Diputado Lilayú exige explicaciones por $4.800 millones en vacunas vencidas
El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Daniel Lilayú, ha levantado una seria denuncia respecto a la gestión de las vacunas en Chile, revelando que un millón doscientas mil dosis de vacunas contra la influenza, valoradas en aproximadamente $4.800 millones, fueron desechadas el año pasado por encontrarse vencidas. Esta situación ha generado la intervención de la Contraloría General de la República, que inició una fiscalización en mayo de este año para determinar las responsabilidades administrativas y políticas detrás de esta significativa pérdida de recursos públicos. Lilayú, quien es médico y ha destacado por su rol fiscalizador en la Comisión de Salud, enfatizó la gravedad de este hecho, especialmente en un contexto de crecientes enfermedades respiratorias y desafíos económicos para el país.
El parlamentario expresó su preocupación por la falta de un control administrativo adecuado que permitiera anticipar el vencimiento de estas dosis, señalando que "aquí no hubo nadie que se preocupara, por lo que yo veo del punto de vista administrativo, de ver que estaban vencidas". Según el diputado, el costo de las vacunas desechadas asciende a cerca de 5 millones de dólares, lo que, a modo de comparación, equivaldría a la realización de múltiples mamografías para mujeres con cáncer de mama, principal causa de muerte en mujeres en Chile. "Cuántas mamografías se dejaron de hacer? ¿Cuántas personas podríamos haber salvado con esos 5 millones de dólares?", cuestionó Lilayú, subrayando el impacto humano y social de esta negligencia.
La fiscalización de la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, busca esclarecer las causas de esta situación, incluyendo la posibilidad de una sobreestimación en la compra de vacunas o una deficiente estrategia de promoción y vacunación por parte del Gobierno. El diputado Daniel Lilayú criticó la falta de una campaña de difusión efectiva, lo que, a su juicio, ha contribuido a bajos porcentajes de vacunación, como el 53% registrado en Osorno hace algunas semanas, muy por debajo del 80% óptimo. "Cuando se pierde la fe, entre comillas, en las vacunas, cuando no hay una estrategia comunicacional, evidentemente pasa esto", afirmó el legislador. Propuso la implementación de equipos de salud más activos que acudan directamente a los hogares y una inversión en espacios comunicacionales para fomentar la vacunación.
Además de la pérdida por vencimiento, Lilayú recordó un antecedente similar ocurrido en Atacama, donde 40.000 vacunas también fueron desechadas, aunque esa situación pasó "desapercibida" por el menor volumen. Sin embargo, la magnitud actual del problema ha escalado, y el diputado espera que "va a haber consecuencias políticas y administrativas".
En un punto aparte, pero relacionado con el uso de recursos públicos en el ámbito de la salud, el diputado también se refirió a la problemática de las licencias médicas falsas. Mencionó un informe de la Contraloría que detectó a 25.000 personas que salieron del país con licencias falsas, lo que representa una pérdida de 250 millones de dólares, equivalentes a la construcción de tres hospitales de alta complejidad como el de Rahue en Osorno. Asimismo, indicó que existen 100.000 personas adicionales que, aunque no salieron del país, también utilizaron licencias fraudulentas, sumando pérdidas que alcanzan el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Durante la entrevista, el diputado Lilayú también abordó la desinformación sobre las vacunas, refutando la creencia de que estas causan enfermedades o secuelas. Enfatizó que "las vacunas sirven y salvan vidas", poniendo como ejemplo la erradicación de enfermedades como la viruela y la poliomielitis gracias a la vacunación masiva. Hizo un llamado al Ejecutivo a fortalecer la labor educativa y comunicacional para contrarrestar el movimiento antivacunas y asegurar que la población acceda a información veraz.
Finalmente, el diputado Daniel Lilayú, al cierre de la conversación, se comprometió a fiscalizar la situación de una máquina de test de esfuerzo en el Hospital Base de Osorno que lleva 5 meses inoperativa, generando una extensa lista de espera para atenciones cardiológicas. Mencionó un caso reciente donde, tras su intervención, se consiguieron 400 millones de pesos del Gobierno Regional para adquirir equipos que permitieran resolver la falta de atención de otorrinos en la zona, evitando así la renuncia de dos especialistas. Este compromiso refuerza su postura de que los parlamentarios deben no solo fiscalizar, sino también presionar para mejorar la gestión y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente en beneficio de la ciudadanía.
Fuente información: Rocío Gambra
El parlamentario expresó su preocupación por la falta de un control administrativo adecuado que permitiera anticipar el vencimiento de estas dosis, señalando que "aquí no hubo nadie que se preocupara, por lo que yo veo del punto de vista administrativo, de ver que estaban vencidas". Según el diputado, el costo de las vacunas desechadas asciende a cerca de 5 millones de dólares, lo que, a modo de comparación, equivaldría a la realización de múltiples mamografías para mujeres con cáncer de mama, principal causa de muerte en mujeres en Chile. "Cuántas mamografías se dejaron de hacer? ¿Cuántas personas podríamos haber salvado con esos 5 millones de dólares?", cuestionó Lilayú, subrayando el impacto humano y social de esta negligencia.
La fiscalización de la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, busca esclarecer las causas de esta situación, incluyendo la posibilidad de una sobreestimación en la compra de vacunas o una deficiente estrategia de promoción y vacunación por parte del Gobierno. El diputado Daniel Lilayú criticó la falta de una campaña de difusión efectiva, lo que, a su juicio, ha contribuido a bajos porcentajes de vacunación, como el 53% registrado en Osorno hace algunas semanas, muy por debajo del 80% óptimo. "Cuando se pierde la fe, entre comillas, en las vacunas, cuando no hay una estrategia comunicacional, evidentemente pasa esto", afirmó el legislador. Propuso la implementación de equipos de salud más activos que acudan directamente a los hogares y una inversión en espacios comunicacionales para fomentar la vacunación.
Además de la pérdida por vencimiento, Lilayú recordó un antecedente similar ocurrido en Atacama, donde 40.000 vacunas también fueron desechadas, aunque esa situación pasó "desapercibida" por el menor volumen. Sin embargo, la magnitud actual del problema ha escalado, y el diputado espera que "va a haber consecuencias políticas y administrativas".
En un punto aparte, pero relacionado con el uso de recursos públicos en el ámbito de la salud, el diputado también se refirió a la problemática de las licencias médicas falsas. Mencionó un informe de la Contraloría que detectó a 25.000 personas que salieron del país con licencias falsas, lo que representa una pérdida de 250 millones de dólares, equivalentes a la construcción de tres hospitales de alta complejidad como el de Rahue en Osorno. Asimismo, indicó que existen 100.000 personas adicionales que, aunque no salieron del país, también utilizaron licencias fraudulentas, sumando pérdidas que alcanzan el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Durante la entrevista, el diputado Lilayú también abordó la desinformación sobre las vacunas, refutando la creencia de que estas causan enfermedades o secuelas. Enfatizó que "las vacunas sirven y salvan vidas", poniendo como ejemplo la erradicación de enfermedades como la viruela y la poliomielitis gracias a la vacunación masiva. Hizo un llamado al Ejecutivo a fortalecer la labor educativa y comunicacional para contrarrestar el movimiento antivacunas y asegurar que la población acceda a información veraz.
Finalmente, el diputado Daniel Lilayú, al cierre de la conversación, se comprometió a fiscalizar la situación de una máquina de test de esfuerzo en el Hospital Base de Osorno que lleva 5 meses inoperativa, generando una extensa lista de espera para atenciones cardiológicas. Mencionó un caso reciente donde, tras su intervención, se consiguieron 400 millones de pesos del Gobierno Regional para adquirir equipos que permitieran resolver la falta de atención de otorrinos en la zona, evitando así la renuncia de dos especialistas. Este compromiso refuerza su postura de que los parlamentarios deben no solo fiscalizar, sino también presionar para mejorar la gestión y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente en beneficio de la ciudadanía.
Fuente información: Rocío Gambra
