Recortes presupuestarios al Ministerio Público y Poder Judicial generan controversia en Chile

Recortes presupuestarios al Ministerio Público y Poder Judicial generan controversia en Chile
Presupuesto 2025: disminución de recursos afecta justicia y combate al crimen organizado.

En el más reciente episodio del Política Podcast, la conductora Rocío Gambra y el abogado Juan Carlos Claret analizaron las implicancias de los recortes presupuestarios realizados al Ministerio Público y al Poder Judicial. Estas reducciones, que ascienden a $7.000 millones y $17.000 millones respectivamente, han suscitado preocupación en medio de una crisis de seguridad y un sistema judicial que opera al límite de sus capacidades.

El recorte al Ministerio Público no desfinancia la institución, pero sí genera ajustes significativos en áreas como personal administrativo, tecnología y capacidad operativa. Según Claret, Chile cuenta con apenas 3,6 fiscales por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del estándar de países con sistemas de justicia más eficientes, donde esta cifra se duplica.

La falta de recursos limita la contratación de personal clave, como psicólogos y peritos, necesarios para investigaciones complejas, y afecta la respuesta a demandas de los ciudadanos. “La reducción de recursos profundiza un lento desangramiento del Ministerio Público, que ya enfrentaba problemas debido a la priorización presupuestaria en gestiones anteriores”, señaló Claret.

El Poder Judicial también enfrenta desafíos significativos. Un comunicado de la Corte Suprema indica que la reducción presupuestaria podría generar un déficit del 47% en la dotación de jueces de primera instancia, además de afectar la capacidad de atención y resolución de los tribunales, que ya trabajan al límite de su capacidad.

El gobierno debía recortar $544.000 millones en gastos fiscales, lo que dio lugar a estas reducciones. Sin embargo, se cuestiona la priorización de los ajustes, considerando el impacto en áreas esenciales como justicia y seguridad. Según Gambra, “reducir en estas instituciones fundamentales debilita los esfuerzos para combatir el crimen organizado y recuperar el orden público”.




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Fuente información: Rocío Gambra
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