Informe anual del INDH sobre incendios en el Sur

Los incendios en el sur de Chile han afectado principalmente a las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, dejando más de 20 personas fallecidas y 1.081 viviendas destruidas hasta el domingo 5 de febrero. Los incendios han ocurrido principalmente en zonas rurales, en las que existe un difícil acceso a todo tipo de servicios, situación que se ha visto exacerbada en estos días.

Es una situación que ya advirtió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su Informe Anual 2022, que le dedicó un capítulo al mundo rural. En “DD.HH. en sectores rurales de Chile” se indica que 25% de la población del país vive en la ruralidad y suele enfrentar problemas en el acceso a una serie de atenciones que el Estado les debiera garantizar.

En 61 páginas el capítulo describe las situaciones de las zonas rurales con una especial atención en las regiones de Atacama, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, entre otras. A través de la georreferenciación muestra cuán lejos viven muchas personas de los centros donde se entrega atención de salud, educación e incluso seguridad. La existencia de estas brechas la respaldan los testimonios ofrecidos por autoridades y funcionarios locales, así como por las palabras de los propios vecinos, quienes se quejan por la situación.

El texto afirma que en 2018 el INDH ya constataba las especiales condiciones de desprotección que padecían las mujeres en condición de ruralidad. De esta manera el informe reitera cierta recomendación dirigida hace cuatro años al Ministerio de la Mujer, con el propósito de instaurar “políticas y programas permanentes que aborden la violencia contra la mujer con una pertinencia territorial”. Son muchas las áreas en las cuales avanzar.

En particular existen falta de datos. “El alcance de la oferta de programas del Estado orientados tanto a la prevención como la protección de víctimas de violencia intrafamiliar no presenta producción de datos con carácter territorial ni tampoco un despliegue adecuado en zonas de aislamiento rural”, dice el informe. El texto expone que un análisis de 2021 del Ministerio de Desarrollo Social sobre el Programa de Protección Especializado en maltrato grave y abuso sexual revela que no hay desagregación de los datos rurales.

Según el informe 2022 del INDH, “para las y los habitantes de los sectores rurales entrevistados, lo que prima es la violencia intrafamiliar y el hecho de que muchos delitos quedan invisibilizados por el aislamiento, situación que limita la posibilidad de establecer acciones positivas por parte del Estado, en aras de proteger a las poblaciones”. El informe denuncia que la producción de datos para detectar la vulnerabilidad de las personas ante estos hechos está en los sectores urbanos, pero no en los rurales, lo que “impide diagnosticar de manera más clara y actualizada las particularidades rurales”.

Lejanía del Estado

Las dificultades de acceso de las mujeres a protección es uno de los elementos que genera la lejanía de las zonas rurales. Los problemas se extienden a todos los grupos etarios. “Uno de los aspectos más destacados en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 (ENDH) fue que los derechos menos protegidos y más vulnerados —según la población de las regiones de O’Higgins, el Maule y Ñuble, que concentran alta ruralidad— refieren a la seguridad social y los salarios dignos”, recuerda el informe.

Es por ello que se afirma que “desde la perspectiva de los derechos humanos, en las regiones analizadas el derecho a la vida digna —cuya dimensión empírica se materializa en el acceso a servicios y derechos— no se encuentra total ni igualitariamente garantizado por parte del Estado en las zonas rurales más pobladas, siendo el caso de Atacama, en particular, el más crítico”, se relata. Se produce una separación de las familias, ya que los hijos e hijas suelen irse a zonas urbanas en busca de opciones de estudio o trabajo. No hay muchas posibilidades de recibir ayuda ante una emergencia de salud.

Es así como el informe señala al revisar la distribución de escuelas en las comunas de las regiones que la “limitada oferta de niveles educacionales, las escasas oportunidades de escolaridad y reducidas opciones de trabajo podrían significar una alta informalidad y precariedad laboral, exiguos niveles de ingreso y, en consecuencia, bajas jubilaciones, entre otras eventuales vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales”.