Ejecutivo ingresa reforma que traspasa Gendarmería a Seguridad y prohíbe gremios
El Ejecutivo formalizó el ingreso de la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa, reactiva al caso de corrupción "Operación Apocalipsis", busca homologar la institución a Carabineros, eliminando el derecho a sindicación y estableciendo un régimen no deliberante, lo que ya ha desatado "alerta máxima" en los gremios.
La tarde de este lunes 5 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia penitenciaria del país. Los ministros Luis Cordero (Seguridad Pública) y Jaime Gajardo (Justicia) concretaron el ingreso a la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile, consagrándola como parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo la dependencia directa del Ministerio de Seguridad.
La medida, calificada como "urgente" por el titular de Justicia, surge como una respuesta directa a la crisis de probidad destapada en diciembre pasado con la denominada "Operación Apocalipsis", donde 44 funcionarios fueron imputados por participar en una red de tráfico de influencias que movió cerca de $6.300 millones al interior de los penales Santiago 1 y San Joaquín. El objetivo del Gobierno es claro: imponer una "disciplina militar" en la custodia de los recintos penales.
El corazón del proyecto reside en la modificación del artículo 101 de la Constitución. El articulado establece explícitamente el carácter no deliberante de Gendarmería y la prohibición absoluta de constituir asociaciones gremiales, homologando su estatus al de Carabineros y la PDI. Esto implica, en la práctica, la disolución de organizaciones históricas como la ANFUP.
La reacción no se hizo esperar. Tras el anuncio, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) se declaró en estado de "alerta máxima". Durante la mañana de este martes 6 de enero, ya se han reportado retrasos en los cambios de guardia en tres penales de la Región Metropolitana y Biobío, lo que ha sido interpretado como una "operación reglamento" en rechazo a la iniciativa.
Mientras el Ministerio de Seguridad tomaría el control operativo y "duro" de la institución, la cartera de Justicia mantendría la tutela sobre la reinserción social a través de un nuevo servicio civil, dividiendo así las aguas entre la seguridad perimetral e interna y el tratamiento de los reclusos.
Fuente información: El Mostrador / La Tercera
La tarde de este lunes 5 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia penitenciaria del país. Los ministros Luis Cordero (Seguridad Pública) y Jaime Gajardo (Justicia) concretaron el ingreso a la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile, consagrándola como parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo la dependencia directa del Ministerio de Seguridad.
La medida, calificada como "urgente" por el titular de Justicia, surge como una respuesta directa a la crisis de probidad destapada en diciembre pasado con la denominada "Operación Apocalipsis", donde 44 funcionarios fueron imputados por participar en una red de tráfico de influencias que movió cerca de $6.300 millones al interior de los penales Santiago 1 y San Joaquín. El objetivo del Gobierno es claro: imponer una "disciplina militar" en la custodia de los recintos penales.
El corazón del proyecto reside en la modificación del artículo 101 de la Constitución. El articulado establece explícitamente el carácter no deliberante de Gendarmería y la prohibición absoluta de constituir asociaciones gremiales, homologando su estatus al de Carabineros y la PDI. Esto implica, en la práctica, la disolución de organizaciones históricas como la ANFUP.
La reacción no se hizo esperar. Tras el anuncio, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) se declaró en estado de "alerta máxima". Durante la mañana de este martes 6 de enero, ya se han reportado retrasos en los cambios de guardia en tres penales de la Región Metropolitana y Biobío, lo que ha sido interpretado como una "operación reglamento" en rechazo a la iniciativa.
Mientras el Ministerio de Seguridad tomaría el control operativo y "duro" de la institución, la cartera de Justicia mantendría la tutela sobre la reinserción social a través de un nuevo servicio civil, dividiendo así las aguas entre la seguridad perimetral e interna y el tratamiento de los reclusos.
Fuente información: El Mostrador / La Tercera
