Informe anual del INDH sobre incendios en el Sur

馃數Incendios en el sur: Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos 2022 advirti贸 vulneraciones a las que est谩 expuesto el mundo rural y que siniestros hicieron patentes.

De acuerdo con el Informe Situaci贸n de los Derechos Humanos en Chile 2022, se indica que: “En las zonas rurales sus habitantes perciben, derechamente, niveles de abandono. No solo la concurrencia de vulneraciones es distinta, sino que se suman aristas relativas a la lejan铆a y falta de acompa帽amiento de programas del Estado”

Los incendios en el sur de Chile han afectado principalmente a las regiones de Maule, 脩uble, Biob铆o y La Araucan铆a, dejando m谩s de 20 personas fallecidas y 1.081 viviendas destruidas hasta el domingo 5 de febrero. Los incendios han ocurrido principalmente en zonas rurales, en las que existe un dif铆cil acceso a todo tipo de servicios, situaci贸n que se ha visto exacerbada en estos d铆as.

Es una situaci贸n que ya advirti贸 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su Informe Anual 2022, que le dedic贸 un cap铆tulo al mundo rural. En “DD.HH. en sectores rurales de Chile” se indica que 25% de la poblaci贸n del pa铆s vive en la ruralidad y suele enfrentar problemas en el acceso a una serie de atenciones que el Estado les debiera garantizar.

En 61 p谩ginas el cap铆tulo describe las situaciones de las zonas rurales con una especial atenci贸n en las regiones de Atacama, O’Higgins, La Araucan铆a y Los Lagos, entre otras. A trav茅s de la georreferenciaci贸n muestra cu谩n lejos viven muchas personas de los centros donde se entrega atenci贸n de salud, educaci贸n e incluso seguridad. La existencia de estas brechas la respaldan los testimonios ofrecidos por autoridades y funcionarios locales, as铆 como por las palabras de los propios vecinos, quienes se quejan por la situaci贸n.

El texto afirma que en 2018 el INDH ya constataba las especiales condiciones de desprotecci贸n que padec铆an las mujeres en condici贸n de ruralidad. De esta manera el informe reitera cierta recomendaci贸n dirigida hace cuatro a帽os al Ministerio de la Mujer, con el prop贸sito de instaurar “pol铆ticas y programas permanentes que aborden la violencia contra la mujer con una pertinencia territorial”. Son muchas las 谩reas en las cuales avanzar.

En particular existen falta de datos. “El alcance de la oferta de programas del Estado orientados tanto a la prevenci贸n como la protecci贸n de v铆ctimas de violencia intrafamiliar no presenta producci贸n de datos con car谩cter territorial ni tampoco un despliegue adecuado en zonas de aislamiento rural”, dice el informe. El texto expone que un an谩lisis de 2021 del Ministerio de Desarrollo Social sobre el Programa de Protecci贸n Especializado en maltrato grave y abuso sexual revela que no hay desagregaci贸n de los datos rurales.

Seg煤n el informe 2022 del INDH, “para las y los habitantes de los sectores rurales entrevistados, lo que prima es la violencia intrafamiliar y el hecho de que muchos delitos quedan invisibilizados por el aislamiento, situaci贸n que limita la posibilidad de establecer acciones positivas por parte del Estado, en aras de proteger a las poblaciones”. El informe denuncia que la producci贸n de datos para detectar la vulnerabilidad de las personas ante estos hechos est谩 en los sectores urbanos, pero no en los rurales, lo que “impide diagnosticar de manera m谩s clara y actualizada las particularidades rurales”.

Lejan铆a del Estado

Las dificultades de acceso de las mujeres a protecci贸n es uno de los elementos que genera la lejan铆a de las zonas rurales. Los problemas se extienden a todos los grupos etarios. “Uno de los aspectos m谩s destacados en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 (ENDH) fue que los derechos menos protegidos y m谩s vulnerados —seg煤n la poblaci贸n de las regiones de O’Higgins, el Maule y 脩uble, que concentran alta ruralidad— refieren a la seguridad social y los salarios dignos”, recuerda el informe.

Es por ello que se afirma que “desde la perspectiva de los derechos humanos, en las regiones analizadas el derecho a la vida digna —cuya dimensi贸n emp铆rica se materializa en el acceso a servicios y derechos— no se encuentra total ni igualitariamente garantizado por parte del Estado en las zonas rurales m谩s pobladas, siendo el caso de Atacama, en particular, el m谩s cr铆tico”, se relata. Se produce una separaci贸n de las familias, ya que los hijos e hijas suelen irse a zonas urbanas en busca de opciones de estudio o trabajo. No hay muchas posibilidades de recibir ayuda ante una emergencia de salud.

Es as铆 como el informe se帽ala al revisar la distribuci贸n de escuelas en las comunas de las regiones que la “limitada oferta de niveles educacionales, las escasas oportunidades de escolaridad y reducidas opciones de trabajo podr铆an significar una alta informalidad y precariedad laboral, exiguos niveles de ingreso y, en consecuencia, bajas jubilaciones, entre otras eventuales vulneraciones a los derechos econ贸micos, sociales y culturales”.

Peor a煤n, en el informe se revis贸 el Catastro Nacional de Campamentos 2022, del Ministerio de Vivienda. En el polo rural norte hay 106 campamentos; en el polo centro sur, 81; y en el polo sur, 143. “En las zonas rurales sus habitantes perciben, derechamente, niveles de abandono. En este sentido, no solo la concurrencia de vulneraciones es distinta, sino que se suman aristas relativas a la lejan铆a y falta de procesos de acompa帽amiento de programas del Estado, ya sea a nivel central, de gobernaci贸n regional o comunal”.

 
Fuente: Comunicaciones INDH - comunicaciones@indh.cl

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