Fiscalización revela irregularidades en otorgamiento de pensiones de gracia tras estallido social
El informe de la Contraloría y las respuestas de los organismos públicos evidencian problemas en transparencia y acreditación.
El 13 de diciembre de 2023, la Contraloría General de la República emitió el Informe Final de Auditoría N°419-2023, examinando los procedimientos de entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social de 2019. Este informe destapó diversas observaciones relacionadas con la acreditación, otorgamiento y pago de estas pensiones, implicando a la Subsecretaría del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El informe de auditoría surgió como respuesta a las inquietudes sobre la capacidad del INDH para acreditar las consecuencias físicas de las violaciones a los derechos humanos. Según un oficio del 23 de septiembre de 2022, el INDH comunicó al Presidente de la República su falta de competencia para realizar estas acreditaciones, lo que planteó serias dudas sobre el proceso seguido para la entrega de pensiones.
En enero de 2024, la Cámara de Diputados solicitó a la Contraloría que dictara instrucciones y comenzara un procedimiento disciplinario para esclarecer estos hechos. Además, se requirió al Consejo para la Transparencia que fiscalizara el cumplimiento de las normas de transparencia pública, dada la ausencia de un registro escrito de las respuestas del Gobierno a las comunicaciones del INDH.
Las pensiones de gracia, administradas por la Unidad de Gestión Social del Departamento de Acción Social (DAS), son beneficios pecuniarios variables, concedidos por el Presidente de la República a personas que han prestado servicios distinguidos, enfrentado catástrofes, o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El procedimiento de solicitud incluye una carta al Presidente, una evaluación socioeconómica y una visita domiciliaria, culminando con la aprobación o rechazo por parte de una comisión asesora especial.
Para las víctimas del estallido social, el INDH debía acreditar su calidad de afectado, un requisito esencial para la solicitud de pensiones ante la Subsecretaría del Interior. Este proceso, regulado por la Resolución Exenta N°16 del 4 de enero de 2022, establecía un procedimiento específico, incluyendo la certificación del INDH y la evaluación del Departamento de Acción Social.
La revisión de transparencia activa de la Subsecretaría del Interior reveló varios incumplimientos, como la duplicación de actos administrativos y retrasos significativos en la publicación de información. En particular, se detectaron actos administrativos publicados con hasta 15 meses de demora, afectando la transparencia del proceso.
Además, se encontró que algunos decretos publicados incluían el RUT de los beneficiarios, violando las normas de protección de datos personales. Por otro lado, en el sitio de Transparencia Activa del INDH, no se encontró información sobre el procedimiento de acreditación de víctimas del estallido social, aunque se publicaron actas de sesiones del Consejo del INDH donde se discutieron estos temas.
Entre enero de 2021 y febrero de 2024, se otorgaron al menos 867 pensiones de gracia, con un aumento notable en 2023. Los beneficiarios incluyen extrabajadores portuarios, viudas de trabajadores, y personas afectadas por las manifestaciones del estallido social. Las pensiones, calculadas en Ingresos Mínimos Mensuales (IMM), varían entre 0,33 y 2,10 IMM, con un promedio de 1,84 IMM, equivalente a $544.347 pesos chilenos.
El informe de la Contraloría ha puesto en evidencia las deficiencias en la transparencia y administración de las pensiones de gracia. Estas revelaciones subrayan la necesidad de mejorar los procesos de acreditación y publicación de información, garantizando que los beneficios lleguen de manera justa y eficiente a quienes realmente los necesitan.
Fuente información: https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/fiscalizacion_foca/2024/07/Informe-FE-Pensiones-de-Gracia_VF.pdf
Esta nota podría tener imágenes de: https://pixabay.com/es/ - https://www.freepik.es/
El 13 de diciembre de 2023, la Contraloría General de la República emitió el Informe Final de Auditoría N°419-2023, examinando los procedimientos de entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social de 2019. Este informe destapó diversas observaciones relacionadas con la acreditación, otorgamiento y pago de estas pensiones, implicando a la Subsecretaría del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El informe de auditoría surgió como respuesta a las inquietudes sobre la capacidad del INDH para acreditar las consecuencias físicas de las violaciones a los derechos humanos. Según un oficio del 23 de septiembre de 2022, el INDH comunicó al Presidente de la República su falta de competencia para realizar estas acreditaciones, lo que planteó serias dudas sobre el proceso seguido para la entrega de pensiones.
En enero de 2024, la Cámara de Diputados solicitó a la Contraloría que dictara instrucciones y comenzara un procedimiento disciplinario para esclarecer estos hechos. Además, se requirió al Consejo para la Transparencia que fiscalizara el cumplimiento de las normas de transparencia pública, dada la ausencia de un registro escrito de las respuestas del Gobierno a las comunicaciones del INDH.
Las pensiones de gracia, administradas por la Unidad de Gestión Social del Departamento de Acción Social (DAS), son beneficios pecuniarios variables, concedidos por el Presidente de la República a personas que han prestado servicios distinguidos, enfrentado catástrofes, o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El procedimiento de solicitud incluye una carta al Presidente, una evaluación socioeconómica y una visita domiciliaria, culminando con la aprobación o rechazo por parte de una comisión asesora especial.
Para las víctimas del estallido social, el INDH debía acreditar su calidad de afectado, un requisito esencial para la solicitud de pensiones ante la Subsecretaría del Interior. Este proceso, regulado por la Resolución Exenta N°16 del 4 de enero de 2022, establecía un procedimiento específico, incluyendo la certificación del INDH y la evaluación del Departamento de Acción Social.
La revisión de transparencia activa de la Subsecretaría del Interior reveló varios incumplimientos, como la duplicación de actos administrativos y retrasos significativos en la publicación de información. En particular, se detectaron actos administrativos publicados con hasta 15 meses de demora, afectando la transparencia del proceso.
Además, se encontró que algunos decretos publicados incluían el RUT de los beneficiarios, violando las normas de protección de datos personales. Por otro lado, en el sitio de Transparencia Activa del INDH, no se encontró información sobre el procedimiento de acreditación de víctimas del estallido social, aunque se publicaron actas de sesiones del Consejo del INDH donde se discutieron estos temas.
Entre enero de 2021 y febrero de 2024, se otorgaron al menos 867 pensiones de gracia, con un aumento notable en 2023. Los beneficiarios incluyen extrabajadores portuarios, viudas de trabajadores, y personas afectadas por las manifestaciones del estallido social. Las pensiones, calculadas en Ingresos Mínimos Mensuales (IMM), varían entre 0,33 y 2,10 IMM, con un promedio de 1,84 IMM, equivalente a $544.347 pesos chilenos.
El informe de la Contraloría ha puesto en evidencia las deficiencias en la transparencia y administración de las pensiones de gracia. Estas revelaciones subrayan la necesidad de mejorar los procesos de acreditación y publicación de información, garantizando que los beneficios lleguen de manera justa y eficiente a quienes realmente los necesitan.
Fuente información: https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/fiscalizacion_foca/2024/07/Informe-FE-Pensiones-de-Gracia_VF.pdf
Esta nota podría tener imágenes de: https://pixabay.com/es/ - https://www.freepik.es/
