Contraloría revela múltiples irregularidades en seis Gobiernos Regionales
La Contraloría General de la República ha identificado una serie de graves irregularidades en los Gobiernos Regionales (GORE) de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, tras auditorías realizadas entre enero y septiembre de 2024. Los hallazgos, detallados en recientes informes, apuntan a millonarios montos pendientes de rendición, presunto desvío de fondos para fines electorales, contratación de servicios para potenciar la imagen de autoridades, tratos directos cuestionados y mal uso de bienes fiscales, entre otras anomalías. Estas situaciones han derivado en la instrucción de sumarios administrativos y la remisión de antecedentes al Ministerio Público en casos específicos.
Una exhaustiva fiscalización llevada a cabo por la Contraloría General de la República (CGR) entre los meses de enero y septiembre de 2024 ha puesto al descubierto un preocupante panorama de gestión en seis Gobiernos Regionales del país. Las auditorías, centradas en las transferencias de fondos al sector privado, eventuales conflictos de interés y el uso de recursos para fines que podrían ser electorales o ajenos a la función pública, arrojaron serias observaciones que comprometen la probidad y eficiencia administrativa.
Uno de los casos más emblemáticos es el del GORE Metropolitano, donde la entidad fiscalizadora detectó un pago de $31.366.179 por una supuesta "asesoría especializada". Estos fondos se habrían destinado en realidad a financiar la campaña de reelección del gobernador regional. Ante la gravedad de este hallazgo, la Contraloría ha dispuesto el inicio de un procedimiento disciplinario y la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos.
Adicionalmente, en el mismo GORE Metropolitano se cuestionaron tratos directos que suman cuantiosas cifras. Entre ellos, uno por $109.302.180 adjudicado a AJEM Asesores y Consultores Limitada, sin que se acreditara la idoneidad del proveedor. Otro trato directo por $51.753.665 para la adquisición de bienes y servicios tampoco demostró el cumplimiento de los requisitos legales para esta modalidad de contratación. Finalmente, se observó un contrato por $46.154.150 con IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A Agencia en Chile, donde no se pudo acreditar el cumplimiento de las condiciones contractuales.
En la zona sur, el GORE de Los Ríos enfrenta una situación crítica por montos elevados pendientes de rendición. La auditoría reveló un saldo de $8.651.017.491 correspondiente a recursos transferidos al sector público que aún no han sido debidamente justificados, algunos de los cuales datan incluso del año 2015. A esto se suman $7.940.628.576 en anticipos también pendientes de rendición. Como consecuencia, la Contraloría ha ordenado al GORE iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades por esta falta de control. Además, se detectaron pagos de viáticos por labores habituales ascendentes a $5.588.059 a 17 funcionarios y el mal uso de vehículos fiscales.
El GORE de Antofagasta no se queda atrás en cuanto a saldos pendientes y observados. La investigación determinó que existen $4.202.867.306 pendientes de rendir por parte de organismos receptores, con algunas transferencias que se remontan al año 2021. Asimismo, se identificaron $4.856.481.471 en montos observados, cuya reintegración ha sido solicitada o que fueron directamente rechazados por la CGR. Otras irregularidades incluyen el mal uso de vehículos fiscales, la contratación de personal a honorarios para realizar labores habituales de la institución e irregularidades en las bitácoras de los vehículos.
En el GORE de La Araucanía, la Contraloría puso el foco en una contratación irregular destinada a mejorar la imagen de la autoridad regional. Se trata de un pago de $49.980.000 a la empresa Ananda Comunicaciones SpA por un servicio que incluía la "evaluación ciudadana del Gobernador Regional", lo que, a juicio del ente fiscalizador, constituye una violación al principio de probidad administrativa. Por esta razón, la CGR formulará un reparo por el total del monto involucrado. También se cuestionaron tratos directos, como uno por $69.537.672 a la Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA, sin la debida justificación, y otro por 400 Unidades de Fomento (UF) a Asesorías Silva y Compañía Limitada (abogados), donde se constató incumplimiento en la entrega de informes sin que se aplicaran las multas correspondientes.
El GORE de Magallanes también presenta irregularidades vinculadas al uso de recursos para la promoción de la imagen de su gobernador, mediante la contratación de honorarios para servicios de publicidad, difusión y manejo de redes sociales personales, en lugar de destinarlos a la entidad. Se constató el mal uso de medios de comunicación y redes institucionales con estos fines. Adicionalmente, se detectó un exceso en la cuota de combustible asignada al vehículo del gobernador durante más de cinco meses. Otras observaciones incluyen la contratación de honorarios para labores habituales y la aprobación de informes de honorarios por funcionarios no correspondientes o con descripciones genéricas de las labores realizadas. La Contraloría General ha anunciado el inicio de un sumario para este GORE.
Finalmente, en el GORE de Tarapacá, las auditorías revelaron una falta de análisis de las transferencias pendientes de rendición, gastos improcedentes por un total de $7.781.253 en dos contrataciones a honorarios, y el mal uso de redes institucionales para potenciar candidaturas en periodo electoral, configurando un posible proselitismo político. Ante estos hechos, la Contraloría Regional de Tarapacá ya instruyó el respectivo sumario administrativo.
Más allá de los casos específicos, las auditorías de la Contraloría evidenciaron patrones de irregularidades que se repiten en varios Gobiernos Regionales. Entre las más comunes se encuentran el mal uso de vehículos fiscales (detectado en Los Ríos y Antofagasta), la contratación de personal a honorarios para desempeñar labores habituales y permanentes de la institución (Antofagasta y Magallanes), y deficiencias en el control y registro de las bitácoras de los vehículos fiscales (Antofagasta).
Los informes de la Contraloría General de la República marcan el inicio de una serie de procesos que podrían tener importantes consecuencias. Los sumarios administrativos ordenados en los GORE de Los Ríos, Magallanes y Tarapacá, así como el procedimiento disciplinario en el GORE Metropolitano, buscarán establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas.
En el caso del GORE Metropolitano, la remisión de antecedentes al Ministerio Público abre la puerta a una investigación penal por el presunto desvío de fondos para fines electorales. Similarmente, las demás fiscalías regionales podrían iniciar investigaciones de oficio si los antecedentes de los respectivos informes así lo ameritan.
Los Gobiernos Regionales aludidos deberán, además de enfrentar los procesos disciplinarios y eventuales acciones judiciales, implementar medidas correctivas urgentes para subsanar las deficiencias de control interno, mejorar sus procesos de rendición de cuentas y asegurar que los recursos públicos sean utilizados con estricto apego a la normativa y los principios de probidad y eficiencia.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/-/cgr-detecta-irregularidades-en-gores-rm
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Una exhaustiva fiscalización llevada a cabo por la Contraloría General de la República (CGR) entre los meses de enero y septiembre de 2024 ha puesto al descubierto un preocupante panorama de gestión en seis Gobiernos Regionales del país. Las auditorías, centradas en las transferencias de fondos al sector privado, eventuales conflictos de interés y el uso de recursos para fines que podrían ser electorales o ajenos a la función pública, arrojaron serias observaciones que comprometen la probidad y eficiencia administrativa.
Uno de los casos más emblemáticos es el del GORE Metropolitano, donde la entidad fiscalizadora detectó un pago de $31.366.179 por una supuesta "asesoría especializada". Estos fondos se habrían destinado en realidad a financiar la campaña de reelección del gobernador regional. Ante la gravedad de este hallazgo, la Contraloría ha dispuesto el inicio de un procedimiento disciplinario y la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos.
Adicionalmente, en el mismo GORE Metropolitano se cuestionaron tratos directos que suman cuantiosas cifras. Entre ellos, uno por $109.302.180 adjudicado a AJEM Asesores y Consultores Limitada, sin que se acreditara la idoneidad del proveedor. Otro trato directo por $51.753.665 para la adquisición de bienes y servicios tampoco demostró el cumplimiento de los requisitos legales para esta modalidad de contratación. Finalmente, se observó un contrato por $46.154.150 con IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A Agencia en Chile, donde no se pudo acreditar el cumplimiento de las condiciones contractuales.
En la zona sur, el GORE de Los Ríos enfrenta una situación crítica por montos elevados pendientes de rendición. La auditoría reveló un saldo de $8.651.017.491 correspondiente a recursos transferidos al sector público que aún no han sido debidamente justificados, algunos de los cuales datan incluso del año 2015. A esto se suman $7.940.628.576 en anticipos también pendientes de rendición. Como consecuencia, la Contraloría ha ordenado al GORE iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades por esta falta de control. Además, se detectaron pagos de viáticos por labores habituales ascendentes a $5.588.059 a 17 funcionarios y el mal uso de vehículos fiscales.
El GORE de Antofagasta no se queda atrás en cuanto a saldos pendientes y observados. La investigación determinó que existen $4.202.867.306 pendientes de rendir por parte de organismos receptores, con algunas transferencias que se remontan al año 2021. Asimismo, se identificaron $4.856.481.471 en montos observados, cuya reintegración ha sido solicitada o que fueron directamente rechazados por la CGR. Otras irregularidades incluyen el mal uso de vehículos fiscales, la contratación de personal a honorarios para realizar labores habituales de la institución e irregularidades en las bitácoras de los vehículos.
En el GORE de La Araucanía, la Contraloría puso el foco en una contratación irregular destinada a mejorar la imagen de la autoridad regional. Se trata de un pago de $49.980.000 a la empresa Ananda Comunicaciones SpA por un servicio que incluía la "evaluación ciudadana del Gobernador Regional", lo que, a juicio del ente fiscalizador, constituye una violación al principio de probidad administrativa. Por esta razón, la CGR formulará un reparo por el total del monto involucrado. También se cuestionaron tratos directos, como uno por $69.537.672 a la Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA, sin la debida justificación, y otro por 400 Unidades de Fomento (UF) a Asesorías Silva y Compañía Limitada (abogados), donde se constató incumplimiento en la entrega de informes sin que se aplicaran las multas correspondientes.
El GORE de Magallanes también presenta irregularidades vinculadas al uso de recursos para la promoción de la imagen de su gobernador, mediante la contratación de honorarios para servicios de publicidad, difusión y manejo de redes sociales personales, en lugar de destinarlos a la entidad. Se constató el mal uso de medios de comunicación y redes institucionales con estos fines. Adicionalmente, se detectó un exceso en la cuota de combustible asignada al vehículo del gobernador durante más de cinco meses. Otras observaciones incluyen la contratación de honorarios para labores habituales y la aprobación de informes de honorarios por funcionarios no correspondientes o con descripciones genéricas de las labores realizadas. La Contraloría General ha anunciado el inicio de un sumario para este GORE.
Finalmente, en el GORE de Tarapacá, las auditorías revelaron una falta de análisis de las transferencias pendientes de rendición, gastos improcedentes por un total de $7.781.253 en dos contrataciones a honorarios, y el mal uso de redes institucionales para potenciar candidaturas en periodo electoral, configurando un posible proselitismo político. Ante estos hechos, la Contraloría Regional de Tarapacá ya instruyó el respectivo sumario administrativo.
Irregularidades transversales
Más allá de los casos específicos, las auditorías de la Contraloría evidenciaron patrones de irregularidades que se repiten en varios Gobiernos Regionales. Entre las más comunes se encuentran el mal uso de vehículos fiscales (detectado en Los Ríos y Antofagasta), la contratación de personal a honorarios para desempeñar labores habituales y permanentes de la institución (Antofagasta y Magallanes), y deficiencias en el control y registro de las bitácoras de los vehículos fiscales (Antofagasta).
Los informes de la Contraloría General de la República marcan el inicio de una serie de procesos que podrían tener importantes consecuencias. Los sumarios administrativos ordenados en los GORE de Los Ríos, Magallanes y Tarapacá, así como el procedimiento disciplinario en el GORE Metropolitano, buscarán establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas.
En el caso del GORE Metropolitano, la remisión de antecedentes al Ministerio Público abre la puerta a una investigación penal por el presunto desvío de fondos para fines electorales. Similarmente, las demás fiscalías regionales podrían iniciar investigaciones de oficio si los antecedentes de los respectivos informes así lo ameritan.
Los Gobiernos Regionales aludidos deberán, además de enfrentar los procesos disciplinarios y eventuales acciones judiciales, implementar medidas correctivas urgentes para subsanar las deficiencias de control interno, mejorar sus procesos de rendición de cuentas y asegurar que los recursos públicos sean utilizados con estricto apego a la normativa y los principios de probidad y eficiencia.
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