Polémica decisión de juez genera conflicto entre Gendarmería y el Poder Judicial
Un nuevo conflicto surge entre Gendarmería de Chile y el Poder Judicial, específicamente con el Séptimo Juzgado de Garantía y su juez, Daniel Urrutia, tras el otorgamiento de beneficios controvertidos a cuatro internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). La polémica decisión del juez Urrutia, que permitiría videollamadas de reos con terceros no autorizados por la administración penitenciaria, ha encendido el debate sobre la seguridad y el manejo interno en uno de los centros de detención más críticos del país.
El REPAS, hogar de los criminales más peligrosos del país, enfrenta una situación compleja tras la resolución del 25 de enero del juez Urrutia, que no solo ha sido cuestionada por permitir videollamadas con identidades no acreditadas, sino también por ordenar la realización de una visita íntima a un reo condenado por narcotráfico, en instalaciones no adecuadas para tal fin.
Ante estas decisiones, Gendarmería ha expresado su profunda preocupación, argumentando que dichas medidas ponen en riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada. La institución ha recurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago, alertando sobre las implicaciones de seguridad que conllevan estas resoluciones judiciales, en particular en un contexto donde el crimen organizado presenta una amenaza constante.
Este conflicto se agrava tras revelarse que dos miembros del Tren de Aragua en Chile realizaron videollamadas con familiares desde el penal, en un episodio que, según Gendarmería, compromete la seguridad del establecimiento. Este evento, junto con resoluciones judiciales anteriores que facilitaron el acceso de visitantes irregulares, resalta las tensiones entre la seguridad penitenciaria y las decisiones judiciales.
La Corte de Apelaciones ha respondido con una orden de no innovar que suspende temporalmente la resolución del juez Urrutia, mientras se solicitan informes detallados sobre estas decisiones controversiales. La situación subraya el delicado equilibrio entre los derechos de los internos y las necesidades de seguridad en instalaciones de alta seguridad.
El Coronel Luis González Báez, Subdirector Operativo (S) de Gendarmería, recalca el compromiso de la institución con la seguridad nacional, señalando la importancia de un régimen de reclusión restrictivo para individuos de alta peligrosidad. Este conflicto entre Gendarmería y el Poder Judicial destaca la necesidad de una coordinación efectiva y de políticas claras para manejar a los reclusos vinculados a actividades delictuales graves, garantizando al mismo tiempo la seguridad institucional y el respeto por los derechos fundamentales.
Fuente: Agencia MI
El REPAS, hogar de los criminales más peligrosos del país, enfrenta una situación compleja tras la resolución del 25 de enero del juez Urrutia, que no solo ha sido cuestionada por permitir videollamadas con identidades no acreditadas, sino también por ordenar la realización de una visita íntima a un reo condenado por narcotráfico, en instalaciones no adecuadas para tal fin.
Ante estas decisiones, Gendarmería ha expresado su profunda preocupación, argumentando que dichas medidas ponen en riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada. La institución ha recurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago, alertando sobre las implicaciones de seguridad que conllevan estas resoluciones judiciales, en particular en un contexto donde el crimen organizado presenta una amenaza constante.
Este conflicto se agrava tras revelarse que dos miembros del Tren de Aragua en Chile realizaron videollamadas con familiares desde el penal, en un episodio que, según Gendarmería, compromete la seguridad del establecimiento. Este evento, junto con resoluciones judiciales anteriores que facilitaron el acceso de visitantes irregulares, resalta las tensiones entre la seguridad penitenciaria y las decisiones judiciales.
La Corte de Apelaciones ha respondido con una orden de no innovar que suspende temporalmente la resolución del juez Urrutia, mientras se solicitan informes detallados sobre estas decisiones controversiales. La situación subraya el delicado equilibrio entre los derechos de los internos y las necesidades de seguridad en instalaciones de alta seguridad.
El Coronel Luis González Báez, Subdirector Operativo (S) de Gendarmería, recalca el compromiso de la institución con la seguridad nacional, señalando la importancia de un régimen de reclusión restrictivo para individuos de alta peligrosidad. Este conflicto entre Gendarmería y el Poder Judicial destaca la necesidad de una coordinación efectiva y de políticas claras para manejar a los reclusos vinculados a actividades delictuales graves, garantizando al mismo tiempo la seguridad institucional y el respeto por los derechos fundamentales.
Fuente: Agencia MI
