Diputados aprueban proyecto que prohíbe condicionar títulos al pago de deudas en la educación superior
La Cámara de Diputados aprobó por 86 votos a favor, 17 en contra y 9 abstenciones, las modificaciones del Senado al proyecto de ley que impide condicionar la rendición de exámenes y la entrega de títulos en instituciones de educación superior al pago de deudas de arancel.
Esta medida busca proteger el derecho de los estudiantes a graduarse, independientemente de su situación financiera, y establece una sanción para las instituciones que vulneren este derecho.
El proyecto nace a raíz de interpretaciones erróneas por parte de algunas universidades respecto al artículo 55 de la Ley 21.091, que regula la educación superior. Este artículo prohíbe condicionar la rendición de evaluaciones o la entrega de títulos al pago de ciertos ítems, como derechos o tasas de titulación. Sin embargo, varias instituciones han extendido esta prohibición al pago de mensualidades o costos anuales, lo que ha llevado a que estudiantes con deudas de arancel no puedan acceder a sus títulos o diplomas.
Los autores del proyecto, liderados por el diputado Luis Malla (Partido Liberal), junto a otros parlamentarios de diversos sectores políticos, presentaron esta iniciativa para aclarar y fortalecer la prohibición. Si bien ya existen fallos judiciales a favor de los estudiantes en estos casos, la nueva normativa busca extender esta protección a todos los estudiantes, sin importar la fecha de vigencia de la Ley 21.091, aprobada en 2018.
El Senado introdujo una precisión clave al proyecto, reemplazando la expresión "otras evaluaciones" por "exámenes de grado o titulación", especificando que la prohibición se aplica principalmente a estas instancias. El cambio refuerza la idea de que ningún estudiante debe ser impedido de rendir exámenes finales o recibir su título debido a deudas económicas.
El proyecto sanciona como una infracción grave el condicionar la rendición de estos exámenes o la entrega de títulos a las deudas de arancel, garantizando que los estudiantes puedan continuar con su carrera profesional y cumplir sus obligaciones financieras posteriormente.
La mayoría de los parlamentarios apoyaron la iniciativa, destacando la importancia de priorizar la capacidad académica sobre la situación económica. Según argumentaron, la falta de dinero no debería impedir que los estudiantes puedan obtener su título y ejercer profesionalmente, lo que además les permitiría saldar sus deudas en el futuro.
Durante el debate, varios diputados y diputadas coincidieron en que la educación no debería estar supeditada a una lógica mercantil. Asimismo, reiteraron la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior, que sea más inclusivo y justo.
Sin embargo, la bancada republicana manifestó su oposición al proyecto. Parlamentarios como José Carlos Meza y Cristián Araya (Partido Republicano) subrayaron la importancia de que los estudiantes cumplan con sus compromisos financieros. Argumentaron que permitir la entrega de títulos sin el pago de las deudas podría afectar el financiamiento de las universidades, especialmente en el caso de las instituciones privadas.
Con la aprobación de este proyecto, las y los estudiantes de educación superior en Chile podrán rendir exámenes de grado y obtener sus títulos sin que su capacidad económica sea un impedimento. La medida busca garantizar el derecho a la educación y proteger a los estudiantes frente a prácticas que condicionen su desarrollo académico a factores financieros. Sin embargo, las universidades mantendrán la posibilidad de cobrar las deudas con posterioridad, resguardando así sus recursos económicos.
Fuente información: https://www.camara.cl/prensa/
Esta medida busca proteger el derecho de los estudiantes a graduarse, independientemente de su situación financiera, y establece una sanción para las instituciones que vulneren este derecho.
Contexto del proyecto
El proyecto nace a raíz de interpretaciones erróneas por parte de algunas universidades respecto al artículo 55 de la Ley 21.091, que regula la educación superior. Este artículo prohíbe condicionar la rendición de evaluaciones o la entrega de títulos al pago de ciertos ítems, como derechos o tasas de titulación. Sin embargo, varias instituciones han extendido esta prohibición al pago de mensualidades o costos anuales, lo que ha llevado a que estudiantes con deudas de arancel no puedan acceder a sus títulos o diplomas.
Los autores del proyecto, liderados por el diputado Luis Malla (Partido Liberal), junto a otros parlamentarios de diversos sectores políticos, presentaron esta iniciativa para aclarar y fortalecer la prohibición. Si bien ya existen fallos judiciales a favor de los estudiantes en estos casos, la nueva normativa busca extender esta protección a todos los estudiantes, sin importar la fecha de vigencia de la Ley 21.091, aprobada en 2018.
Modificaciones del Senado
El Senado introdujo una precisión clave al proyecto, reemplazando la expresión "otras evaluaciones" por "exámenes de grado o titulación", especificando que la prohibición se aplica principalmente a estas instancias. El cambio refuerza la idea de que ningún estudiante debe ser impedido de rendir exámenes finales o recibir su título debido a deudas económicas.
El proyecto sanciona como una infracción grave el condicionar la rendición de estos exámenes o la entrega de títulos a las deudas de arancel, garantizando que los estudiantes puedan continuar con su carrera profesional y cumplir sus obligaciones financieras posteriormente.
Apoyo transversal y argumentos en favor
La mayoría de los parlamentarios apoyaron la iniciativa, destacando la importancia de priorizar la capacidad académica sobre la situación económica. Según argumentaron, la falta de dinero no debería impedir que los estudiantes puedan obtener su título y ejercer profesionalmente, lo que además les permitiría saldar sus deudas en el futuro.
Durante el debate, varios diputados y diputadas coincidieron en que la educación no debería estar supeditada a una lógica mercantil. Asimismo, reiteraron la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior, que sea más inclusivo y justo.
Opiniones en contra
Sin embargo, la bancada republicana manifestó su oposición al proyecto. Parlamentarios como José Carlos Meza y Cristián Araya (Partido Republicano) subrayaron la importancia de que los estudiantes cumplan con sus compromisos financieros. Argumentaron que permitir la entrega de títulos sin el pago de las deudas podría afectar el financiamiento de las universidades, especialmente en el caso de las instituciones privadas.
Conclusión
Con la aprobación de este proyecto, las y los estudiantes de educación superior en Chile podrán rendir exámenes de grado y obtener sus títulos sin que su capacidad económica sea un impedimento. La medida busca garantizar el derecho a la educación y proteger a los estudiantes frente a prácticas que condicionen su desarrollo académico a factores financieros. Sin embargo, las universidades mantendrán la posibilidad de cobrar las deudas con posterioridad, resguardando así sus recursos económicos.
Fuente información: https://www.camara.cl/prensa/
