giro de cheques y la falta de registro contable de rendición de cuentas presentadas por funcionarios.
Fuente de la información: Comunicaciones Contraloría
