Graves denuncias contra Ecoprial: contaminación, patrimonio destruido y falta de permisos
Ambientalistas denuncian a Ecoprial de operar ilegalmente su planta de biogás en Osorno.
La Agrupación de Protección Ambiental de Osorno, a través de su vocero Pablo Benavides, ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por la empresa Ecoprial, incluyendo la presunta destrucción de un sitio arqueológico, el funcionamiento ilegal de su planta de biogás y la falta de respuesta por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Una de las denuncias más graves apunta a la desaparición de un sitio arqueológico detectado en 2008 en terrenos de Ecoprial. Según Benavides, dicho sitio contenía fragmentos y objetos con antigüedades que oscilaban entre el año 400 d.C. y el siglo XX. Pese a estar delimitado y protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el área habría sido utilizada para la disposición de desechos industriales.
En 2022, un informe solicitado por el CMN confirmó la destrucción total del sitio. Ante esto, la agrupación ambiental interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en 2023. Actualmente, la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones (PDI) lleva adelante diligencias en el caso, y se espera que en 2025 pueda haber formalizaciones.
Según el artículo 38 de la Ley de Patrimonio, los responsables podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo (de 61 días a tres años) y multas económicas.
Otra denuncia, presentada en diciembre de 2024, señala que la planta de biogás de Ecoprial opera sin una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), un requisito obligatorio para su funcionamiento. Según Benavides, esta planta ha estado operativa desde febrero de 2023 sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que constituye una infracción al Código Penal, específicamente al artículo 305, que sanciona con presidio y multas a quienes viertan contaminantes sin cumplir con la normativa.
Lo más preocupante, según la denuncia, es que la planta habría sido inaugurada con la presencia de autoridades, incluyendo la Seremi de Energía, pese a que carecía de los permisos necesarios.
La agrupación ambiental también ha criticado la demora en los procesos de fiscalización por parte de la SMA. Según Benavides, existen al menos cinco denuncias administrativas en curso, algunas de ellas paralizadas desde hace más de cinco años. Además, denuncian que la SMA se ha negado a entregar actas de fiscalización a través de la Ley de Transparencia, lo que consideran un hecho inédito.
"La Superintendencia del Medio Ambiente nunca nos había negado información. Esto genera un manto de secretismo en un gobierno que se autodenominó el primero ecologista de la historia", señaló Benavides.
La agrupación ambiental ha solicitado la paralización inmediata de la planta de biogás y ha instado a la nueva administración municipal a presentar una querella por la destrucción del sitio arqueológico. Además, han apelado al Consejo para la Transparencia para obtener los documentos negados por la SMA y evalúan nuevas acciones legales.
El caso podría tener implicancias aún mayores, ya que la planta de Ecoprial fue vendida recientemente a la empresa Almar Water Solutions, de capitales canadienses. Si se comprueba que se ocultó información clave durante la transacción, la venta podría ser objeto de revisión legal.
Fuente información: Rocío Gambra
La Agrupación de Protección Ambiental de Osorno, a través de su vocero Pablo Benavides, ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por la empresa Ecoprial, incluyendo la presunta destrucción de un sitio arqueológico, el funcionamiento ilegal de su planta de biogás y la falta de respuesta por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Una de las denuncias más graves apunta a la desaparición de un sitio arqueológico detectado en 2008 en terrenos de Ecoprial. Según Benavides, dicho sitio contenía fragmentos y objetos con antigüedades que oscilaban entre el año 400 d.C. y el siglo XX. Pese a estar delimitado y protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el área habría sido utilizada para la disposición de desechos industriales.
En 2022, un informe solicitado por el CMN confirmó la destrucción total del sitio. Ante esto, la agrupación ambiental interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en 2023. Actualmente, la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones (PDI) lleva adelante diligencias en el caso, y se espera que en 2025 pueda haber formalizaciones.
Según el artículo 38 de la Ley de Patrimonio, los responsables podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo (de 61 días a tres años) y multas económicas.
Otra denuncia, presentada en diciembre de 2024, señala que la planta de biogás de Ecoprial opera sin una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), un requisito obligatorio para su funcionamiento. Según Benavides, esta planta ha estado operativa desde febrero de 2023 sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que constituye una infracción al Código Penal, específicamente al artículo 305, que sanciona con presidio y multas a quienes viertan contaminantes sin cumplir con la normativa.
Lo más preocupante, según la denuncia, es que la planta habría sido inaugurada con la presencia de autoridades, incluyendo la Seremi de Energía, pese a que carecía de los permisos necesarios.
La agrupación ambiental también ha criticado la demora en los procesos de fiscalización por parte de la SMA. Según Benavides, existen al menos cinco denuncias administrativas en curso, algunas de ellas paralizadas desde hace más de cinco años. Además, denuncian que la SMA se ha negado a entregar actas de fiscalización a través de la Ley de Transparencia, lo que consideran un hecho inédito.
"La Superintendencia del Medio Ambiente nunca nos había negado información. Esto genera un manto de secretismo en un gobierno que se autodenominó el primero ecologista de la historia", señaló Benavides.
La agrupación ambiental ha solicitado la paralización inmediata de la planta de biogás y ha instado a la nueva administración municipal a presentar una querella por la destrucción del sitio arqueológico. Además, han apelado al Consejo para la Transparencia para obtener los documentos negados por la SMA y evalúan nuevas acciones legales.
El caso podría tener implicancias aún mayores, ya que la planta de Ecoprial fue vendida recientemente a la empresa Almar Water Solutions, de capitales canadienses. Si se comprueba que se ocultó información clave durante la transacción, la venta podría ser objeto de revisión legal.
Fuente información: Rocío Gambra
