Policía Local, Juzgados abandonados
Por Juan Carlos S. Claret Pool, Presidente Colegio de Abogados Osorno.
Para resolver los problemas, están los tribunales de justicia. Y, para atender los que ocurren entre ciudadanos y la ciudad existen los Juzgados de Policía Local. Aunque “Policía” nos recuerda a las fuerzas de orden y seguridad, estos juzgados llevan ese nombre porque intervienen en “la Polis”. Por eso, estos tribunales conocen un sinfín de asuntos: infracciones de tránsito, tenencia de mascotas, ordenanzas municipales, ley de urbanismo, rentas municipales, consumidor, seguridad privada, votaciones populares, etcétera.
Quienes se desempeñan aquí, deben manejar múltiples leyes. Asimismo, por la vastedad de materias, son muchos los usuarios que deben acudir físicamente a sus dependencias. Y en esto quiero detenerme, sobre todo por lo que ocurre en los dos Juzgados de Policía Local de Osorno de Avenida Mackenna con Freire.
Soy testigo del trabajo que realizan los funcionarios que allí se desempeñan y también de la precariedad con la que deben lidiar. He visto la escasez de papel, el tiempo que pierden tratando de imprimir en máquinas defectuosas y cómo el hacinamiento mezcla estrés, audiencias interrumpidas y la irritación de los usuarios. Esto último se ve agravado porque no existen asientos ni salas suficientes; y de ascensores o baños, ni hablar.
Lo primero, abundan leyes que sobrecargan estos juzgados. Por ejemplo, para multar a quienes no votan, sólo en Osorno se inician más de 20 mil causas tras cada elección, debiendo notificar y realizar audiencias. Esto ralentiza el sistema al punto que una sentencia puede demorar entre 4-6 meses en dictarse, lo que sin duda es improcedente.
Lo segundo, un procedimiento arcaico. En estos juzgados aún se tramita “a la antigua”, siendo todo por escrito. Cambiarlo precisa una actualización legislativa.
Lo tercero, son los recursos. Lo que sucede, es que estos juzgados no dependen del Poder Judicial sino de las Municipalidades. Así, para la Corte de Apelaciones no son una prioridad, y la casa edilicia les asigna fondos si otras prioridades lo permiten, pese a que las multas que cursa son en beneficio de sus arcas. Desde 2017 la Municipalidad de Osorno viene anunciando un nuevo edificio, pero siempre se posterga.
No cabe duda que un gobierno municipal debe enfrentar coyunturas que limitan el presupuesto, pero que esto no sea pretexto para normalizar la precariedad que atenta contra trabajadores y usuarios de la justicia. Como gremio, estamos atentos y queremos colaborar.
Fuente información: Juan Carlos S. Claret Pool
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Para resolver los problemas, están los tribunales de justicia. Y, para atender los que ocurren entre ciudadanos y la ciudad existen los Juzgados de Policía Local. Aunque “Policía” nos recuerda a las fuerzas de orden y seguridad, estos juzgados llevan ese nombre porque intervienen en “la Polis”. Por eso, estos tribunales conocen un sinfín de asuntos: infracciones de tránsito, tenencia de mascotas, ordenanzas municipales, ley de urbanismo, rentas municipales, consumidor, seguridad privada, votaciones populares, etcétera.
Quienes se desempeñan aquí, deben manejar múltiples leyes. Asimismo, por la vastedad de materias, son muchos los usuarios que deben acudir físicamente a sus dependencias. Y en esto quiero detenerme, sobre todo por lo que ocurre en los dos Juzgados de Policía Local de Osorno de Avenida Mackenna con Freire.
Soy testigo del trabajo que realizan los funcionarios que allí se desempeñan y también de la precariedad con la que deben lidiar. He visto la escasez de papel, el tiempo que pierden tratando de imprimir en máquinas defectuosas y cómo el hacinamiento mezcla estrés, audiencias interrumpidas y la irritación de los usuarios. Esto último se ve agravado porque no existen asientos ni salas suficientes; y de ascensores o baños, ni hablar.
Para explicar lo anterior, confluyen múltiples factores
Lo primero, abundan leyes que sobrecargan estos juzgados. Por ejemplo, para multar a quienes no votan, sólo en Osorno se inician más de 20 mil causas tras cada elección, debiendo notificar y realizar audiencias. Esto ralentiza el sistema al punto que una sentencia puede demorar entre 4-6 meses en dictarse, lo que sin duda es improcedente.
Lo segundo, un procedimiento arcaico. En estos juzgados aún se tramita “a la antigua”, siendo todo por escrito. Cambiarlo precisa una actualización legislativa.
Lo tercero, son los recursos. Lo que sucede, es que estos juzgados no dependen del Poder Judicial sino de las Municipalidades. Así, para la Corte de Apelaciones no son una prioridad, y la casa edilicia les asigna fondos si otras prioridades lo permiten, pese a que las multas que cursa son en beneficio de sus arcas. Desde 2017 la Municipalidad de Osorno viene anunciando un nuevo edificio, pero siempre se posterga.
No cabe duda que un gobierno municipal debe enfrentar coyunturas que limitan el presupuesto, pero que esto no sea pretexto para normalizar la precariedad que atenta contra trabajadores y usuarios de la justicia. Como gremio, estamos atentos y queremos colaborar.
Fuente información: Juan Carlos S. Claret Pool
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