Grave denuncia por usurpación de identidad en Osorno
Uso indebido de claves en el sistema SIGE genera debate sobre la protección de datos en el ámbito educativo.
Un caso que pone en el centro de atención la seguridad de las plataformas digitales en el sistema educativo chileno salió a la luz tras la denuncia de Carolina Ruth, ex Directora de un colegio en Ovejería Alto, Osorno. Representada por el abogado Richard Caifal, Ruth acusa usurpación de identidad y falsificación de documentos oficiales en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE), utilizado por el Ministerio de Educación.
Según explicó el abogado, Carolina cesó sus funciones como directora en noviembre de 2022, con una desvinculación formalizada ante notario. Sin embargo, en marzo de 2023, descubrió que documentos oficiales emitidos en diciembre, enero y febrero, contenían su firma electrónica, a pesar de no tener relación con la institución en ese período.
La irregularidad no solo expone un uso indebido de datos personales, sino que también está vinculada al manejo de fondos públicos, ya que el colegio recibió subvenciones basadas en documentación supuestamente firmada por ella.
El caso incluye presuntos delitos como la usurpación de identidad, falsificación de instrumento privado y posible obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Aunque el Ministerio Público inicialmente cerró la investigación, nuevos antecedentes podrían reabrir el caso.
"El uso indebido de una firma digital no es un tema menor, ya que expone a los responsables a sanciones penales y administrativas", comentó Caifal. Las penas asociadas a estos delitos varían entre 61 días y tres años, dependiendo de la gravedad.
El caso revela serias falencias en el manejo de las claves de acceso al SIGE, una herramienta esencial en el sistema educativo chileno. El abogado enfatizó la importancia de no compartir claves personales, ya que esto puede generar responsabilidades legales para el titular.
"Las plataformas electrónicas son como una cédula de identidad digital. Cualquier mal uso puede tener consecuencias legales, administrativas e incluso personales para quien figura como responsable", advirtió Caifal.
Desde la Superintendencia de Educación, aunque inicialmente entregaron respuestas poco concretas, se reconoció la necesidad de mejorar la seguridad y actualizar claves en casos como este.
Fuente información: Rocío Gambra
Un caso que pone en el centro de atención la seguridad de las plataformas digitales en el sistema educativo chileno salió a la luz tras la denuncia de Carolina Ruth, ex Directora de un colegio en Ovejería Alto, Osorno. Representada por el abogado Richard Caifal, Ruth acusa usurpación de identidad y falsificación de documentos oficiales en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE), utilizado por el Ministerio de Educación.
Según explicó el abogado, Carolina cesó sus funciones como directora en noviembre de 2022, con una desvinculación formalizada ante notario. Sin embargo, en marzo de 2023, descubrió que documentos oficiales emitidos en diciembre, enero y febrero, contenían su firma electrónica, a pesar de no tener relación con la institución en ese período.
La irregularidad no solo expone un uso indebido de datos personales, sino que también está vinculada al manejo de fondos públicos, ya que el colegio recibió subvenciones basadas en documentación supuestamente firmada por ella.
El caso incluye presuntos delitos como la usurpación de identidad, falsificación de instrumento privado y posible obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Aunque el Ministerio Público inicialmente cerró la investigación, nuevos antecedentes podrían reabrir el caso.
"El uso indebido de una firma digital no es un tema menor, ya que expone a los responsables a sanciones penales y administrativas", comentó Caifal. Las penas asociadas a estos delitos varían entre 61 días y tres años, dependiendo de la gravedad.
El caso revela serias falencias en el manejo de las claves de acceso al SIGE, una herramienta esencial en el sistema educativo chileno. El abogado enfatizó la importancia de no compartir claves personales, ya que esto puede generar responsabilidades legales para el titular.
"Las plataformas electrónicas son como una cédula de identidad digital. Cualquier mal uso puede tener consecuencias legales, administrativas e incluso personales para quien figura como responsable", advirtió Caifal.
Desde la Superintendencia de Educación, aunque inicialmente entregaron respuestas poco concretas, se reconoció la necesidad de mejorar la seguridad y actualizar claves en casos como este.
Fuente información: Rocío Gambra
