Transporte público en Osorno: Desafíos y avances hacia la electromovilidad
En un reciente diálogo con Rocío Gambra de Paislobo Prensa, el experto en regulación de transporte Juan Carlos González abordó los cambios y desafíos que enfrenta el transporte público, tanto en Osorno como a nivel nacional, en un contexto marcado por la implementación de buses eléctricos y nuevas políticas de subsidio.
González, con una vasta trayectoria en el sector, destacó que el transporte público ha experimentado cambios significativos desde la creación de la Ley de Subsidio al Transporte Público, originada tras la crisis del Transantiago. Esta ley permitió la creación de los "fondos espejo", destinados a financiar mejoras en el transporte público en regiones, aunque su implementación en estos territorios ha sido limitada. Sin embargo, una nueva reforma busca cambiar este escenario.
La reciente modificación legal, promulgada como la Ley N.º 21.169, obliga a los gobiernos regionales a invertir al menos el 50% de los fondos disponibles en proyectos de transporte público, con un presupuesto total de 915 millones de dólares para todo el país. González explicó que estos recursos no solo están destinados a contener las tarifas, sino también a promover la electromovilidad y la renovación de flota, lo que facilitará la incorporación de buses eléctricos en diversas ciudades.
En el caso específico de Osorno, González mencionó que está en curso una licitación para 116 buses eléctricos y 52 buses diésel. Estos cambios están en línea con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte público, tanto en términos de vehículos como en frecuencia y cobertura de rutas. A pesar de que la licitación aún se encuentra en trámite en Contraloría, González indicó que los plazos para la adjudicación y puesta en marcha de los nuevos buses podrían extenderse a un año y medio, considerando la construcción de la infraestructura de carga y la fabricación de los vehículos, que en su mayoría provendrían de China.
El especialista también abordó las preocupaciones de los operadores locales sobre la capacidad de competir en este nuevo escenario. Aseguró que, en ciudades como Antofagasta, La Serena y Copiapó, los operadores locales lograron adjudicarse las licitaciones, y que las boletas de garantía solicitadas en estos procesos pueden ser cubiertas mediante pólizas de seguro, lo que facilita la participación de empresas locales. Además, resaltó que la implementación de estos subsidios está ligada a una mejora en las condiciones laborales de los conductores, quienes deben contar con sueldos y jornadas reguladas.
Por último, González enfatizó que la transición hacia la electromovilidad no solo mejorará el servicio, sino que también será una inversión a largo plazo. Los buses eléctricos, aunque más costosos al momento de la compra, tienen un menor costo operativo en comparación con los buses diésel, gracias a la reducción en el gasto de electricidad y mantenimiento.
La implementación de buses eléctricos en Osorno es parte de una política pública que ha sido apoyada de manera transversal por distintos gobiernos, con el objetivo de mejorar la calidad del transporte público en las regiones y reducir la contaminación.
González, con una vasta trayectoria en el sector, destacó que el transporte público ha experimentado cambios significativos desde la creación de la Ley de Subsidio al Transporte Público, originada tras la crisis del Transantiago. Esta ley permitió la creación de los "fondos espejo", destinados a financiar mejoras en el transporte público en regiones, aunque su implementación en estos territorios ha sido limitada. Sin embargo, una nueva reforma busca cambiar este escenario.
La reciente modificación legal, promulgada como la Ley N.º 21.169, obliga a los gobiernos regionales a invertir al menos el 50% de los fondos disponibles en proyectos de transporte público, con un presupuesto total de 915 millones de dólares para todo el país. González explicó que estos recursos no solo están destinados a contener las tarifas, sino también a promover la electromovilidad y la renovación de flota, lo que facilitará la incorporación de buses eléctricos en diversas ciudades.
En el caso específico de Osorno, González mencionó que está en curso una licitación para 116 buses eléctricos y 52 buses diésel. Estos cambios están en línea con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte público, tanto en términos de vehículos como en frecuencia y cobertura de rutas. A pesar de que la licitación aún se encuentra en trámite en Contraloría, González indicó que los plazos para la adjudicación y puesta en marcha de los nuevos buses podrían extenderse a un año y medio, considerando la construcción de la infraestructura de carga y la fabricación de los vehículos, que en su mayoría provendrían de China.
El especialista también abordó las preocupaciones de los operadores locales sobre la capacidad de competir en este nuevo escenario. Aseguró que, en ciudades como Antofagasta, La Serena y Copiapó, los operadores locales lograron adjudicarse las licitaciones, y que las boletas de garantía solicitadas en estos procesos pueden ser cubiertas mediante pólizas de seguro, lo que facilita la participación de empresas locales. Además, resaltó que la implementación de estos subsidios está ligada a una mejora en las condiciones laborales de los conductores, quienes deben contar con sueldos y jornadas reguladas.
Por último, González enfatizó que la transición hacia la electromovilidad no solo mejorará el servicio, sino que también será una inversión a largo plazo. Los buses eléctricos, aunque más costosos al momento de la compra, tienen un menor costo operativo en comparación con los buses diésel, gracias a la reducción en el gasto de electricidad y mantenimiento.
La implementación de buses eléctricos en Osorno es parte de una política pública que ha sido apoyada de manera transversal por distintos gobiernos, con el objetivo de mejorar la calidad del transporte público en las regiones y reducir la contaminación.
Fuente información: Rocío Gambra