Destituido Fiscal por presuntos vínculos con el narcotráfico
Fiscal Jorge Mena fue removido de su cargo tras sumario administrativo que lo vincula a favorecimiento de narcotraficantes; en paralelo, el caso del agresor de conserje, Martín de los Santos, genera debate por su no detención tras revocación de medidas cautelares y su conexión telemática desde Chillán.
La remoción del Fiscal Regional de O'Higgins, Jorge Mena, a raíz de un sumario administrativo que lo vincula a presuntos favores a narcotraficantes, ha vuelto a poner en el centro del debate público la probidad en las instituciones de justicia chilenas. Este caso, sumado a la controversia generada por la no detención de Martín de los Santos —acusado de agredir a un conserje— tras la revocación de sus medidas cautelares y su comparecencia telemática, subraya la importancia de las garantías procesales y el escrutinio público sobre el sistema judicial.
La destitución del fiscal Mena, ocurrida tras un proceso administrativo de larga tramitación, ha sido confirmada por el Ministerio Público. Si bien la información pública sugiere una vinculación con temas de drogas, trascendidos indican que no se trataría de tráfico directo, sino de la concesión de "favores" a narcotraficantes, como aplazamientos de audiencias o revelación de información sobre investigaciones. Esta situación ha generado preocupación, especialmente considerando los antecedentes de corrupción en la región de O'Higgins, que incluyen investigaciones a jueces y ministros de cortes de apelaciones por clientelismo e influencia en nombramientos.
En paralelo, el caso de Martín de los Santos, quien agredió a un conserje provocándole graves lesiones –incluida la pérdida de parte de la visión y el olfato–, ha generado indignación pública. Inicialmente, De los Santos quedó con medidas cautelares de menor intensidad, como firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, la Fiscalía, al recopilar nuevos antecedentes sobre la gravedad de las lesiones, solicitó una audiencia para elevar la medida cautelar a prisión preventiva, con el fin de resguardar el éxito de la investigación y proteger a la víctima.
La defensa de De los Santos solicitó que este acudiera a la audiencia por videoconferencia, argumentando temor por su vida. El tribunal accedió a esta petición, basándose en la práctica habitual de permitir la comparecencia telemática cuando el imputado fija domicilio a una distancia considerable del juzgado, como fue el caso de De los Santos, quien había fijado domicilio en Chillán.
Tras la audiencia, se dictó la prisión preventiva, pero al intentar ejecutar la orden de detención en Chillán, De los Santos no fue hallado. Esta situación ha levantado cuestionamientos sobre por qué no se decretó arraigo nacional para el imputado desde un inicio, una medida cautelar de baja intensidad que prohíbe la salida del país y que suele ser concedida de forma casi automática en casos de investigación judicial. La ausencia de esta medida en el caso de De los Santos es un punto de debate, ya que, si bien la Fiscalía pudo haberla solicitado y el juez no haberla concedido, o haberla solicitado y perdido la apelación, esta omisión ha facilitado su posible fuga.
Ambos casos han reavivado la discusión sobre la presunción de inocencia y el delicado equilibrio entre la persecución del delito y la garantía de los derechos individuales. El abogado Juan Carlos Claret, experto en temas judiciales, ha enfatizado que la presunción de inocencia es un "mínimo civilizatorio" y un "límite al poder" del Estado. Explicó que, incluso si un imputado reconoce su culpabilidad, esta declaración por sí sola no es suficiente para una condena, ya que la Fiscalía tiene la carga de probar los hechos. Esta garantía busca evitar que las confesiones sean obtenidas bajo coacción, tortura o extorsión, como ha ocurrido históricamente.
En el contexto de las medidas cautelares, Claret detalló que estas son "medidas accesorias" que buscan asegurar el éxito de la investigación. La prisión preventiva, al ser la medida cautelar de mayor intensidad, solo se decreta cuando existen antecedentes calificados que la justifiquen. Es posible que en la primera audiencia de Martín de los Santos, la Fiscalía no contara con todos los informes, como los del Servicio Médico Legal, que confirmaran la gravedad de las lesiones, lo que habría impedido solicitar una medida tan gravosa en ese momento.
La situación del fiscal Arias abre la puerta a posibles responsabilidades penales adicionales, ya que la responsabilidad administrativa no excluye la civil o la penal. Se espera que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregue mayor claridad sobre los hechos que llevaron a la destitución, dada la relevancia del cargo de Fiscal Regional.
En cuanto al caso de Martín de los Santos, la emisión de una orden de captura internacional o la solicitud de extradición por parte de la Fiscalía son los pasos a seguir para lograr su detención y asegurar que el proceso judicial continúe. Ejemplos recientes como el caso de Karen Rojo, extraditada desde Países Bajos, demuestran la viabilidad de estos mecanismos. Sin embargo, la efectividad de las extradiciones puede variar según los tratados internacionales existentes entre los países, como lo evidenció el caso de Alberto Chang en Malta.
Estos casos subrayan la necesidad de una constante revisión y fortalecimiento de los mecanismos de control interno y externo en el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como una comunicación transparente con la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones. La sociedad espera que se aplique el peso de la ley, pero siempre respetando las garantías fundamentales que sustentan un Estado de Derecho.
Fuente información: J.C. Claret
La remoción del Fiscal Regional de O'Higgins, Jorge Mena, a raíz de un sumario administrativo que lo vincula a presuntos favores a narcotraficantes, ha vuelto a poner en el centro del debate público la probidad en las instituciones de justicia chilenas. Este caso, sumado a la controversia generada por la no detención de Martín de los Santos —acusado de agredir a un conserje— tras la revocación de sus medidas cautelares y su comparecencia telemática, subraya la importancia de las garantías procesales y el escrutinio público sobre el sistema judicial.
La destitución del fiscal Mena, ocurrida tras un proceso administrativo de larga tramitación, ha sido confirmada por el Ministerio Público. Si bien la información pública sugiere una vinculación con temas de drogas, trascendidos indican que no se trataría de tráfico directo, sino de la concesión de "favores" a narcotraficantes, como aplazamientos de audiencias o revelación de información sobre investigaciones. Esta situación ha generado preocupación, especialmente considerando los antecedentes de corrupción en la región de O'Higgins, que incluyen investigaciones a jueces y ministros de cortes de apelaciones por clientelismo e influencia en nombramientos.
El caso De los Santos: Un debate sobre las medidas cautelares y el arraigo nacional
En paralelo, el caso de Martín de los Santos, quien agredió a un conserje provocándole graves lesiones –incluida la pérdida de parte de la visión y el olfato–, ha generado indignación pública. Inicialmente, De los Santos quedó con medidas cautelares de menor intensidad, como firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, la Fiscalía, al recopilar nuevos antecedentes sobre la gravedad de las lesiones, solicitó una audiencia para elevar la medida cautelar a prisión preventiva, con el fin de resguardar el éxito de la investigación y proteger a la víctima.
La defensa de De los Santos solicitó que este acudiera a la audiencia por videoconferencia, argumentando temor por su vida. El tribunal accedió a esta petición, basándose en la práctica habitual de permitir la comparecencia telemática cuando el imputado fija domicilio a una distancia considerable del juzgado, como fue el caso de De los Santos, quien había fijado domicilio en Chillán.
Tras la audiencia, se dictó la prisión preventiva, pero al intentar ejecutar la orden de detención en Chillán, De los Santos no fue hallado. Esta situación ha levantado cuestionamientos sobre por qué no se decretó arraigo nacional para el imputado desde un inicio, una medida cautelar de baja intensidad que prohíbe la salida del país y que suele ser concedida de forma casi automática en casos de investigación judicial. La ausencia de esta medida en el caso de De los Santos es un punto de debate, ya que, si bien la Fiscalía pudo haberla solicitado y el juez no haberla concedido, o haberla solicitado y perdido la apelación, esta omisión ha facilitado su posible fuga.
El rol de la presunción de inocencia y el límite del poder estatal
Ambos casos han reavivado la discusión sobre la presunción de inocencia y el delicado equilibrio entre la persecución del delito y la garantía de los derechos individuales. El abogado Juan Carlos Claret, experto en temas judiciales, ha enfatizado que la presunción de inocencia es un "mínimo civilizatorio" y un "límite al poder" del Estado. Explicó que, incluso si un imputado reconoce su culpabilidad, esta declaración por sí sola no es suficiente para una condena, ya que la Fiscalía tiene la carga de probar los hechos. Esta garantía busca evitar que las confesiones sean obtenidas bajo coacción, tortura o extorsión, como ha ocurrido históricamente.
En el contexto de las medidas cautelares, Claret detalló que estas son "medidas accesorias" que buscan asegurar el éxito de la investigación. La prisión preventiva, al ser la medida cautelar de mayor intensidad, solo se decreta cuando existen antecedentes calificados que la justifiquen. Es posible que en la primera audiencia de Martín de los Santos, la Fiscalía no contara con todos los informes, como los del Servicio Médico Legal, que confirmaran la gravedad de las lesiones, lo que habría impedido solicitar una medida tan gravosa en ese momento.
Proyecciones y desafíos para el sistema judicial
La situación del fiscal Arias abre la puerta a posibles responsabilidades penales adicionales, ya que la responsabilidad administrativa no excluye la civil o la penal. Se espera que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregue mayor claridad sobre los hechos que llevaron a la destitución, dada la relevancia del cargo de Fiscal Regional.
En cuanto al caso de Martín de los Santos, la emisión de una orden de captura internacional o la solicitud de extradición por parte de la Fiscalía son los pasos a seguir para lograr su detención y asegurar que el proceso judicial continúe. Ejemplos recientes como el caso de Karen Rojo, extraditada desde Países Bajos, demuestran la viabilidad de estos mecanismos. Sin embargo, la efectividad de las extradiciones puede variar según los tratados internacionales existentes entre los países, como lo evidenció el caso de Alberto Chang en Malta.
Estos casos subrayan la necesidad de una constante revisión y fortalecimiento de los mecanismos de control interno y externo en el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como una comunicación transparente con la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones. La sociedad espera que se aplique el peso de la ley, pero siempre respetando las garantías fundamentales que sustentan un Estado de Derecho.
Fuente información: J.C. Claret
