Diputado Santana solicitó postergar entrada en vigencia de la boleta electrónica

Diputado Alejandro Santana
La medida busca aplazar hasta por 2 años la norma que comenzaría a regir a partir de este viernes 1 de enero.

El diputado Alejandro Santana, junto a la bancada RN solicitó al Ejecutivo aplazar la puesta en marcha de la boleta electrónica en el comercio -cuyo inicio está fechado para el 1 de enero-.

Esto, ya que, a juicio de Santana, en el contexto actual es imperativo entregar herramientas de apoyo a las pymes y microempresarios, generando nuevas oportunidades de financiamiento que busquen proteger la actividad económica y la generación de empleos, y no obstaculizar aún más el ya complicado escenario que han debido afrontar producto de la Pandemia.

En ese sentido, el legislador señaló que a pocos días de la fecha límite aún existe incertidumbre respecto a la aplicación de esta norma, a pesar de que este punto se debatió durante la tramitación de la Ley Tributaria Covid. “Estamos en una situación compleja en lo económico; muchos emprendimientos están luchando por sobrevivir y otros tantos recién están comenzando a abrir sus puertas bajo la amenaza latente de tener que volver a cerrar si los niveles de contagio se disparan. Exigir el uso de boleta electrónica ahora es ponerle un obstáculo extra a quienes ya lo han pasado bastante mal. Creo que no es el momento adecuado y lo más sensato es solicitar al Ejecutivo una postergación de al menos 24 meses”.

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La idea, complementó Santana, es que esta exigencia momentáneamente sea opcional para contribuyentes menores, implementando la norma gradualmente en base al volumen de ventas, eximiendo a la tercera edad.

Además de ello, enfatizó en los problemas de conexión que afectan a algunos sectores de la Región de Los Lagos que dificultan la aplicación de la norma: “Conocemos de cerca las dificultades que registran algunas zonas, especialmente rurales, para acceder a una conexión de internet medianamente estable. Es una realidad que no podemos pasar por alto”, subrayó.

Finalmente, el diputado expresó que “esta normativa es necesaria desde el punto de vista de la recaudación fiscal, proyectada en 300 millones de dólares, pero también debemos poner en contexto el escenario actual que atraviesan las pymes, y que ha sido una prioridad del Gobierno, buscando nuevas alternativas de financiamiento e intentando aliviar la pesada mochila que cargan. Creemos que ese es el sentido en que deberíamos avanzar, postergando esta obligación”, puntualizó.



Comunicado de Prensa / Fuente: Sebastián Cáceres