Comisión por la Paz y el Entendimiento divide opiniones en la Macrozona Sur
La reciente presentación de los ex miembros de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, la senadora Carmen Gloria Aravena y el representante del mundo agrícola Sebastián Navillán, en un evento organizado por el Consorcio Agrícola del Sur (CAS) en la Región de La Araucanía, ha revelado profundas diferencias de visión sobre el alcance y las consecuencias del acuerdo alcanzado. Mientras la senadora Aravena defiende la propuesta como un “término final al conflicto”, Navillán, el único voto disidente de la comisión, sostiene que el documento no representa una solución definitiva, especialmente en temas clave como la entrega de tierras y la compensación a víctimas no mapuches. Este debate se extiende por la macrozona sur, abarcando desde Chillán hasta la provincia de Llanquihue, y genera inquietud sobre el futuro de una de las zonas más complejas del país.
El encuentro, impulsado por el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), una institución que agrupa a gremios desde Chillán hasta la provincia de Llanquihue, tuvo como objetivo analizar los resultados de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. La senadora Carmen Gloria Aravena expuso su visión, presentando el acuerdo como un "gran paso" hacia una solución pacífica y a largo plazo. Su postura, según trascendió en el evento, implicó un “sacrificio personal” al renunciar a su partido, lo que le impide ir a la reelección senatorial. Sin embargo, su presentación sugería que el acuerdo logrado ponía “fin al problema”.
Por su parte, Sebastián Navillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y único miembro disidente de la comisión, ofreció una perspectiva más crítica. Explicó su imposibilidad de firmar el acuerdo “a conciencia” debido a que, a su juicio, aspectos fundamentales como la entrega de tierras no quedan resueltos. Navillán enfatizó la falta de claridad en cómo se financiará la adquisición de tierras, de dónde se obtendrán y a quiénes se les entregarán, proyectando que este es un compromiso que trascenderá a varios gobiernos. Otro punto crucial de su disidencia es la ausencia de un plan claro para compensar a las víctimas no mapuches afectadas por el conflicto. En este sentido, se señaló que, aunque se busca compensación para las personas de origen mapuche o pueblo originario, no se aborda la situación de otras víctimas, incluso aquellas con apellidos mapuches que no han tramitado su reconocimiento en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Un punto de coincidencia entre ambos expositores fue la explicación de por qué el tema de la seguridad no fue abordado en el mandato de la comisión. Ambos fueron enfáticos en señalar que no era parte de sus atribuciones, lo que generó un debate inicial sobre la ausencia de un juicio de valor explícito sobre actos de terrorismo en el documento final.
La discusión en el foro del CAS también permitió a los gremios exponer sus visiones, observándose un aumento en la “posición un poco más dura y crítica” hacia el trabajo de la comisión a medida que se avanzaba hacia el sur de la región. Este fenómeno es "interesante", ya que no necesariamente corresponde con las zonas más álgidas del conflicto, sugiriendo un "temor" al posible traslado del conflicto hacia el sur.
Eduardo Winkler, concejal de Purranque y panelista del podcast, presente en la actividad, recalcó que la comisión, a pesar de sus limitaciones, sí “tiene algunos puntos relevantes” al proporcionar “cifras que antes no se contaban” y lograr “dimensionar el problema” de manera más precisa. Este trabajo de recopilación de datos y reuniones, incluyendo la consulta con representantes de países como Finlandia que han abordado temáticas similares, ha permitido una aproximación más informada al desafío. Sin embargo, Winkler también expresó su escepticismo sobre la inmediatez de los resultados, indicando que los anuncios presidenciales son “irrelevantes” en el corto plazo, ya que “primero se tienen que hacer otros procesos”, como una consulta indígena, que podría comenzar a fines de este año. Esto sugiere que las soluciones de fondo se verán en el “próximo gobierno”.
La percepción general, según algunos asistentes al evento, es que la Comisión por la Paz y el Entendimiento fue una “forma política de buscar dejar de tenerlo como tema principal”, trasladando la responsabilidad a futuros procesos y gobiernos. Se enfatizó que estas “soluciones” deben ser para toda la ciudadanía y no solo para la clase política.
Fuente información: Rocío Gambra
El encuentro, impulsado por el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), una institución que agrupa a gremios desde Chillán hasta la provincia de Llanquihue, tuvo como objetivo analizar los resultados de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. La senadora Carmen Gloria Aravena expuso su visión, presentando el acuerdo como un "gran paso" hacia una solución pacífica y a largo plazo. Su postura, según trascendió en el evento, implicó un “sacrificio personal” al renunciar a su partido, lo que le impide ir a la reelección senatorial. Sin embargo, su presentación sugería que el acuerdo logrado ponía “fin al problema”.
Por su parte, Sebastián Navillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y único miembro disidente de la comisión, ofreció una perspectiva más crítica. Explicó su imposibilidad de firmar el acuerdo “a conciencia” debido a que, a su juicio, aspectos fundamentales como la entrega de tierras no quedan resueltos. Navillán enfatizó la falta de claridad en cómo se financiará la adquisición de tierras, de dónde se obtendrán y a quiénes se les entregarán, proyectando que este es un compromiso que trascenderá a varios gobiernos. Otro punto crucial de su disidencia es la ausencia de un plan claro para compensar a las víctimas no mapuches afectadas por el conflicto. En este sentido, se señaló que, aunque se busca compensación para las personas de origen mapuche o pueblo originario, no se aborda la situación de otras víctimas, incluso aquellas con apellidos mapuches que no han tramitado su reconocimiento en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Un punto de coincidencia entre ambos expositores fue la explicación de por qué el tema de la seguridad no fue abordado en el mandato de la comisión. Ambos fueron enfáticos en señalar que no era parte de sus atribuciones, lo que generó un debate inicial sobre la ausencia de un juicio de valor explícito sobre actos de terrorismo en el documento final.
La discusión en el foro del CAS también permitió a los gremios exponer sus visiones, observándose un aumento en la “posición un poco más dura y crítica” hacia el trabajo de la comisión a medida que se avanzaba hacia el sur de la región. Este fenómeno es "interesante", ya que no necesariamente corresponde con las zonas más álgidas del conflicto, sugiriendo un "temor" al posible traslado del conflicto hacia el sur.
Eduardo Winkler, concejal de Purranque y panelista del podcast, presente en la actividad, recalcó que la comisión, a pesar de sus limitaciones, sí “tiene algunos puntos relevantes” al proporcionar “cifras que antes no se contaban” y lograr “dimensionar el problema” de manera más precisa. Este trabajo de recopilación de datos y reuniones, incluyendo la consulta con representantes de países como Finlandia que han abordado temáticas similares, ha permitido una aproximación más informada al desafío. Sin embargo, Winkler también expresó su escepticismo sobre la inmediatez de los resultados, indicando que los anuncios presidenciales son “irrelevantes” en el corto plazo, ya que “primero se tienen que hacer otros procesos”, como una consulta indígena, que podría comenzar a fines de este año. Esto sugiere que las soluciones de fondo se verán en el “próximo gobierno”.
La percepción general, según algunos asistentes al evento, es que la Comisión por la Paz y el Entendimiento fue una “forma política de buscar dejar de tenerlo como tema principal”, trasladando la responsabilidad a futuros procesos y gobiernos. Se enfatizó que estas “soluciones” deben ser para toda la ciudadanía y no solo para la clase política.
Fuente información: Rocío Gambra
