Gobierno anuncia Proyecto de Ley para interrupción voluntaria del embarazo
Este miércoles 28 de mayo, el Gobierno de Chile, a través de las ministras de la Mujer, Antonia Orellana; de Salud, Ximena Aguilera; del Interior, Álvaro Elizalde; y de Justicia, Jaime Gajardo, anunció el próximo ingreso al Congreso Nacional de un proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que permitirá el procedimiento hasta la semana 14 de gestación. La medida busca cumplir un compromiso del Presidente Gabriel Boric, despenalizar a las mujeres que abortan y abordar la problemática desde una perspectiva de salud pública, argumentando que las tres causales actuales son insuficientes para cubrir la diversidad de situaciones que enfrentan las mujeres.
En una medida que promete generar un amplio debate legislativo y social, el Gobierno chileno confirmó este miércoles la presentación inminente de un proyecto de ley que busca regular la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación. El anuncio fue realizado en el Palacio de La Moneda por un grupo de ministros clave, reflejando la importancia que el Ejecutivo le asigna a esta iniciativa, la cual fue un compromiso expreso del Presidente Gabriel Boric durante su Cuenta Pública 2024.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, fue enfática al señalar el objetivo central del proyecto: que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo "no deben seguir siendo tratadas como criminales y que no deben seguir siendo perseguidas penalmente". En este sentido, la secretaria de Estado argumentó que la legislación actual, que solo permite el aborto bajo tres causales específicas (riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación), es restrictiva, ya que "los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales". Con esta nueva propuesta, se busca abrir la salud pública para esta prestación, garantizando un acceso más amplio y seguro.
Desde la perspectiva sanitaria, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, justificó la necesidad del proyecto en la urgencia de reducir los graves riesgos para la salud de las mujeres derivados de los abortos clandestinos. Según cifras oficiales, estas prácticas inseguras provocan más de 20.000 hospitalizaciones anuales en el país, lo que se traduce en aproximadamente 260.000 ingresos hospitalarios en poco más de una década. Además, se registran alrededor de cuatro muertes de mujeres por año a consecuencia de estas intervenciones realizadas fuera del sistema de salud.
La ministra Orellana también contextualizó la discusión, recordando el marco legal histórico: "A 35 años de que se ilegalizara vía decreto antidemocrático, hoy abrimos la discusión en el Congreso". Es importante destacar que el proyecto de ley mantendrá las normas vigentes sobre objeción de conciencia, tanto personal como institucional, tal como están establecidas en la legislación chilena actual. El foco de la implementación, una vez aprobado, será garantizar el acceso efectivo a la prestación en el plazo más breve posible, así como asegurar el acceso a información clara y oportuna para las mujeres.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, complementó que la iniciativa busca "terminar con la criminalización o persecución penal de mujeres que interrumpan su embarazo hasta un cierto plazo", alineando la legislación con una perspectiva de derechos humanos y autonomía reproductiva.
Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a abordar el debate parlamentario "con altura de miras, en un marco de respeto recíproco". Instó a que la discusión se base en "evidencia científica" y, fundamentalmente, a que se escuche "la voz de las mujeres", quienes son las principales afectadas por la legislación actual.
Este anuncio se produce en un contexto inmediato de avances en la materia. Recientemente, el pasado 23 de mayo, la Contraloría General de la República tomó razón de la modificación al reglamento que busca mejorar la implementación de la Ley IVE en sus tres causales vigentes, una normativa que ya cumple siete años. Según datos oficiales, durante este periodo se han registrado 6.249 casos de mujeres y niñas que han accedido a la ley, de las cuales un 85% decidió interrumpir el embarazo. Un dato revelador es que la edad donde se constituyen más casos por la causal de violación corresponde a niñas de 13 años.
A nivel regional, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Los Lagos, Macarena Gré, se refirió a la necesidad de ampliar la discusión, señalando que las mujeres viven realidades que "no pueden reducirse a tres causales". Enfatizó que el debate debe abordarse con un enfoque de derechos humanos y salud pública para evitar que las mujeres recurran a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida y su salud.
Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, como la Corporación Miles, aportan más datos al panorama. Un estudio de esta entidad reveló que entre los años 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto en Chile, de las cuales un 10% correspondían a abortos espontáneos que fueron debidamente acreditados, evidenciando la complejidad y, en ocasiones, la injusticia del sistema penal actual en esta materia.
El Gobierno también destacó otros avances en materia de derechos sexuales y reproductivos durante su gestión. Entre ellos, la inclusión de las agresiones sexuales agudas en las Garantías Explícitas en Salud (GES) en octubre de 2022, que ha permitido atender a 4.590 personas, de las cuales 4.018 son mujeres y 1.958 menores de 19 años. Además, se ha trabajado en la reducción del precio de seis tipos de anticonceptivos y se implementó una nueva medida para el retiro de anticonceptivos defectuosos del mercado, estableciendo un plazo máximo de 5 días para su retiro y la obligación de advertir a las usuarias.
En el ámbito de las prestaciones de salud, Fonasa ha incorporado nuevas coberturas, como el examen de hormona antimulleriana, tratamientos para la endometriosis y el acceso a dispositivos anticonceptivos hormonales de larga duración. Finalmente, en enero de 2023 se publicó el Manual de Fiscalización de la Ley IVE, a partir del cual se han realizado cerca de 130 fiscalizaciones para asegurar su correcta implementación.
Con el ingreso de este proyecto de ley al Congreso Nacional, se espera un intenso periodo de discusión parlamentaria, donde se confrontarán diversas visiones éticas, valóricas, sanitarias y de derechos. El Ejecutivo ha manifestado su disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos para avanzar en una legislación que, según sus proponentes, responde a una deuda histórica con los derechos de las mujeres en Chile.
En una medida que promete generar un amplio debate legislativo y social, el Gobierno chileno confirmó este miércoles la presentación inminente de un proyecto de ley que busca regular la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación. El anuncio fue realizado en el Palacio de La Moneda por un grupo de ministros clave, reflejando la importancia que el Ejecutivo le asigna a esta iniciativa, la cual fue un compromiso expreso del Presidente Gabriel Boric durante su Cuenta Pública 2024.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, fue enfática al señalar el objetivo central del proyecto: que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo "no deben seguir siendo tratadas como criminales y que no deben seguir siendo perseguidas penalmente". En este sentido, la secretaria de Estado argumentó que la legislación actual, que solo permite el aborto bajo tres causales específicas (riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación), es restrictiva, ya que "los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales". Con esta nueva propuesta, se busca abrir la salud pública para esta prestación, garantizando un acceso más amplio y seguro.
Desde la perspectiva sanitaria, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, justificó la necesidad del proyecto en la urgencia de reducir los graves riesgos para la salud de las mujeres derivados de los abortos clandestinos. Según cifras oficiales, estas prácticas inseguras provocan más de 20.000 hospitalizaciones anuales en el país, lo que se traduce en aproximadamente 260.000 ingresos hospitalarios en poco más de una década. Además, se registran alrededor de cuatro muertes de mujeres por año a consecuencia de estas intervenciones realizadas fuera del sistema de salud.
La ministra Orellana también contextualizó la discusión, recordando el marco legal histórico: "A 35 años de que se ilegalizara vía decreto antidemocrático, hoy abrimos la discusión en el Congreso". Es importante destacar que el proyecto de ley mantendrá las normas vigentes sobre objeción de conciencia, tanto personal como institucional, tal como están establecidas en la legislación chilena actual. El foco de la implementación, una vez aprobado, será garantizar el acceso efectivo a la prestación en el plazo más breve posible, así como asegurar el acceso a información clara y oportuna para las mujeres.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, complementó que la iniciativa busca "terminar con la criminalización o persecución penal de mujeres que interrumpan su embarazo hasta un cierto plazo", alineando la legislación con una perspectiva de derechos humanos y autonomía reproductiva.
Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a abordar el debate parlamentario "con altura de miras, en un marco de respeto recíproco". Instó a que la discusión se base en "evidencia científica" y, fundamentalmente, a que se escuche "la voz de las mujeres", quienes son las principales afectadas por la legislación actual.
Este anuncio se produce en un contexto inmediato de avances en la materia. Recientemente, el pasado 23 de mayo, la Contraloría General de la República tomó razón de la modificación al reglamento que busca mejorar la implementación de la Ley IVE en sus tres causales vigentes, una normativa que ya cumple siete años. Según datos oficiales, durante este periodo se han registrado 6.249 casos de mujeres y niñas que han accedido a la ley, de las cuales un 85% decidió interrumpir el embarazo. Un dato revelador es que la edad donde se constituyen más casos por la causal de violación corresponde a niñas de 13 años.
A nivel regional, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Los Lagos, Macarena Gré, se refirió a la necesidad de ampliar la discusión, señalando que las mujeres viven realidades que "no pueden reducirse a tres causales". Enfatizó que el debate debe abordarse con un enfoque de derechos humanos y salud pública para evitar que las mujeres recurran a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida y su salud.
Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, como la Corporación Miles, aportan más datos al panorama. Un estudio de esta entidad reveló que entre los años 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto en Chile, de las cuales un 10% correspondían a abortos espontáneos que fueron debidamente acreditados, evidenciando la complejidad y, en ocasiones, la injusticia del sistema penal actual en esta materia.
El Gobierno también destacó otros avances en materia de derechos sexuales y reproductivos durante su gestión. Entre ellos, la inclusión de las agresiones sexuales agudas en las Garantías Explícitas en Salud (GES) en octubre de 2022, que ha permitido atender a 4.590 personas, de las cuales 4.018 son mujeres y 1.958 menores de 19 años. Además, se ha trabajado en la reducción del precio de seis tipos de anticonceptivos y se implementó una nueva medida para el retiro de anticonceptivos defectuosos del mercado, estableciendo un plazo máximo de 5 días para su retiro y la obligación de advertir a las usuarias.
En el ámbito de las prestaciones de salud, Fonasa ha incorporado nuevas coberturas, como el examen de hormona antimulleriana, tratamientos para la endometriosis y el acceso a dispositivos anticonceptivos hormonales de larga duración. Finalmente, en enero de 2023 se publicó el Manual de Fiscalización de la Ley IVE, a partir del cual se han realizado cerca de 130 fiscalizaciones para asegurar su correcta implementación.
Con el ingreso de este proyecto de ley al Congreso Nacional, se espera un intenso periodo de discusión parlamentaria, donde se confrontarán diversas visiones éticas, valóricas, sanitarias y de derechos. El Ejecutivo ha manifestado su disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos para avanzar en una legislación que, según sus proponentes, responde a una deuda histórica con los derechos de las mujeres en Chile.
Para entender mejor
- IVE: Sigla de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se refiere al procedimiento médico que pone fin a un embarazo de forma intencional, bajo las condiciones que establezca la ley.
- Congreso Nacional: Institución donde reside el Poder Legislativo en Chile, compuesto por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Es el encargado de la formación de las leyes.
- Cuenta Pública: Acto republicano anual en el que el Presidente de la República rinde cuenta ante el Congreso Pleno sobre el estado administrativo y político de la nación.
- Tres Causales (Ley IVE actual): La legislación chilena vigente (Ley 21.030) permite la interrupción del embarazo en tres circunstancias específicas:
1. Peligro para la vida de la mujer.
2. Inviabilidad fetal de carácter letal.
3. Embarazo producto de una violación.
Fuente información: ccid@minmujeryeg.gob.cl
2. Inviabilidad fetal de carácter letal.
3. Embarazo producto de una violación.
- Objeción de Conciencia: Derecho que pueden invocar profesionales de la salud o instituciones para eximirse de realizar un procedimiento médico (en este caso, una interrupción del embarazo) por motivos de convicciones personales, morales o religiosas.
- Contraloría General de la República (CGR): Órgano autónomo del Estado chileno encargado de fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración del Estado, resguardar el patrimonio público y controlar el cumplimiento de los estatutos jurídicos. La "toma de razón" es un trámite por el cual la CGR examina la legalidad de los decretos y resoluciones.
- Seremi: Secretario Regional Ministerial. Representante de un ministerio en cada una de las regiones del país.
- GES (Garantías Explícitas en Salud): Conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas a Fonasa o Isapres, que aseguran el acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para un listado priorizado de problemas de salud.
- Fonasa: Fondo Nacional de Salud. Institución pública chilena encargada de recaudar, administrar y distribuir los fondos estatales destinados a salud para financiar las prestaciones de sus beneficiarios.
- Hormona Antimulleriana: Indicador de la reserva ovárica en la mujer, utilizado en estudios de fertilidad.
- Endometriosis: Enfermedad crónica en la que el tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este, causando dolor e infertilidad. PDI: Policía de Investigaciones de Chile, policía civil con orientación principal a la investigación criminalística.
- Carabineros: Carabineros de Chile, institución policial uniformada de carácter militar, encargada del orden y seguridad pública en todo el territorio nacional.
- Fiscalía (Ministerio Público): Organismo autónomo encargado de dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales si corresponde, y ejercer la acción penal pública. También debe proteger a víctimas y testigos.
- Bomberos: Cuerpos de Bomberos de Chile, instituciones de voluntariado dedicadas a la extinción de incendios, rescate y otras emergencias.
Fuente información: ccid@minmujeryeg.gob.cl
