Para Convergencia Social primaría el afán de control del orden público por sobre el sanitario
El representante del partido frenteamplista en Osorno señaló que detrás de la decisión del Ejecutivo de prolongar la suspensión de derechos fundamentales prima el afán de control del orden público por sobre el sanitario.
El próximo 18 de marzo se cumple un año desde que el Presidente de la República declaró Estado de Excepción Constitucional, a través del decreto supremo número 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, producto del brote de COVID-19. Será la ocasión en que el Congreso deberá votar por primera vez si extiende la suspensión de los derechos fundamentales para seguir estableciendo medidas de protección, tales como cuarentenas, cordones y aduanas sanitarias y toque de queda.
A pocos días de que el gobierno envíe el proyecto al parlamento, ya se instaló en los partidos el debate sobre la conveniencia o no de aprobar dichas medidas. El representante de Convergencia Social en Osorno, Diego Gerter, cuestionó la liviandad con que desde el oficialismo promueven normas que restringen las libertades individuales y alertó sobre el riesgo de que éstas se “normalicen” luego de un año de vigencia.
“Me preocupa que en un Estado supuestamente democrático todavía haya sectores políticos que promuevan estas iniciativas con tanta liviandad. Es cierto que la pandemia del Coronavirus aún no está controlada, pero cuesta creer que las restricciones de desplazamiento y reunión, a un año de su implementación, busquen evitar la propagación de contagios”, argumentó.
Para Gerter, “la extensión del estado de excepción constitucional parece más destinada a evitar un nuevo alzamiento popular que a controlar la pandemia, cuando en la práctica vemos el transporte público, el comercio, los puestos de trabajo y los colegios retomando la normalidad con el proceso de vacunación en marcha”.
En este sentido, sostuvo que el gobierno debe ser capaz de encontrar mejores alternativas para controlar la pandemia del Coronavirus, sin que esto implique pasar por sobre los derechos fundamentales, sobre todo cuando el país vive un proceso electoral y constitucional sin precedentes. “Restringir los derechos democráticos de reunión y libre circulación en medio del proceso electoral y de redacción de la nueva Constitución sería un gravísimo atentado a la legitimidad del proceso y lo pondría en serio riesgo”, añadió.
Por ello el representante de Convergencia Social hizo un llamado a las autoridades que deberán votar la iniciativa a no olvidar que fue la salida democrática a la crisis política la que permitió apaciguar el estallido social.
Comunicado de Prensa / Fuente: Convergencia Social.
