Caso torturas en Hospital de Osorno: INDH evalúa apelar resolución del tribunal
Este viernes se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Juzgado de Garantía de Osorno por el caso de torturas en el Hospital Base San José. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en la causa, se opuso a la solicitud de la Fiscalía y la defensa para modificar las cautelares de los imputados. Tras la audiencia, el organismo anunció que evalúa apelar la resolución del tribuna.
El Juzgado de Garantía de Osorno fue escenario, este viernes, de una audiencia clave para la revisión de medidas cautelares en el emblemático caso de torturas ocurrido en el Hospital Base San José. En la instancia, tanto la Fiscalía como los abogados defensores solicitaron la modificación de las cautelares que pesan sobre los imputados, dos de los cuales se encontraban en prisión preventiva.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que actúa como querellante en representación de la víctima, se opuso firmemente a dicha petición.
Milena Sánchez Caro, abogada regional del INDH, explicó la postura del organismo a la salida de tribunales. "Efectivamente nosotros, con los antecedentes que se expusieron en la primera audiencia, creemos que no ha variado en definitiva la necesidad de cautela en este caso respecto a los imputados", señaló.
La abogada cuestionó la validez de las pruebas presentadas para justificar el cambio de las medidas. "A nosotros nos parece que los antecedentes que se propusieron como nuevos antecedentes, más bien ratifican la situación que nosotros ya habíamos analizado en primer lugar y que motivó la acción del instituto", afirmó Sánchez. Por ello, concluyó que, a juicio del INDH, "no se daban los presupuestos para el cambio de medida".
Tras la audiencia, el INDH se encuentra analizando el dictamen del juzgado. "Nosotros en realidad estamos evaluando la resolución del tribunal del día de hoy, a partir de eso vamos a definir si es que impugnamos dicha resolución", indicó la abogada. Añadió que mantienen contacto con la familia de la víctima y que deben revisar el alcance de la decisión judicial para "cautelar la seguridad de la víctima y sus familiares".
Sánchez también se refirió a la situación de la víctima, un exfuncionario del área de informática del hospital, quien confirmó declarará en las proximas semanas. Respecto al contenido de su testimonio, la abogada aseguró que la víctima "mantiene (...) los mismos cuatro imputados" en la dinámica de los hechos, aunque "los aborda de distinta manera porque por supuesto las participaciones no son iguales", pero "sí ratifica los hechos que ya se vienen investigando".
Debido a que la víctima se encuentra "en el extranjero", su declaración se realizará "probablemente" de "alguna manera telemática", diligencia gestionada por el Ministerio Público y que "se consignó en un acta".
El caso cobró notoriedad nacional en septiembre de 2025, tras la viralización de evidencia audiovisual. Los hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando el exfuncionario fue sometido a vejámenes reiterados por cuatro de sus colegas. La revelación pública resultó en la destitución de los implicados y el inicio de este proceso judicial.
Fuente información: Alvaro Torres R.
El Juzgado de Garantía de Osorno fue escenario, este viernes, de una audiencia clave para la revisión de medidas cautelares en el emblemático caso de torturas ocurrido en el Hospital Base San José. En la instancia, tanto la Fiscalía como los abogados defensores solicitaron la modificación de las cautelares que pesan sobre los imputados, dos de los cuales se encontraban en prisión preventiva.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que actúa como querellante en representación de la víctima, se opuso firmemente a dicha petición.
Milena Sánchez Caro, abogada regional del INDH, explicó la postura del organismo a la salida de tribunales. "Efectivamente nosotros, con los antecedentes que se expusieron en la primera audiencia, creemos que no ha variado en definitiva la necesidad de cautela en este caso respecto a los imputados", señaló.
La abogada cuestionó la validez de las pruebas presentadas para justificar el cambio de las medidas. "A nosotros nos parece que los antecedentes que se propusieron como nuevos antecedentes, más bien ratifican la situación que nosotros ya habíamos analizado en primer lugar y que motivó la acción del instituto", afirmó Sánchez. Por ello, concluyó que, a juicio del INDH, "no se daban los presupuestos para el cambio de medida".
Tras la audiencia, el INDH se encuentra analizando el dictamen del juzgado. "Nosotros en realidad estamos evaluando la resolución del tribunal del día de hoy, a partir de eso vamos a definir si es que impugnamos dicha resolución", indicó la abogada. Añadió que mantienen contacto con la familia de la víctima y que deben revisar el alcance de la decisión judicial para "cautelar la seguridad de la víctima y sus familiares".
Sánchez también se refirió a la situación de la víctima, un exfuncionario del área de informática del hospital, quien confirmó declarará en las proximas semanas. Respecto al contenido de su testimonio, la abogada aseguró que la víctima "mantiene (...) los mismos cuatro imputados" en la dinámica de los hechos, aunque "los aborda de distinta manera porque por supuesto las participaciones no son iguales", pero "sí ratifica los hechos que ya se vienen investigando".
Debido a que la víctima se encuentra "en el extranjero", su declaración se realizará "probablemente" de "alguna manera telemática", diligencia gestionada por el Ministerio Público y que "se consignó en un acta".
El caso cobró notoriedad nacional en septiembre de 2025, tras la viralización de evidencia audiovisual. Los hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando el exfuncionario fue sometido a vejámenes reiterados por cuatro de sus colegas. La revelación pública resultó en la destitución de los implicados y el inicio de este proceso judicial.
Fuente información: Alvaro Torres R.
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